Desde Santa Fe.

La causa por el vaciamiento del Banco de Santa Fe, entre 1984 y 1999, que derivó en la privatización y en un perjuicio económico para la provincia de 500 millones de dólares sigue abierta. La Cámara Federal de Rosario (sala A) anuló esta semana un fallo del juez Reinaldo Rodríguez de junio de 2013 que había declarado "extinguida la acción penal" contra los 44 imputados (ex directores de la entidad y varios ex ministros de Víctor Reviglio), le ordenó que verifique el supuesto que suspende el plazo de prescripción y lo advirtió sobre "la pasmosa lentitud con la que se desarrolló el sumario", a pesar de las "graves irregularidades relatadas en la denuncia". Uno de los interrogantes del expediente es por qué estuvo guardado cinco años en el propio despacho del magistrado. "Una demora no explicable", dijo la Cámara en la resolución a la que tuvo acceso Rosario/12 y le recomendó al juez que actúe "con la celeridad y el empeño que la lucha contra la impunidad reclama".

Rodríguez intentó cerrar la causa hace un año y medio, en junio de 2013, al declarar "extinguida la acción penal" contra 44 ex presidentes y ex directores del Banco de Santa Fe, entre 1984 y 1999.

En octubre de 2013, el fiscal Walter Rodríguez solicitó la reapertura del proceso y sumó un dictamen de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), firmado por su titular, el fiscal Carlos Gonella, que denunció "un plan de acción" para "garantizar la impunidad de los posibles autores de los hechos" y acusó por esas maniobras a los ex jueces federales Víctor Brusa (condenado a 23 años de cárcel por delitos de lesa humanidad), Héctor Tripicchio y el subrogante Gerardo Yebra.

Ante la insistencia de Rodríguez de archivar la causa, el 31 de octubre de 2013 el fiscal lo denunció por "retardo de justicia" en un "recurso de queja" que planteó ante la Cámara. Y en diciembre de 2013, la Cámara le dio la razón y ordenó al juez reabrir la pesquisa.

En agosto de 2015, el juez volvió a rechazar un pedido del fiscal para que anule dos resoluciones: una de Tripicchio del 25 de abril de 1991 y otra, de Brusa del 11 de junio de 1993, que interpretó como "una actividad jurisdiccional fraudulenta". El planteo era para que declare la "cosa juzgada fraudulenta", deje sin efecto las sentencias que -según el fiscal- se dictaron de manera ilegal y continúe la investigación. Pero el juez lo desestimó, por lo que fiscal volvió a apelar ante la Cámara y es uno de los cinco incidentes que están en la agenda del tribunal.

Esta semana, la Cámara volvió a darle la razón al Ministerio Público, al revocar el fallo del juez de junio de 2013 que había extinguido la "acción penal" contra los 44 imputados. El fiscal dijo que la causa no prescribió, se quejó porque "estuvo paralizada cinco años sin motivo alguno" en el despacho del propio magistrado y argumentó que éste no tuvo en cuenta un supuesto que suspende la prescripción, que es que los ex funcionarios hubieran ocupado otros cargos públicos.

En el primer voto, el camarista Fernando Barbará advirtió "la pasmosa lentitud con la que se desarrolló este sumario", a pesar de las "graves irregularidades relatadas en la denuncia". Y citó el "puntilloso dictamen" de la Procelac que "resalta una demora no explicable de cinco años en el trámite ocurrida en el Juzgado" del doctor Rodríguez.

Barbará recordó que en los casos que involucran a funcionarios públicos el plazo de prescripción se suspende si "cualquiera de los imputados" hubiera "desempeñando un cargo público", desde el 4 de setiembre de 1984 y el 8 de noviembre de 1999.

"Entiendo que deben ser receptados los agravios esgrimidos" por el fiscal Rodríguez al señalar que "la medida adoptada" por el juez de cerrar la causa "resulta prematura". Porque "no comprobó fehacientemente que ninguno de los numerosos imputados en la causa fue o continúa siendo funcionario público". Y propuso que el magistrado se aboque a ese cometido "con la celeridad y el empeño que la lucha contra la impunidad reclama". El camarista Carlos Carrillo adhirió al voto de Barbará.

La tarea que pidió la Cámara no parece difícil. El segundo de la lista de imputados, Julio César Alzueta, es juez de la Cámara Laboral de Santa Fe; el quinto, Pedro Buchara, se desempeñó como ministro de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio en el gobierno de Víctor Reviglio (1987/91); el número 40, Emilio Sánchez García, también integró el gabinete de Reviglio (subsecretario de Industrias, ministro de Agricultura y Producción y presidente del Banco Santafesino de Inversión y Desarrollo); el número 43, Rodolfo Vacchiano, fue ministro de la de la Producción (1987/89) y luego titular de Hacienda (1989/90) en la gestión Reviglio y en los años siguientes: ministro de Gobierno en las intervenciones federales a Catamarca (1991) y Corrientes (1992) y secretario de Provincias del Ministerio del Interior (1997/99). Por citar solo algunos.