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La firma de un juicio abreviado para Emanuel "Ema Pimpi" Sandoval, acusado de balear la casa del exgobernador Antonio Bonfatti, en 2013, ya tuvo sus primeras voces en contra. "La pena de Sandoval no puede ser negociada, la sociedad necesita saber qué pasó", dijo el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro. En tanto, el abogado Marcos Cella, dijo que si se homologa el acuerdo que firmó su cliente, podría quedar libre en febrero. Si bien el letrado confirmó el dato sobre la condena de tres años y medio de prisión que aceptó el imputado, aclaró en LT8 que éste "es inocente". Sucede que Sandoval lleva más de dos años detenido -el último año en prisión domiciliaria- y con esa pena podría recuperar la libertad en febrero próximo.

La firma del abreviado que publicó ayer este diario llegó luego de que en noviembre pasado, el abogado de Bonfatti, Héctor Superti, anunciara que la querella no iba a avanzar contra "Ema Pimpi" por no tener elementos suficientes en su contra, lo que debilitó la acusación de la fiscalía, que debía llegar a juicio sola. Así, el pasado 23 de diciembre, el fiscal Enrique Paz llegó a un acuerdo con el abogado Marcos Cella, sobre la pena del juicio abreviado que debe ser ratificado. Se lo acusa de los delitos de "daños, amenazas agravadas por anonimato y uso de arma de fuego, y abuso de armas", como autor material del ataque a balazos contra la casa de Darragueira y Gallo, en barrio Alberdi, donde el exgobernador se encontraba con su esposa y una empleada. La firma por parte del acusado significa una aceptación de la responsabilidad penal.

Frente a la novedad, ayer Pullaro criticó el acuerdo porque en casos de "conmoción social, la pena no puede ser negociada sino que la sociedad necesita saber qué sucedió a través de un juicio oral y público".

Y agregó: "No se niega el abreviado como instrumento válido para acelerar el sistema pena, pero está pensado que las causas de mayor impacto sean llevadas a un juicio oral y público".

La causa por el ataque a balazos estuvo el último año en manos de la jueza Alejandra Rodenas, quien procesó a "Ema Pimpi" por haber integrado el grupo de personas que, en dos motos y un auto efectuaron los disparos con armas calibre 9 y 11.25 milímetros.

La hipótesis de la fiscalía siempre estuvo relacionada con un intento de sacar al entonces jefe de la comisaría 10ª, Roland Cuñé, para poder avanzar con delitos vinculados al narcotráfico en la zona. En su momento, el gobernador dijo que el hecho tenía que ver con la lucha que llevaba adelante su gestión contra el negocio ilegal.

Por otro carril avanza el juicio contra el policía Pablo Espíndola, preso y acusado de encubrimiento agravado, porque una de las armas usadas para el atentado fue encontrada en su poder.