Once profesionales que trabajan en la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia reclaman la regularización de su situación laboral ya que según explican, desde el 2004, se desempeñan con "contratos basura" y el que corresponde al segundo semestre del año todavía no fue firmado por cuanto dicen que corren el riesgo "de quedar desocupados". Desde que comenzaron a trabajar los sueldos son pagados por la ong Síntesis en una forma de tercerización del servicio. Durante las reuniones mantenidas con las autoridades del área "se nos explica que hay voluntad política pero no estructura para resolver el tema". El subsecretario Alfredo Vivono dijo a Rosario/12 que en los distintos niveles del Estado se apela a la tercerización aunque si hubiese posibilidades a él también le parecería bien que los profesionales a los que les interesa "entrar al Estado puedan hacerlo".

Los empleados de la Secretaría de Derechos Humanos volvieron a protestar ayer frente a la sede local de la gobernación en la búsqueda de que se regularice su situación ya que desde el 2004 trabajan con lo que ellos mismos denominan como "contratos basura". Profesionales o estudiantes de los últimos años de las carreras de Psicología, Trabajo Social, Ciencia Política se dividen las tareas que se cumplen en Rosario pero reciben los pagos a través de la fundación Síntesis con la que el estado santafesino contrata, en una tercerización de servicios.

Los 11 trabajadores se quejaban ayer del "contrasentido" que significa trabajar para el área de Derechos Humanos de la provincia y que "nos pague una fundación los contratos muy precarizados que tenemos. Hay que decir que los que corresponden a la segunda mitad del año todavía no fueron firmados y que corremos el riesgo de quedar desocupados", dijo a Rosario/12, Eliana Vargas, una de las profesionales que trabaja en la subsecretaría.

Cuando comenzaron a trabajar en el 2004 el grupo se dedicó a la tarea de promoción de los derechos humanos en los barrios. "A principios de este año fuimos divididos en grupo, cuatro nos dedicamos al registro provincial de niñas, niños y adolescentes desaparecidos y la mayor parte del resto a los trabajo en relación con instituciones escolares en las tareas de promoción y difusión. El hecho es que trabajamos para la secretaría pero nos paga una ong".

En las reuniones con las autoridades provinciales del área se manifiesta contínuamente que existe "voluntad política" pero no la estructura para formalizar la situación de los 11 contratados. Los trabajadores sostienen que están en estado de precarización, y que en este tiempo hubo personal que ingresó después y ya fue trasladado a otras funciones en planta permanente.

"Se nos manifiesta que el trabajo nuestro es más que positivo, pero también que necesitan de esta forma de contrato basura porque de otra forma no lo podrían realizar", agregaron. Los trabajadores de la subsecretaría cobran 800 pesos aproximadamente.

Para el subsecretario del área, Alfredo Vivono, hay un "planteo equivocado porque tanto el Estado como los privados tercerizan algunas actividades" y citó como ejemplo que se había comenzado con programas como el de niños en situación de calle que luego tomó la subsecretaría del área. "Los programas se fueron modificando porque la política de estado nos lleva a hacerlo", dijo.

De todos modos, señaló que "hoy no tenemos la estructura para plantear las posibilidades de ingreso aunque si se aprobara la modificación habría cabida para esta gente y para otras personas que se desempeñan en otros programas". Vivono aceptó que desde el punto de vista laboral si se produce la posibilidad "me parece justo y así lo promuevo si a ellos les interesa ingresar al Estado".