La Procuración General de la Nación lleva adelante un juicio contra el fiscal Nº 2 de la Tribunales Federales de Rosario, Francisco Sosa, una instancia que se expedirá sobre la posible sanción que significaría la remoción de su cargo por mal desempeño y negligencia en el ejercicio de su función. Sosa tiene cuanto menos tres denuncias formuladas ante el procurador Esteban Righi, en relación con el atraso que registraba en la fiscalía a su cargo, según datos que surgen de una auditoría realizada por la Unidad de Apoyo y Control de Actuación Funcional de la misma Procuración. Desde la causa por la que debió investigar lo ocurrido con el incendio que destrozó gran parte de la Facultad de Derecho de la UNR, hasta otras que tienen que ver con la inacción en expedientes relacionados con el tráfico de estupefacientes, Sosa ha sido cuestionado por distintos actores. La auditoría fue pedida por el fiscal general Claudio Palacín a través del oficio 284/06 con el que respondió al requerimiento del fiscal del Tribunal Oral Federal de Rosario Eric Franck Warr. Los testimonios recogidos entre fuentes allegadas a los Tribunales de la ciudad coinciden en señalar "la vagancia" de Sosa y "el caos de su despacho" en causas que requerían extrema rapidez y eficiencia como son las ligadas a los pedidos de excarcelaciones y en otras como las mencionadas más arriba.

La Procuración General de la Nación registra tres denuncias contra el fiscal federal de Rosario, una de ellas ya fue elevada a juicio, después de la auditoría realizada por la Unidad de Apoyo y Control de Actuación Funcional (UAYCAF) y dos más están en trámite.

La elevación a juicio de una de esas causas supone que se cumplió el ciclo de estudio por parte del consejo evaluador en cuanto a "si había mérito o no para proceder de esa forma", como explicó a este diario una fuente de la Procuración. Ese consejo está integrado por cinco fiscales generales -dos de Buenos Aires y tres del interior- quienes analizaron la denuncia, tomaron en consideración el descargo que hizo el denunciado e investigó. Cuando se arribó a la conclusión de que había motivos para seguir el proceso se pasó el informe al procurador Esteban Righi quien pidió el juicio para Sosa.

La auditoría que realizó la Unidad de Apoyo y Control de Actuación Funcional tuvo como fecha de inicio un oficio rotulado como 284/03 del 19 de diciembre de 2003 que elevó el fiscal general de la Cámara de Apelaciones de Rosario quien además lo hizo por requerimiento del fiscal del Tribunal Oral Federal Nº 1.

El nudo de las denuncias contra Sosa lo constituye el atraso por sobre cualquier tiempo "razonable" en la tramitación de causas que corresponde a la unidad a su cargo del Ministerio Público Fiscal. Distintas voces que conocen el funcionamiento de la fiscalía Nº 2 de Rosario la califican como "un verdadero caos" en la cual "se caen los expedientes, aún los de mucha urgencia como cuando se trata de pedidos de excarcelación".

La causa elevada a juicio es justamente por atraso en la investigación y el nudo central tiene que ver con el expediente abierto por el incendio en la Facultad de Derecho de Rosario el 1º de julio de 2003, cuando un feroz incendio destruyó gran parte del edificio histórico de la ciudad que había sido inaugurado en 1902 y donde también funcionaba el Museo de Ciencias Naturales "Angel Gallardo". Justamente los abogados que patrocinaron las denuncias que llevó adelante la Facultad de Derecho recordaron días atrás que la actividad de la fiscalía federal no se compadecía con la gestión que había realizado la Justicia ordinaria a cargo del juez de Instrucción Carlos Carbone. "Directamente hubo inactividad respecto de la causa", recordaron quienes transitaban los pasos procesales ante el Federal.

Pero esta no fue la única causa por la que el fiscal Sosa fue denunciado. El procurador General de la Nación dispuso por resolución 91/06 abrir la "instancia ante el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público de la Nación" a los fines de establecer si las "irregularidades" que son atribuidas al fiscal Sosa "ameritan la aplicación de la sanción de remoción de su cargo por configurar causales de mal desempeño y grave negligencia en el ejercicio de su función". El mecanismo de remoción que rige para el Ministerio Público Fiscal, invoca en el segundo párrafo del artículo 18ª la elevación a los Tribunales de Enjuiciamiento por las causales de "mal desempeño, grave negligencia o delitos dolosos de cualquier especie".

Las causas que aun están en trámite en el marco de la Procuración General de la Nación tienen otros contenidos pero las denuncias aparecieron siempre a partir del retraso en la tramitación. Una de ellas está vinculada a la morosidad en la investigación del tráfico de estupefacientes. En este caso la auditoría cuyos aspectos fundamentales pudo conocer Rosario/12 sostiene que la fiscalía había avanzado y elevado a juicio, desde el 2003, 351 expedientes "por causas menores", -se trata de aquéllas donde el hallazgo de narcóticos corresponde a la tenencia para uso personal-, pero el singular atraso se registró en los que tenían que ver con el secuestro de gran cantidad de drogas respecto de los que debía investigarse la procedencia, tenencia y destino que se le habían adjudicado.

La UAYCAF detectó a través de su auditoría que de 573 expedientes que ingresaron a la unidad -según los libros correspondientes que se chequearon-, 306 estaban registrados como los que se tramitaban, en tanto no se pudo conocer qué curso siguieron los 267 restantes. De los 306 expedientes, en 79 de estos no se había dictado el primer decreto mientras que en 176 había pasado más de un mes desde la última medida, por cuanto si se suman todas las causas en mora el atraso es de un promedio de 271 días, aunque hay expedientes que registraban demoras de 1 a 5 años.

Es ahora la Procuración que está a cargo de Esteban Righi la que elevó una de las causas a juicio y además quien deberá seguir la investigación sobre el comportamiento de su subordinado, aunque existen versiones en cuanto a que "se lo perdonaría por este año porque estará en condiciones de jubilarse".

El fiscal Sosa fue nombrado por el gobierno de Carlos Menem, y cuando estaba al frente de la Procuración, Angel Agüero Iturbe, pese a la resistencia de integrantes de la Cámara Federal rosarina.