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La Cámara Penal de Rosario ordenó al Ministerio de Seguridad provincial que arbitre los medios necesarios tendientes a que en las elecciones futuras puedan votar los presos santafesinos que están procesados, y que no pudieron hacerlo en los comicios anteriores. La resolución de la jueza Carina Lurati fue en respuesta a un hábeas corpus colectivo presentado por el defensor público provincial Gabriel Ganón, ya que "el Tribunal Electoral confeccionó un Registro de Electores Privados de Libertad que solo contenía a 463 personas procesadas en los centros de detención", cuando --tras una inspección-- se advirtió que "el total de procesados en condiciones de votar asciende a 2075". Para la Defensoría "es una cifra abultada en comparación con la informada por la autoridad electoral provincial". En el mismo fallo, la magistrada rechazó el pedido de que se le permita votar a las personas condenadas, ya que es el Poder Legislativo el que tiene la facultad de modificar la normativa. Sin embargo, en la ciudad de Santa Fe, un juez declaró inconstitucional la prohibición de votar de los sentenciados y habrá que ver cómo se resuelve esa diferencia.

La presentación data de principios de junio, cuando el juez de primera instancia Héctor Núñez Cartelle rechazó el planteo de Ganón de manera in limine. Pero tras la apelación de la Defensoría, la decisión quedó en manos de la camarista Lurati, que la semana pasada escuchó a las partes en audiencia oral. En aquella oportunidad, la fiscalía no planteó objeciones, y Ganón fue duro contra Núñez Cartelle: pidió que se le llame la atención porque "actuó con desconocimiento supino del derecho"; lo que ayer fue rechazado por la jueza.

La denuncia de Ganón daba cuenta de que las personas sin condena firme, y con derecho a votar, "fueron excluidas del padrón electoral provincial" en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y en las generales provinciales, cuando "solo votaron 80 detenidos, de 6 mil que hay en los penales de Santa Fe". La solicitud reclamaba que el mismo derecho se aplicara a los presos condenados; pero la magistrada dijo en el fallo que no posee esa facultad.

La finalidad de la presentación de Ganón era "incorporar a todos los detenidos a los padrones de futuras elecciones, a modo de garantizar el derecho a votar".

Según una recorrida que hizo el Servicio Público de la Defensa Penal por los centros de detención de la provincia, son alrededor de 6 mil los presos santafesinos. De estos, más de 2 mil (los procesados) están en condiciones de sufragar, pero el padrón solo incluía a 460, de los cuales 80 votaron en el último llamado a las urnas. Además, reclamaba que también los condenados (que no tienen el derecho) puedan hacerlo.

La jueza Lurati resolvió ayer "teniendo en cuenta la proximidad de nuevos actos eleccionarios (del 9 de agosto), debe resolverse favorablemente al pedido a fin de garantizar el derecho al voto asignado por ley a las personas privadas de la libertad sin condena firme para los actos futuros". En tanto, planteó que "a fin de que la Secretaría Electoral Nacional garantice el derecho al voto, corresponde ordenar al Ministerio de Seguridad provincial actualizar el listado de las personas en prisión transitoria (no condenadas) alojadas en unidades de detención e informarlo". Además, apuntó a que la cartera deberá "implementar lugares de votación permitiendo el ejercicio inclusivo del derecho para las elecciones a realizarse en el futuro".