Sábado, 25 de agosto de 2007 | Hoy
SANTA FE › PROYECTO DE LEY PARA RESTITUIR LOS BIENES
El proyecto de ley para restituir a la Biblioteca Constancio C. Vigil de Rosario su histórico edificio en Alem y Gaboto, en el barrio Tablada, duerme en el Senado santafesino desde hace un año, a pesar de que fue aprobado dos veces por la Cámara de Diputados, la última: el 24 de agosto de 2006. Dos semanas después, el 7 de setiembre, la iniciativa ingresó al Senado, pero desde entonces se traspapeló en algún cajón, a riesgo de que el gobernador Jorge Obeid incumpla su promesa pública de restituir los bienes a la entidad antes de terminar su gestión, el 10 de diciembre próximo.
Ya en octubre de 2004, Obeid envío a las Cámaras el mensaje 2849 para devolver a la Vigil el patrimonio que le despojó la dictadura militar. "Sería un acto de reparación histórica", prometió en aquel momento. A mediados de 2005, el proyecto de ley tuvo media sanción de Diputados pero después caducó en el Senado, que nunca lo trató.
El gobernador volvió a insistir entonces con un segundo mensaje número 3138, idéntico al anterior, que también tuvo media sanción de Diputados, el 24 de agosto de 2006. El proyecto ingresó entonces al Senado el 7 de setiembre, pero volvió a quedar varado y podría tener el mismo destino que el anterior si la Cámara alta no lo trata antes de que concluya el año legislativo.
La norma propone transferir sin cargo el edificio de Alem y Gaboto "a la persona jurídica que fuera titular del inmueble el 24 de febrero de 1977", cuando la Vigil fue intervenida por la dictadura y desapoderada de sus bienes. Pero el litigio por la personería jurídica que se generó entre dos sectores de la biblioteca puede haber influido en la parsimonia del trámite legislativo, por lo que ahora, una resolución judicial en ese sentido, podría acelerar la sanción de la ley, en el Senado.
Precisamente, ese pleito por la personería jurídica generó algunos reparos del bloque del ARI cuando se trató el proyecto en la Cámara de Diputados, el 24 de agosto de 2006. "Sería una imprudencia autorizar al Poder Ejecutivo a donar inmuebles que se registran bajo la propiedad de la provincia pero que son de la Biblioteca Vigil de Rosario, sin poder precisar quiénes van a ser los destinatarios de la donación", dijo entonces la diputada Verónica Benas. "No conozco antecedentes donde se elabore una ley para donar bienes de la provincia y no se sepa a qué manos va a ir a parar, a qué persona jurídica y quién va a recibir esos bienes", dijo la legisladora. En realidad, Venas y sus colegas del ARI no se oponían a la restitución de los bienes a la Vigil, pero sí a una eventual transferencia sin precisar el destinatario.
La defensa del proyecto oficial corrió por cuenta del diputado Danilo Kilibarda, quien recordó el desguace de la Vigil. "El nefasto golpe de estado de 1976 terminó con muchas instituciones civiles de naturaleza popular y a la Vigil, la descuartizó y persiguió a sus dirigentes. Los interventores militares recordó Kilibarda practicaban el tiro al blanco sobre las piezas del museo que tenía la Vigil. Se robaron y quemaron libros, se hicieron desaparecer bienes valiosos".
"La Vigil fue saqueada por la intervención militar. La intervención de mutualidades puso al frente a distintos interventores, que terminaron vendiendo o malvendiendo todos sus bienes. La provincia compró una parte importante de esos bienes, no todos, y ahora el Poder Ejecutivo pide autorización para restituirlos en un acto de reconocimiento a esa memoria histórica. Y los demás bienes que fueron vendidos a otros entes, comunas vecinas o a particulares, la provincia no los puede devolver porque no los tiene en su patrimonio", aclaró el legislador del PJ.
Kilibarda dijo que la ley no debía entrometerse en el pleito por la personería jurídica. "Por eso, no tomamos partido en un sentido ni en el otro y dejamos librado a que, si alguna decisión que incluso escape a las manos del poder político, que venga del organismo judicial, tendremos que acatarla. Por eso, no es que aquí se esté donando o restituyendo los bienes a cualquiera, sino al que acredite ser legítimo continuador de la asociación civil Constancio C. Vigil. No lo podemos decir nosotros por una ley, porque estaríamos entrometiéndonos en la vida interna, en la decisión interna de una institución que tiene una tradición tan rica que sería una grosería de nuestra parte volcar la balanza para un lado o para el otro. Si el Poder Ejecutivo hubiera querido hacer un acto de politiquería barata, hubiera elegido el destinatario de la donación. No lo ha hecho y, a través de esta ley, tampoco lo hacemos; dejamos que sea la autoridad que corresponda, ojalá sean ellos mismos, los que digan quiénes son los continuadores legales de aquella institución devastada a la que hoy queremos restituirle sus bienes", concluyó Kilibarda.
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