Desde Santa Fe

Miguel Lifschitz anunció que el 22 de agosto presentará su plan de trabajo para reformar la Constitución de Santa Fe. Pronosticó que "ahora, el proceso de reforma será exitoso", a diferencia de lo que ocurrió con los anteriores que terminaron en intentos fallidos, desde 1983 hasta ahora. Sugirió que el esfuerzo de adecuar el Estado al nuevo siglo no se cierre en el ámbito político o a un "acuerdo entre partidos", sino que se instale en el seno de la sociedad y lo acompañe "el debate público". Y en esa sintonía, metió un asunto sensible: propuso que la reforma termine con los privilegios de los jueces que no pagan impuestos y los obligue a cumplir la ley y tributar ganancias como al resto de los trabajadores. "La Constitución tal vez tenga algo que decir sobre esto", señaló.

Lifschitz asoció ayer las dos cuestiones: la reforma constitucional y los privilegios de los jueces en medio de una polémica por el último aumento en la magistratura, que llevó el sueldo de los ministros de la Corte Suprema de la provincia a cifras cercanas al cuarto de millón de pesos, cuatro veces más de lo que cobra el gobernador. Un informe de la periodista Ivana Fux reveló que el aumento del 15 por ciento -que dispuso el presidente de la Corte nacional, Ricardo Lorenzetti- significará por la ley de Enganche que sus colegas de Santa Fe cobrarán este mes entre 247 mil y 211 mil pesos, según la antigüedad. Hace un año, en junio de 2015, esos mismos salarios oscilaban entre 176 mil y 150 mil pesos. "Solo en la liquidación de los sueldos de los seis ministros de la Corte, la provincia eroga por mes 1.362.078 pesos", informó la colega.

El gobernador dijo estar al tanto de las inequidades, que mientras uno de los ministros de la Corte cobrará 247 mil pesos, él percibirá de bolsillo cuatro veces menos, 66 mil pesos. "Hay una gran disparidad y esto tiene que ver con la historia del Poder Judicial, no sólo en Santa Fe sino en todo el país", se consoló.

Ante una pregunta, Lifschitz dijo que es "irritante" que los jueces no paguen el impuesto a las ganancias y sí tienen que hacerlo el resto de los trabajadores "a los que les disminuye mucho su salario".

--¿Tienen que pagar?

--Por supuesto. Esto es parte de los debates importantes que hay que abrir y plantearlos en una reforma constitucional. La Constitución tal vez tenga algo que decir sobre esto -sorprendió el mandatario. La intangibilidad de las remuneraciones no es la única garantía de los magistrados, la cláusula que cesa la inamovilidad a los 65 años tampoco se cumple, a pesar de que algunos jueces de la Corte ya superaron esa edad.

El lunes, Lifchitz analizó con su gabinete el plan de trabajo para la reforma constitucional que presentará el 22 de agosto. "La semana próxima vamos a iniciar una ronda de consulta con 15 a 20 constitucionalistas, a quienes les vamos a pedir opiniones por escrito sobre distintos tópicos de la reforma", dijo. Y en paralelo, avanzará el diálogo con las fuerzas políticas. "El primer nivel de consenso lo tenemos que lograr en el Frente Progresista" y "después con el resto de los partidos".

En ese sentido, dio por superado un entredicho con el presidente de la UCR, José Corral, quien consideró que "este no es momento oportuno" para la reforma porque "hay otros temas más importantes y urgentes que discutir". "En realidad, no hay discusión sobre la necesidad de la reforma, en eso coincidimos todos. Sí, hay algunas diferencias de apreciación respecto a los tiempos, pero eso es parte de lo que tenemos que conversar y acordar. En general, no he recibido ninguna oposición a avanzar con la reforma, ni dentro ni fuera del Frente Progresista, en el resto de los partidos y en la sociedad civil", explicó Lifschitz.

Acerca del proyecto de reforma, explicó que se definirá en el avance del proceso. "Queremos que haya un debate ciudadano. Hay que instalar los temas y si arrancamos con un proyecto ya elaborado coartamos la posibilidad de ese debate público. Así que definiremos grandes temas". "No tenemos dudas que va a ser un proceso exitoso y aspiramos a que haya mucha participación ciudadana, que no sea sólo un acuerdo político, aunque éste es necesario. Pero que no quede reducido a un acuerdo de partidos o de dirigentes, sino que también tenga sustento en el debate público", concluyó.