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Ayer se cumplieron dos años del doble crimen del sindicado narco Luis Medina y su novia Justina Pérez Castelli, pero todavía no hay imputados en la causa. En los últimos meses, el Ministerio Público Fiscal designó a la Fiscalía de Causas con Imputados No Individualizados (NN), a cargo de Marcelo Vienna, para que colabore en la investigación del hecho que consideran "emblemático y relevante". Fuentes judiciales indicaron que sigue habiendo varias hipótesis en torno al caso. Además, hay medidas en trámite tanto en la Justicia provincial como Federal. Tampoco se descarta una participación policial.

La madrugada del 29 de diciembre de 2013, el presunto narcotraficante fue ultimado a balazos mientras circulaba en su auto, con su pareja, sobre Circunvalación y Ayolas. Ambos se dirigían al hotel del casino, y fueron atacados a balazos desde otro vehículo.

Tras el hecho, personal policial secuestro varios elementos de la habitación donde se hospedaba la pareja, y una computadora Mac Ultrabook fue la vedette de aquel procedimiento.

Aquél día era el último turno de la jueza María Luisa Pérez Vara antes de jubilarse, pero nunca contestó los llamados ni tomó decisiones con respecto a la causa, por lo que la Cámara Penal asignó a otra magistrada. En tanto, se inició un proceso penal contra Pérez Vara, que podría tener sentencia el año que viene, ya que la exjueza permanece procesada por no cumplir con su función.

Esa noche, la computadora llegó a la oficina de pericias y hasta allí llegaron Javier Echaniz y Martín Degratti -ambos eran funcionarios de Tecnologías de la provincia- para ayudar en su desbloqueo.

La maniobra se realizó un día antes de que la jueza Alejandra Rodenas se hiciera cargo de la causa; pero, apenas tomó conocimiento del hecho, solicitó la devolución de la computadora a su despacho.

Sin embargo, los entonces diputados Eduardo Toniolli, Gerardo Rico y Mariana Robustelli denunciaron aquella situación, pero semanas atrás el fiscal Adrián Mac Cormack, que investigó las circunstancias de la apertura de la computadora portátil, ordenó archivar la causa, porque a su entender no hubo delito alguno en la conducta de los funcionarios que intervinieron.