La diputada provincial del ARI, Alicia Gutiérrez, pedirá que la ministra de Salud, Silvia Simoncini, concurra a la legislatura a dar explicaciones por los incumplimientos del Estado en el caso de Ana María Acevedo, la joven de 20 años que falleció el jueves pasado en el hospital Iturraspe de Santa Fe. Al mismo tiempo, insistirán con el proyecto de reglamentación del artículo 86 del Código Penal, que estipula los casos de aborto despenalizados, junto a la autora de ese proyecto, la socialista Lucrecia Aranda. "Las autoridades sanitarias tienen que dar cuenta a la comunidad, porque este caso -más allá del incumplimiento del derecho al aborto terapéutico- exige un replanteo de la salud pública provincial", consideró Gutiérrez, al tiempo que Aranda manifestó: "Acá hay una política de Estado de abandonar a las mujeres".

La semana pasada, la Cámara baja aprobó un pedido de informes presentado por la legisladora socialista para que expliquen los distintos incumplimientos del Estado respecto del derecho a la salud de Ana María. La joven de 19 años fue atendida por la odontóloga Gabriela García en el SAMCO de Vera durante cuatro meses, sin acceder a una derivación a un centro de salud de mayor complejidad. Una vez que pudo trasladarse al hospital Cullen de Santa Fe, en octubre pasado le diagnosticaron un sarcoma de maxilar, que no pudieron extraerle quirúrgicamente. Fue derivada al hospital Iturraspe, donde se detectó en diciembre un incipiente embarazo. En lugar de plantearle el aborto terapéutico, para que pueda realizar los tratamientos paliativos de quimioterapia y radioterapia indicados para su cuadro, su embarazo continuó.

El 24 de diciembre, Ana María viajó a Vera para pasar las fiestas con su familia. "En el hospital le dijeron que recién debía volver el 10 de marzo", contó su mamá, Norma Cuevas. Pero el 15 de febrero tuvo que retornar al Iturraspe porque los dolores en su cara eran insoportables. Desde entonces, tanto ella como su madre rogaron por una interrupción del embarazo que fue negada, primero por el jefe del servicio de Oncología, César Blajman y el director del hospital, Andrés Ellena, y luego por el Comité de Bioética, que en una resolución (no vinculante) el 22 de febrero propuso inducir el embarazo a las 24 semanas para retomar los tratamientos.

Finalmente, la incompabilidad sanguínea con el feto adelantó la inducción del embarazo, que se produjo el 26 de abril. Poco después, Ana María recibió la primera sesión de quimioterapia, pero su salud estaba demasiado deteriorada. El 17 de mayo murió, sin haber tenido la oportunidad de pelear contra el sarcoma.

"La historia de Ana María demuestra hasta qué punto hay falta de organización en la salud provincial, hay falencias que tienen que ver con una paciente que pide ligadura de trompas en un hospital público porque sus tres hijos debieron nacer por cesárea debido a su RH negativo, y no se sabe qué pasó. Y después, el pedido de interrupción del embarazo, para el que no hubo respuestas. Desde que en mayo del año pasado la atendió la odontóloga del SAMCO de Vera hasta que murió se produjo un abandono de persona", detalló Gutiérrez, quien pedirá una reunión con la ministra, o -en el caso de lograr los consensos necesarios- que la funcionaria concurra a la Cámara. "Hay que replantearse de manera integral el sistema de salud, para que garantice que una paciente excluida, sea del norte o del sur, tenga las mismas posibilidades que cualquier persona que accede a la salud paga", afirmó.

Aranda consideró que "el aborto terapéutico no realizado es el epílogo del incumplimiento del Estado, que comenzó mucho antes, cuando esta chica de 19 años, analfabeta, que vivía en una vivienda muy precaria, comenzó a atenderse en el SAMCO de Vera". La legisladora consideró "conmovedora la pelea de esta familia por la salud de Ana María". Rememoró que en el hospital Cullen, después de la intervención, "nadie se tomó el tiempo y la reflexión necesaria para explicarle a la familia la gravedad del cuadro, el pronóstico, las alternativas, las posibilidades, y tampoco la necesidad de prevenir un embarazo". Cuando llegó al Iturraspe, "no le informaron sobre la posibilidad de hacer un aborto terapéutico. Nunca hubo información certera, ni le dieron a la familia y a la chica la posibilidad de decidir, siendo que la familia demostró una voluntad realmente heroica de luchar contra los obstáculos".

La diputada socialista manifestó su indignación con las autoridades del hospital. "Cuando dicen que están a favor de la vida, lo hacen en abstracto, con letras de molde. Pero no comprendieron el dolor de ninguno de los seres humanos que tenían en frente. No los asistieron, no instrumentaron los medios para que Ana María pudiera despedirse de sus hijos. No hay un rasgo de humanidad en el servicio de salud", consideró.

Y además, planteó sus dudas respecto de las razones por las que se adelantó la inducción del parto. "A esa altura del embarazo, la Organización Mundial de la Salud no reconoce el parto inducido. Cuando deciden hacerlo en ese momento, empiezan a pensar en protegerse a sí mismos", opinó.

Por su parte, desde la Multisectorial de Mujeres de Santa Fe, que acompañó a la familia desde que el caso tomó estado público, la abogada Paula Condrac consideró: "Lo que hicieron con Ana María es paradigmático". Cuestionó que los médicos del hospital "privilegiaron su propia creencia y su propio entendimiento por sobre el Código Penal. Privilegiaron la vida de un bebé que tampoco tenía viabilidad. Ellena en todo momento consideró que ella se iba a morir igual. Suponiendo que hubiera sido una persona desahuciada lo menos que se puede hacer es escuchar su voluntad, tiene derecho a abortar porque el Código se lo permite". En cuanto a las explicaciones científicas de Ellena, Condrac afirmó: "Esta es una cuestión política, de salud pública, que excede lo científico, que lo pone en jaque. Para nosotras era Ana María Acevedo, una mujer de 20 años que murió por las condiciones de la salud pública en Santa Fe y para él fue sólo una historia clínica, un vientre".