Al cumplirse dos años de la entrada en vigencia del nuevo sistema procesal penal en la provincia, en una entrevista con Rosario/12, el fiscal regional Jorge Baclini defendió y destacó el trabajo del Ministerio Público de la Acusación. Habló de la situación en Rosario, donde consideró que el desempeño de los fiscales es "satisfactorio", pero reconoció que faltan cuestiones para optimizar dentro del sistema. Ante las críticas a los juicio abreviados, cuya cantidad supera a los orales, el funcionario respondió: "Es una metodología de respuesta que ofrece este sistema y no me cabe la menor duda que es de mucha más calidad que un juicio escrito, porque acá hay un control de todo y todos se enteran". También habló de la necesidad de sumar fiscales, a los 65 actuales. Y requirió más empleados y personal policial por cada investigador. Hubo cerca de 6 mil audiencias, en 2015; y este año, el desafío está en optimizar el control de las medidas sustitutivas a la prisión preventiva -como domiciliarias-, que hoy maneja la policía.

Hace dos años, los Tribunales se vieron revolucionados con la puesta en marcha de un sistema que fue presentado como "más transparente" y "de cara a la gente". En el aspecto edilicio, una puerta de vidrio, en el primer piso de calle Moreno al 1600 sorprendió, por aquellos días, con un tinte de modernidad dentro de las vetustas paredes y estructuras de mármol, con techos altos, que caracteriza al Palacio de Justicia. Hasta allí llegan todas las mañanas y tardes las personas privadas de su libertad, sus familiares, fiscales, defensores y jueces, para determinar la suerte de quienes cometen delitos penales. A dos años de aquel 10 de febrero de 2014, varias cosas cambiaron y otras se van acomodando al ritmo de lo que sucede en las audiencias.

El Ministerio Público de la Acusación fue presentado por Baclini como el motor del nuevo sistema penal: fiscales que llevan adelante las investigaciones y la presentan ante un juez, con control de la defensa, para que el magistrado resuelva. Y esa cuestión sigue vigente. "El año pasado se hicieron 25 juicios orales en toda la región y la proyección era hacer 70 -reconoció-; pero en muchos casos no se fijó fecha de audiencia por la Oficina de Gestión Judicial. Por eso, decimos que la cuestión debe ser proporcional: si se suman fiscales, tendrán que sumarse también jueces y defensores, para que el sistema sea equilibrado. Nosotros quedamos con 35 audiencias preliminares de juicio, sin fecha para el mismo. Entonces estábamos cerca de completar los juicios orales", señaló.

Juicio abreviado

En cuanto a los criticados juicios abreviados -es un acuerdo entre la defensa y la fiscalía, con consentimiento del imputado que reconoce haber participado de determinado delito, y se propone una pena para que el juez la apruebe-, que durante los dos años fueron alrededor de 1.500, en la regional, Baclini consideró que en el marco genérico es una metodología de trabajo, que tiene el control de un juez. "No existieron muchísimos casos en los que los magistrados rechacen los acuerdos, o estén en desacuerdo con una calificación penal. No voy a decir que no hay casos erróneos y para ello yo establecí un sistema de control, para evitarlo. Pero, normalmente sucede que en una imputativa, a pocas horas del hecho, se hace una acusación por el delito más grave; y luego, al momento de un pedido de pena, se puede llegar con otras pruebas, o se alcanza un abreviado por un delito menor", dijo.

En ese sentido, Baclini reconoció que en proporción debería haber 10 por ciento de juicios orales, dentro de los abreviados que se cierran. "Si contamos esas audiencias preliminares que no llegaron a realizarse (porque no hubo citación de la oficina de gestión), entonces estábamos cerca", calculó.

Además, apuntó a otro motivo: "La otra cuestión es que la familia de una víctima nunca está conforme con las condenas, porque si a mí me mataron a mi hijo, lógicamente no me alcanzan 15 ni 20 años de prisión para el culpable. El hecho es tan terrible que no hay reparación. Nosotros como sistema tenemos que buscar el equilibrio y el juicio abreviado u oral es un derecho del imputado", puntualizó.

En ese sentido, también se están realizando reuniones con el ministro de Justicia, Ricardo Silberstein, quien busca repensar el juicio abreviado, entre otras cuestiones del código. "Se parte desde el punto de vista de lo que es la percepción del juicio abreviado, porque la negociación aparece como mala palabra; pero en términos de la justicia penal internacional, es parte. La gente necesita sentirse respaldada por esa negociación, por eso aparecen satisfacciones e insatisfacciones, pero también hace poco que empezó este sistema y puede ser que todavía haya cosas que no le cierren a la sociedad. Hay que encontrar un equilibrio", insistió sobre los cuestionamientos al abreviado como salida para el cierre de causas.

Control de domiciliarias

Por otro lado, Baclini habló del inconveniente de control a las prisiones domiciliarias, libertad restringida, salidas laborales y demás alternativas a la prisión preventiva. En ese sentido, lamentó el cierre de la Oficina de Medidas Alternativas y Sustitutivas (OMAS), que se encargó del monitoreo hasta mediados del año pasado; por lo que el control volvió a la policía, criticada por su accionar y falta de controles, por los que hay personal bajo la lupa. Y si bien desde la Corte Suprema se analiza crear una oficina propia, que no dependa del Ministerio de Justicia, la Fiscalía lo ve como una necesidad a corto plazo. "Soy el principal interesados en el control de las medidas de salidas alternativas. Si no se genera una OMAS desde la Corte, la Fiscalía evalúa realizar los controles de medidas cautelares alternativas a la prisión, pero para ello se requieren recursos. La persona que es imputada de un delito tiene que percibir que se le imponen reglas de conducta y que hay control", remarcó.

Según detalló, en 2015 hubo 13 prisiones domiciliarias a personas con condena en juicio abreviado; en 2014, fueron 21. En tanto, de 2099 prisiones preventivas dictadas por los jueces (en audiencias imputativas), 503 resolvieron que se cumplan en domiciliaria. "Ni siquiera llegan al 20 por ciento", dijo; pero reconoció que es "una preocupación". Al mismo tiempo, confirmó que se está evaluando empezar a utilizar pulceras electrónicas, y que ya hay conversaciones avanzadas con el Ministerio de Seguridad en ese sentido.

Homicidios

Entre los datos que brindó, dijo que paulatinamente, hay una merma en las muertes violentas: "En estos casos hay que ser muy cauteloso, porque la situación es crítica y un solo crimen es preocupante; pero las estadísticas nos dicen que en enero de 2014 fueron 32 crímenes; en enero de 2015, 28; y el mes pasado fueron 19". En el general del año, también se registra un descenso: "Desde el pico de 2013, con 267 homicidios, hubo 254, en 2014; y 235, en 2015. Es muy leve, pero no indica que nos tranquilicemos", dijo. Además, señaló que la tasa de esclarecimiento de homicidios se mantiene en un 53 por ciento, dato que también es cuestionado por otros actores del sistema, en los pasillos tribunalicios.

El jefe de los fiscales dijo además que si bien los hechos de homicidio en ocasión de robo fueron noticia el año pasado, el porcentaje en las estadísticas "no varió", pero sí afirmó que son hechos que provocan gran impacto, porque se sale de la lógica de las disputas interpersonales.