Desde Santa Fe

Un represor de la dictadura preso en la cárcel de Las Flores por cuatro homicidios quiere aprovechar el tiempo de Mauricio Macri y recibir Año Nuevo en la casa. El fiscal federal Walter Rodríguez rechazó ayer el pedido de excarcelación del sargento del Ejército Jorge Alberto Balla y le pidió al juez Reinaldo Rodríguez que desestime la solicitud por "la gravedad de los hechos" que se le imputan al militar, su "peligrosidad procesal" y su vínculo con un prófugo en la causa: el coronel Ramón Abel Recio, quien integró el Batallón de Inteligencia 601 y hoy tiene orden de captura nacional e internacional y es buscado por INTERPOL. Uno de los testigos que declaró en la investigación dijo que Recio era "un verdugo bárbaro".

Balla es uno de los ocho detenidos por la masacre de Ituzaingó y Las Heras, donde cayeron cuatro militantes montoneros y dos de ellos, Jorge Piotti y su compañera Ileana Esther Gómez, fueron ejecutados en la calle cuando intentaron entregarse con las manos en alto para salvar a sus hijos: Mariano de un año y Jorge de un mes, que sobrevivieron. El hecho ocurrió el 19 de enero de 1977. Los otros eran el jefe de la columna, Osvaldo Pascual Ziccardi, Carlos Mario Frigerio y una vecina del departamento de al lado, Elina Carlen.

La investigación está desdoblada. La acusación a los "autores mediatos" ya llegó a juicio ante el Tribunal Oral de Santa Fe como parte de la megacausa, un proceso histórico al terrorismo de estado que ﷓en estos meses﷓ reveló testimonios desgarradores y seguirá en febrero porque faltan declarar nuevos testigos y una inspección judicial del edificio, que será la primera en 39 años.

En la segunda causa, el fiscal Rodríguez imputó a los "autores materiales" de la masacre: tres efectivos del Ejército y ocho de la Policía de Santa Fe. Los militares son Balla, el cabo Luis Alfredo Gómez, que era afiliado a la Coalición Cívíca﷓ARI, el partido de Elisa Carrió aliado a Macri, hasta que le suspendieron la ficha. Y el coronel Recio, prófugo desde hace tres meses, y según otro testigo, quien dio la orden de ejecutar a uno de los militantes que salió con los brazos en alto.

El 28 de octubre, el juez Rodríguez procesó a Balla y al cabo Gómez como "partícipes necesarios" del "homicidio doblemente calificado" por "alevosía" y "premeditación" de los cuatro montoneros: Piotti, la compañera de éste, Ziccardi y Frigerio. Y atribuyó los mismos cargos a los ocho policías del Comando Radioeléctrico: a siete de ellos (Rodolfo Antonio Reible, Carlos Héctor Albornoz, José Rufino Martellini, Ricardo Amancio Brunel, Mario Daniel Aquino y Rolando Martínez) los consideró "coautores" y al último, Abel Antonio Romero, "partícipe secundario". Reible operaba en la Brigada de Explosivos que dependía del Comando Radioeléctrico y se lo señala como "subjefe" en los libros de guardia de 1977

Ahora, ante un pedido de la defensa, el fiscal Rodríguez rechazó la excarcelación de Balla por "la gravedad de los hechos" que se le imputan y la "expectativa de la pena", que si es condenado "no sería de ejecución condicional" sino efectiva.

A la luz de la "doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación", el fiscal valoró "el deber del Estado argentino de investigar exhaustivamente" y "sancionar" los delitos de lesa humanidad. Y recordó el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal (Sala 3) que en mayo de 2010 anuló la excarcelación que la Cámara Federal de Rosario había concedido al ex subjefe del Destacamento de Inteligencia 122 de Santa Fe, Jorge Roberto Diab. El argumento de Casación para ordenar la vuelta a prisión de Diab era que "no puede desconocerse la existencia de una estructura de poder a la que pudo tributar el encausado, a la hora de avaluar la capacidad de interferir en investigaciones de esta naturaleza".

Si bien la defensa de Balla sostuvo que éste tiene "domicilio" y "arraigo familiar" en Santa Fe, el fiscal dijo que eso "no alcanza" para revertir "la gravedad de los hechos" que se le atribuyen, la "modalidad" de los crímenes, los "medios empleados" para ejecutarlos y la "extensión del daño causado". "Lo cual me lleva a presumir que el imputado podría atentar contra el proceso" y "contribuir de alguna manera a mantener la impunidad, u optaría por evadir la acción de la justicia, para evitar la eventual condena".

"A tal efecto no puede perderse de vista que Ramón Abel Recio (sobre quien pesa orden de captura nacional e internacional), se vio alertado y favorecido por trascendidos públicos acerca de la existencia de la causa y los avances producidos en la investigación, pudiéndose valorar que ello constituye un elemento a ser considerado, pues incrementa la peligrosidad procesal en atención a que Balla podría contactarse" con el prófugo para "atentar contra el descubrimiento de la verdad y proceder en sintonía con él", dijo el fiscal Rodríguez.

Y citó otro fallo de la Corte. "Las intromisiones que ha sufrido la justicia federal... apuntalan la presunción de que las estructuras de poder que actuaron en la época de comisión de los hechos con total desprecio por la ley, integrando una red continental de represión ilegítima, todavía hoy mantienen una actividad remanente. Y la libertad del imputado, al que se le atribuyen hechos gravísimos que habría cometido en su calidad de agente con alta jerarquía en esas estructuras, facilita claramente la posibilidad de que recurra a ellas para eludir u obstaculizar la acción de la justicia", concluyó.