A partir de una veintena de reclamos presentados por automovilistas, la Justicia provincial procesó a tres funcionarios de la localidad santafesina más denunciada por abusos en el uso de radares para controlar la velocidad en las rutas: Pujato. Su actual presidente comunal, Mario Gatti, su antecesor Héctor Emiliozzi y la jueza de Faltas, Miriam González fueron procesados por la jueza casildense Silvia Nogueras por "exacciones ilegales". La magistrada tomó tal decisión tras comprobar que la comuna utilizaba los cinemómetros pese a no estar autorizada por la Subsecretaría de Transporte de la provincia e incluso a sabiendas de ello.

Para el abogado patrocinante de gran parte de los denunciantes, Pablo Sapir se trata de "un fallo muy importante, un paso más para terminar con las irregularidades que hay en muchas localidades de la provincia en la utilización de los radares" para controlar la velocidad en las rutas. al respecto, además de Pujato, el letrado mencionó como casos emblemáticos la comuna de Sanford y la municipalidad de Firmat.

La utilización de radares en todo el territorio provincial está regulado por la Ley Nº 12.217 que fue sancionada por la Legislatura provincial el 20 de noviembre del 2003. El 21 de enero del año pasado el gobernador Jorge Obeid firmó el decreto reglamentario. Allí se estipula claramente el procedimiento que deben seguir los municipios y comunas interesados en utilizar los radares para controlar excesos de velocidad. El requisito más importante: tener homologados los aparatos y suscribir convenios con la Subsecretaría de Transporte de Santa Fe.

En la resolución judicial, la magistrada asevera: "Resulta contundente la informarción del ente en cuanto a que la Comuna de Pujato no se encontraba habilitada para ejercer el control vehicular mediante la utilización de radares a la fecha de la supuesta infracción". Ello, teniendo en cuenta que el 20 de septiembre del 2003 Transporte provincial le había ordenando ala Comuna de Pujato mediante carta documento que suspenda controles de tránsito por haberse detectado irregularidades, corroboradas por especialistas técnicos del Ceride.

En declaraciones radiales el presidente comunal de Pujato admitió haber incumplido la ley al no tener autorización para usar los radares y pese a ello emitir multas. "Estamos en la Argentina, no en Francia (sic). No podemos esperar (los plazos legales y burocráticos). Yo tengo que hacer algo para que no me maten a los habitantes de mi comuna", dijo Gatti.

Según Sapir "también se comprobaron anomalías en la notificación de la multa que se hizo en varios casos mediante una simple carta no certificada, con una mensajería no autorizada por la propia Comisión Nacional de Comunicaciones, sin que además se pueda ejercer debidamente el derecho a la legítima defensa del presunto infractor".

Si bien la jueza Nogueras procesó a los tres funcionarios denunciados, el fallo no implica "que otros automovilistas que recibieron multas no deben pagarlas. Cada particular debe hacer un reclamo adminsitrativo y llegado el caso judicial si entiende que esa multa es ilegal", aclaró Sapir.