El juez Néstor García rechazó la medida cautelar de la Multisectorial contra el tarifazo de Empresa Provincial de la Energía (EPE). El magistrado argumentó que "el desequilibrio financiero que pudiera acusar la empresa constituiría un daño sustancial, susceptible de generar un perjuicio mayor que la no suspensión del cuadro tarifario". En diálogo con Rosario/12 señaló que "no se pudo acreditar que el cierre de comercios e industrias se haya producido en un 100 por ciento por el tarifazo eléctrico", ante el "aumento de otros servicios, impuestos y la inflación que no cesa". En su resolución, García abrió la etapa de prueba para resolver la cuestión de fondo: que el impuesto vuelva a los montos de noviembre pasado y se realicen audiencias públicas para aplicar un aumento "justo, razonable y equitativo". De todos modos, desde la Multisectorial adelantaron que apelarán la resolución.

"Este no es un revés judicial para la Multisectorial, sino para la gente, porque las facturas que están llegando afectan a toda la sociedad", lamentó el abogado Juan Alcaráz, que representa a pequeños comercios, pymes, clubes de barrio, asociaciones civiles y referentes políticos y gremiales, entre otros, que conformaron la Multisectorial. El letrado consideró que el fallo es "arbitrario", porque "el juez podría haber mitigado un poco el aumento".

Juan Milito, del Centro Unión de Almaceneros, lamentó la decisión el magistrado: "Esto no es un capricho, sino una necesidad de la comunidad santafesina atravesada por este tarifazo salvaje que impacta en la clase media. Por eso no entendemos la postura del gobierno provincial que tomó una decisión de alto costo social. Este gasto se paga con puestos de trabajo: en tres meses los cierres de comercios serán masivos". Y agregó: "Seguiremos en la calle; no es la primera vez que vamos a pelear contra los poderes de turno". En ese sentido, adelantó que a las 14 de hoy se reunirán en la sede de Rioja 1631.

En tanto, la diputada Claudia Giaccone dijo que "el argumento del juez es que si daba lugar a la cautelar se desfinanciaría la EPE cuando nosotros hemos realizado propuestas en la Legislatura donde precisamente se atendía esa inquietud de la provincia".

Ayer a las 8, las partes se reunieron con el juez García y éste decretó el final de la etapa de conciliación, por lo que se abocó a resolver la medida cautelar. Según expresa el fallo, los demandantes se basaron en la normativa de protección de intereses difusos (Ley 10.000) contra la aplicación de los aumentos. En la presentación, reclamaron que "se deje sin efecto el reajuste hasta que se debata en audiencias públicas". Según indicaron, "se pretende es que no se continúe produciendo una irreparable lesión a los comercios y pequeñas y medianas empresas" con "aumentos ilegítimos".

Por su parte, la EPE argumentó que de aceptarse el recurso "ocasionaría gravísimas secuelas a la población en general", ya que --esgrimieron-- "afectaría la prestación del servicio, la habilitación de edificios, la compra de transformadores, la ejecución de obras y la expansión del sistema que crece un 4% anual". En ese sentido, recordaron que el aumento fue consecuencia de lo dispuesto por el Ministerio de Energía y Minería de la Nación, en febrero pasado. "Esta disposición quitó los subsidios a la energía, establecidos por la anterior administración", aseguraron. "La decisión escapa al control de la EPE ya que se trató de una política nacional", plantearon en su defensa.

Para García, "no se acreditó cuál sería la norma del orden administrativo local que tanto la EPE como la provincia han violado". Y consideró que las razones vertidas por el EPE son "más que suficientes como para continuar con la tramitación del recurso hasta resolver el fondo de la cuestión con un mayor margen de apreciación, con las pruebas que confirmen o desechen las afirmaciones de ambas partes".

El juez apuntó que ahora empieza la etapa de presentación de pruebas para resolver la cuestión de fondo. Según consideró la Multisectorial "no logra demostrar, en esta etapa, cuál sería el acto ilegal de la EPE o la provincia; porque para que exista una medida que paralice un acto administrativo debe demostrarse una ilegalidad. Está claro que el traslado del aumento viene del nivel nacional. Estos aumentos los estamos sufriendo todos, pero hay que demostrar una ilegalidad. Distinto sería si el planteo si hubiera hecho contra la secretaría de Energía de la Nación".