Jorge Obeid recibió ayer la reforma del Código Procesal Penal de la provincia que incorpora el juicio oral y la figura del querellante para garantizar el derecho de las víctimas, entre otras cosas. El efecto del caso del ex juez Carlos Fraticelli. Obeid consideró histórica a la iniciativa. "Será una visagra en la vida institucional de Santa Fe", dijo el gobernador que ahora quiere enviar el proyecto a la Legislatura "en diez o quince días", según estimó su ministro de Gobierno, Roberto Rosúa. Un texto similar fue recibido también por el presidente de la Corte Suprema de la provincia, Rafael Gutiérrez. Ahora se espera que en unos pocos días más, el anteproyecto de reforma llegue a la Legislatura para que sea analizado en las comisiones correspondientes y luego aprobado para su aplicación definitiva.

El documento llegó a manos de Obeid en una reunión a la que asistieron Rosúa; el subsecretario de Justicia, Gabriel Somaglia y los presidentes de la comisión redactora del Código: el ex ministro Angel Baltuzzi y el titular de la Cámara Penal de Santa Fe, Julio de Olazábal.

Obeid dijo que el juicio oral "otorgará mayor transparencia e imparcialidad" en el proceso penal de la provincia ﷓que hoy es escrito﷓ y además, la víctima podrá ejercer sus derechos. El Código santafesino será el más moderno y eficaz de la Argentina porque aportará celeridad en la sentencia, transparencia del acto y contacto directo con el juez, la víctima y el imputado", agregó el gobernador. Santa Fe pasaría de un extremo al otro: Dejaría de ser la única provincia del país que no tiene juicio oral y se convertiría en la portadora del Código Procesal más moderno de la Argentina, según la definición del mandatario.

"El nuevo Código respetará ampliamente la Constitución Nacional, la Constitución de la provincia y los pactos internacionales que adhirió la Argentina a partir de la reforma de 1994, fundamentalmente en lo que hace al respeto de los derechos humanos, tanto de los imputados como de las víctimas", según explicaron en la presentación de ayer.

El ministro Rosúa expresó también su "satisfacción" porque después de haberse planteado reforma judicial hace cinco meses y haber dicho que había "un consenso entre los tres poderes del Estado" para cambiar el Código, "llegamos hoy a conclusiones positivas". Rosúa explicó que aún falta un paso formal: que el consejo rector del Plan Estratégico eleve el proyecto al gobernador de la provincia para que éste "pueda enviarlo en un plazo de diez o quince días a la Legislatura que tendrá la última palabra", afirmó el titular de la cartera política.

A su turno, el doctor de Olazábal explicó que en la comisión no hubo un debate ideológico. "Todos estuvieron de acuerdo a qué Código se quería llegar: uno que respetara todas las garantías constitucionales, los tratados internacionales, pero que al mismo tiempo sea un código eficaz. A partir de allí se inició el diseño, donde hubo disenso pero no sobre las normas en particular", señaló el camarista.

"El Código establece un juicio oral, fundamental para que la población pueda ver cómo se llevan a cabo los procedimientos y recupere la confianza en la forma de administrar justicia. Y al mismo tiempo para obligar a que todos los jueces estén presentes en todas las actuaciones". "El juicio oral divide bien las funciones del juez, del fiscal y de la víctima. El juez dirigirá el proceso pero no intervendrá. En el fiscal recaerá toda la actividad de iniciar la investigación y de llevarla adelante. El Ministerio Público adquiere así una mayor fuerza de lo que actualmente tiene el juez de Instrucción ya que en él recaerán todas las instancias".

"La víctima no sólo tendrá derecho a reclamar sino que podrá ser parte en el juicio y actuar como querellante, apoyando al fiscal y si no está satisfecha por el proceso, directamente puede llevar adelante la investigación", puntualizó De Olazábal.