Cinco detenidas a disposición de la justicia federal fueron trasladas ayer desde la Unidad Penitenciaria 4 de la ciudad de Santa Fe a la cárcel de Ezeiza, en una medida que fue considerada "coactiva" y un acto de "violencia institucional" por los programas "Delito y Sociedad", "Género, Universidad y Sociedad" y de Educación Universitaria en Prisiones de la Universidad Nacional del Litoral. "De fondo se encuentra una puja política presupuestaria por el cobro de las sumas que la Nación debería pagarle a la provincia para el sustento de las personas detenidas dependientes de la justicia federal. Esta falta de acuerdo entre los poderes políticos acaba teniendo eco en el poder judicial, con sentencias que ordenan el traslado compulsivo de las mujeres, alejándolas de sus afectos y de su núcleo de vida social, económica y afectiva, imponiéndoles un plus de castigo ilegal e ilegítimo", expresaron desde la Universidad.

El Servicio Público de la Defensa Penal de la provincia de Santa Fe presentó un pedido de habeas corpus colectivo, correctivo y protectivo a favor de las mujeres detenidas con sus hijos y/o aquellas en condiciones de obtener el arresto domiciliario, entre las que se encuentran algunas de las trasladadas, y otras amenazadas con la misma medida. El pedido que fue rechazado por el Juez Nicolás Falkenberg y se encuentra aún sin resolución en la Cámara de Apelación de la provincia.

Desde los tres programas de la UNL aseguran que esta decisión redunda "en la dificultad, sino directamente la imposibilidad, de mantener la participación en las instancias educativas y laborales, en retrocesos en los circuitos progresivos de las calificaciones de conducta y concepto, y obstaculizan su contacto con los jueces y defensores a cargo de sus causas".