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Desde Santa Fe

La comisión de Derechos y Garantías convocó en el anexo de la Cámara de Diputados al fiscal general de la provincia Julio de Olazábal y le pidió explicaciones por dos fiscales del norte santafesino que intervinieron en causas resonantes de violencia sexista. El primero en la mira es el fiscal de Las Toscas, Juan Carlos Koguc, quien investigó el femicidio de Caren Vázquez (una jovencita de 20 años asesinada por su pareja de 25, en la localidad de San Antonio de Obligado, el 28 de julio) y responsabilizó a la víctima. Y el otro, el fiscal de Reconquista Alejandro Rodríguez, quien aceptó que un joven que secuestró a su ex pareja, de 21 (la llevó a un descampado, donde la golpeó y amenazó de muerte con un cuchillo), pueda evitar el juicio y la eventual condena a prisión si durante los próximos 18 meses cumple una probation que consistirá en ir una vez por mes a una emisora de su pueblo, Alejandra, y hablar una hora en contra de la violencia de género. "Estamos muy preocupados porque la mujer es la parte más débil en el accionar de la justicia, así que pediremos sanciones para los fiscales que incumplen la ley y las directivas del Ministerio Público. Por ejemplo, no puede haber probation en estos hechos, salvo que la autorice el fiscal regional", dijo la presidenta de la comisión, Alicia Gutiérrez. De Olazábal se comprometió a volver el miércoles que viene a la Legislatura, con respuestas concretas sobre ambos casos.

En el encuentro, la comisión le pidió a De Olazábal informes por el "proceder indebido" del fiscal Koguc en la pesquisa del homicidio de Caren Vázquez. "Nos alarma que en un caso de violencia de género como éste, no sólo se haya permitido la difusión de detalles del hecho, sino que se presente como responsable a la propia víctima y hasta se intente evadir la responsabilidad de las instituciones involucradas que no la protegieron", advirtió la diputada Gutiérrez.

En medios de Reconquista, Koguc culpó a Caren porque "nunca instó la acción penal, cuando la buscaban corrían al campo. El Estado no pudo brindar la atención que podría haber brindado, pero por una cuestión de la víctima. Si la propia víctima no insta la acción penal, no podemos hacer nada", se excusó.

"Nos preocuparon estas declaraciones del fiscal Koguc. ¿Cómo es que no podían hacer nada porque la víctima volvía con el victimario? ¿Qué es esto de hacer responsable a la víctima?", se preguntó Gutiérrez.

"Convocamos al fiscal De Olazábal para saber qué hizo el Ministerio Público en el caso de Caren. Consideramos que la mujer es la parte más débil en el accionar de la justicia y pediremos sanciones para aquellos fiscales que incumplen la ley y las directivas del fiscal general. Por ejemplo, no se puede en estos casos hacer una probation, salvo que lo autorice un fiscal regional".

El segundo caso que la comisión le planteó a De Olazábal es un acuerdo entre el fiscal Alejandro Rodríguez y la defensa -aprobado por el juez de Reconquista, Gonzalo Basualdo- para que un imputado por el secuestro de su ex novia y amenazarla de muerte a punta de cuchillo pueda evitar el juicio y la eventual condena a prisión si durante 18 meses cumple una probation, que consiste en ir una vez por mes a una radio de Alejandra a hablar una hora contra la violencia de género. Gutiérrez recordó que "hay fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que impiden la probation en estos casos. No nos parece lo oportuno para luchar contra la violencia de género y los femicidios".

Su colega Verónica Benas coincidió. "Hemos gestionado una cantidad de proyectos para promover políticas concretas de la justicia ante la violencia sexista y aún hoy no tenemos respuestas favorables. Parece que hay sectores del Estado que son bastante reticentes a valorar objetivamente los hechos que suceden. Cuando planteamos: 'Ni una menos', decimos también que hay factores que no combaten la violencia sexista sino que hasta la promueven", completó la legisladora.

La diputada socialista Silvia Augsburger criticó "la falta de compromiso de actores judiciales para investigar los delitos relacionados con la violencia sexista. Esto es un patrón común que se está generalizando en el norte de la provincia en particular frente a casos de femicidios. Por eso, la preocupación y la reunión con el fiscal general para que ver qué podemos hacer y aportar para evitar estas situaciones. De Olazábal ratificó su compromiso de investigar ante estas dos denuncias de la comisión de Derechos y Garantías", concluyó.