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Desde Santa Fe

El caso de Ana María Acevedo es emblemático. Tenía 19 años y tres hijos cuando los médicos del hospital Iturraspe (foto) se negaron a garantizarle su derecho a la interrupción legal de su cuarto embarazo porque le habían diagnosticado un cáncer en la mandíbula. Ella y su bebé murieron en mayo de 2007. Seis de esos médicos hoy están imputados y deberán afrontar un juicio por aquella injusticia, entre ellos el ex director del nosocomio. Ocho años después, la comunidad del hospital y la Multisectorial de Mujeres pidieron ayer el desplazamiento del jefe de Ginecología, Samuel Seiref y la intervención del servicio porque él y todos sus médicos se declararon "objetores de conciencia" para no atender a mujeres con derecho a interrumpir la gestación cuando está en riesgo su vida, su salud o fueron violadas. "Estamos ante un hecho muy grave porque se impide el acceso de las mujeres a su derecho a la salud sexual y reproductiva que garantiza la Constitución nacional", denunció Mariano Figueroa, representante de la comunidad en el Consejo de Administración.

"No queremos que haya otra Ana María Acevedo. Ni una más", dijo Figueroa. Y le pidió al ministro de Salud de la provincia, Mario Drisun, que intervenga para remover de su cargo a Seiref y garantizar el "derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres" en el hospital Iturraspe.

La decisión de los médicos del Servicio de Ginecología de declararse "objetores de conciencia" se produjo después de una denuncia penal de la ONG Ojo Ciudadano de Rosario por un supuesto "aborto ilegal". El operativo había comenzado antes con una cruzada mediática del médico Raúl Dalla Fontana, presidente de la Agrupación Santafesina Ramón Carrillo.

Figueroa dijo que los profesionales tenían "un tiempo para declararse objetores de conciencia", pero lo hicieron de "golpe", cuando "el plazo ya había vencido" y trascendió en público "la denuncia de esa ONG de Rosario". "Lo hicieron, con su jefe a la cabeza". "¿Qué significa esto?", se preguntó Figueroa. "¿Qué una corporación impide el acceso de las mujeres a su derecho a la salud sexual y reproductiva?". "No sólo vamos a plantear este reclamo ante el ministro Drisun, sino también ante el ministro de Salud de la Nación, Daniel Gollán", agregó.

Hace un mes, la cartera nacional actualizó la guía de atención de abortos no punibles, según el fallo de la Corte Suprema de la Nación. El "Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal de embarazo" fue publicado en la página web del Ministerio de Salud de la Nación.

En la rueda de periodistas, Figueroa recordó el caso Acevedo: "Este es el hospital donde murió Ana María, entonces si hay otra Ana María, tampoco nadie está dispuesto a intervenir para salvar la vida de una madre. No queremos otra Ana María. Por lo tanto, es imprescindible un Servicio de Ginecología que garantice el derecho de las mujeres a su salud sexual".

Acerca de la cruzada pública de Dalla Fontana sobre un supuesto "aborto ilegal" en el hospital Iturraspe que Ojo Ciudadano llevó a la justicia, Figueroa contestó: "Hay un fiscal que está actuando, y pusimos todo a su disposición. Y si hay algún cuestionamiento que sea la justicia la que resuelva. Pero el Ministerio de Salud tiene que garantizar" el derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo en las causas contempladas en el fallo F.A.L. "La Corte Suprema ha dicho que el sistema actúe. No es como antes, no hay que pedir autorización a nadie. Es la mujer, la que tiene derecho a decidir sobre su cuerpo. Si la justicia quiere investigar si actuamos correctamente, que investigue todo lo que quiera, pero ya el paso fue dado. Es otra lógica", añadió. Seiref dijo que no piensa renunciar.