La recién aprobada reforma del código procesal penal de la provincia echa por tierra un avance legislativo que se consiguió trabajosamente el año pasado. Se trata de una herramienta que permitía tratar adecuadamente las denuncias de abuso sexual infantil. La reforma del Código impulsada a partir de un proyecto de la socialista Lucrecia Aranda establecía claramente la existencia de un gabinete interdisciplinario que interactúe con los niños denunciantes, y al mismo tiempo intervenga en la etapa de pruebas. Esta exigencia estaba dispuesta en el capítulo "Protección de las víctimas". Pero el nuevo Código aprobado en Diputados el jueves pasado sólo sugiere, en el capítulo disposiciones generales, convocar a un gabinete, sin más especificaciones. Para Aranda, la decisión de quitar este requisito y reducirlo a sugerencia marca una distancia abismal en el procedimiento. "Las recomendaciones del Código se vuelven intrascendentes desde el momento que la Constitución incorpora la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Allí dice mucho más que en el artículo 160 incluido en el capítulo de disposiciones generales que realmente no le sirve a nadie", cuestionó la legisladora.

La modificación impulsada por Aranda establecía un procedimiento específico para el abuso sexual infantil. "Se planteaba la necesidad de que interviniera un equipo interdisciplinario de profesionales capacitados en la problemática y con perspectiva de género en todas las entrevistas, en lugar de que las realizara un juez o cualquier otro agente judicial", puntualizó Aranda respecto del contenido de la ley aprobada el año pasado. Este procedimiento estaba incorporado dentro del capítulo de protección de las víctimas. "Los jueces, secretarios de juzgado y otros funcionarios judiciales que no tienen ninguna experiencia específica en el tema realmente le hacen mucho mal a la criatura, además de no aportar elementos de prueba en la causa, por el mismo desconocimiento. No sólo dejan sin sanción al culpable, sino que también revictimizan a las niñas y niños que sufrieron la situación", puntualizó la legisladora.

El síndrome del niño abusado, y sus síntomas, es estudiado por especialistas de todo el mundo que conocen tanto sus indicadores como la forma de abordarlo. Para Aranda, "las pruebas pueden estar a la vista pero si la persona que trata a la víctima no tiene conocimiento no las va a ver". Por eso, el segundo punto de la reforma era que el equipo interdisciplinario debía acompañar, aconsejar y opinar sobre la conveniencia de cualquier prueba que el juez ordenara. El tercer punto, y crucial, era prohibir los careos entre la víctima y el imputado. "Se establecía que esa medida procesal fuera absolutamente invalida en un delito de abuso sexual, que fuera una prueba que anule el proceso", subrayó Aranda.

Por eso, Aranda alerta que la anulación del procedimiento significa una marcha atrás en los compromisos internacionales de protección de los derechos del niño. "Hay distancia en plantear la imprescindible participación de un equipo especializado para la recolección de pruebas e interacción con la víctima, que deba acompañar todo el proceso y funde sus decisiones, a establecer sugerencias que se vuelven intrascendentes", explicó.

Aranda cree que la nueva redacción del Código vuelve a dejar indefensas a las víctimas de abuso sexual infantil. "Se pone en el capítulo de disposiciones generales, con un artículo absolutamente vago, donde no se establece con precisión ningún procedimiento a seguir. Y se aconseja o sugiere algún tipo de gabinete. Así se neutraliza todo el avance conseguido el año pasado", indicó.

La legisladora planteó también que los procedimientos establecidos por la ley que ella presentó no surgieron "de mentes afiebradas, sino de la dolorosa experiencia de tantas niñas y niños que se acercan buscando justicia, y lo que encuentran es jueces que los culpabilizan, que los ponen en el banquillo de los acusados cuando van a denunciar algo tan atroz como es haber sido víctimas de abuso sexual".

Aranda también señaló una falacia. "Muchos operadores de la Justicia creen que para ver si una niña o un niño fueron abusados basta con sentarse y preguntarle. Eso es ignorancia, que lamentablemente determina la vida de otra persona. La ignorancia en combinación con el poder es peligrosa", apuntó. Y puso un ejemplo concreto. "El juez tiene que tener suficiente criterio para entender que no es perito, que para saber el curso que tomó una bala, o a qué velocidad venía el auto en una colisión se convocan peritos. Entonces, para analizar algo tan complejo y sutil como la mente humana también se necesitan peritos", agregó.

Para Aranda está clara la necesidad de especialistas en la problemática para estos procesos. "No cualquier persona se sienta con una nena abusada durante cinco años y logra que ella comience hablar, que haga un relato coherente. Porque si lo hubiera podido hacer no hubiera sido abusada durante tanto tiempo. Creer que no hace falta un especialista muestra mucha ignorancia del proceso psíquico de una víctima de una relación de poder abusiva, y hasta qué punto condiciona su psiquis, hasta que punto puede un adulto manipular a un niño sobre el que tiene poder", afirmó la diputada provincial del socialismo.