Eliminar las exenciones impositivas que benefician a las grandes inversiones como las agroindustrias; alentar el servicio ferroviario para transporte de cargas y de pasajeros -aunque no precisamente el tren bala-; desalentar el crecimiento de los grandes conglomerados urbanos; dictar leyes de protección de los bosques nativos y de la biodiversidad; incorporar fuentes de energía renovables; darle a los ciudadanos acceso al sol, al cielo y al aire limpio, que se están perdiendo en los grandes conglomerados urbanos. Las autoridades que serán elegidas el 2 de setiembre próximo ya pueden saber qué le reclamarán desde el 10 de diciembre más de 30 organizaciones socioambientales de la provincia, reunidas en la Agenda Ambiental Santa Fe. Una iniciativa que apunta a "instalar en la agenda política pública los temas que consideramos impostergables para ser debatidos y encarados en la próxima gestión de gobierno", como indicaron las entidades, aclarando que "de ninguna manera suponemos que esta agenda es exhaustiva, ni que los problemas actuales se reducen a los aquí planteados".

Por lo pronto, el viernes los ecologistas se reunieron en Rosario, esperando la presencia de los representantes de las distintas fuerzas políticas que se presentan en las elecciones, para que desplegaran sus propuestas referidas a medio ambiente. Sin embargo, la asistencia fue bastante imperfecta, ya que de primera línea solo concurrieron el socialista Hermes Binner, quien luego de agradecer la invitación se retiró para cumplir con otros compromisos y dejó a César Mackler (titular de Medio Ambiente de la Municipalidad de Rosario) a cargo de explicar su propuesta; y Roberto Bereciartúa, en representación de la candidata a gobernadora de la UCR, Alicia Tate.

Mackler esbozó los puntos de la propuesta ambiental del Frente Progresista, acentuando la importancia de establecer mecanismos de participación y la jerarquización del tema ambiental como política transversal. Por su parte Bereciartúa expresó que "esta es un agenda política, y adhiero fervorosamente a la misma, porque los candidatos hacen carrera para ver quién va a calar más la hidrovía, o construir el Plan Circunvalar o el tren bala, esa es la agenda del establishment".

"Nos queda la sensación de que a quienes les queremos decir las cosas son los que menos participan de estas cuestiones", dijo a Rosario/12 Elba Stancich, del Taller Ecologista de Rosario, una de las entidades impulsoras del Consenso, respecto a la escasa presencia de políticas en la sala de la Asociación Mutual Mercantil Argentina. "Deben haber evaluado que en este recinto no podían conseguir demasiados votos", ironizó Stancich.

Más allá de las ausencias, quedó en claro que "este es nuestro piso de exigencias para el próximo período, sea quien sea el que gane", adelantaron las organizaciones del norte, centro y sur de la provincia, destacando el propósito base de "hacer conocer a quienes aspiran a gobernar la provincia o ocupar una banca en la Legislatura, propuestas clave que se debieran encarar como política de Estado". Las organizaciones consideran a la política ambiental como transversal y englobante de todas las áreas y decisiones de gobierno. En la presentación del documento expusieron tres de los promotores de la iniciativa: la mencionada Stancich, del Taller Ecologista; Miguel Angel Alfaro, del Centro Ecologista Renacer y Jorge Cappato de la Fundación Proteger de Santa Fe.

"El país está en terapia intensiva en término de pérdida de sus bosque nativos; en Santa Fe se ha intensificado la deforestación en los últimos años, es urgente que todos lo ciudadanos pongamos nuestra firma para solicitar la urgente aprobación de la Ley de Bosques que duerme en el Senado de la Nación y que se ponga en funcionamiento el Consejo Consultivo de Bosques Nativos, para finalizar la zonificación de la provincia de acuerdo a lo que establece la Ley 12.366", expresó Stancich, uno de los voceros de la agenda.

Por su parte, Capatto indicó que "la transformación productiva a gran escala que se da en la provincia ha motorizado la macroeconomía pero simultáneamente han crecido y no descienden los índices de pobreza, degradación de ecosistemas y pérdida de calidad de vida, mientras aumentan los niveles de inseguridad ambiental y social y los costos de desastres ambientales que paga toda la sociedad, como las inundaciones y sequías, los desmontes y la merma de los recursos pesqueros. Esta grave contradicción debe evaluarse en las decisiones políticas del futuro gobierno".