Sus particulares expresiones altisonantes y de adjetivos punzantes no necesariamente corresponden, puertas adentro, a las de un hombre de máximas inclaudicables. Horacio Usandizaga se distingue por su verba intempestiva, más aún cuando tiene que hacer referencias a los personajes que desfilaron por Central en la anterior dirigencia. Ocurre que al momento de mirar hacia atrás el Vasco se ha mostrado mesuradamente conciliador, rubricando acuerdos que estuvieron lejos de la órbita judicial, a pesar de las dudas que había en las deudas reclamadas. Al mismo tiempo que el presidente auriazul embistió judicialmente contra los ex dirigentes elevando nuevas denuncias en el juzgado en lo Penal que se ocupa del expediente canaya, los famosos inversores del club estrecharon acuerdos con la nueva dirigencia, de los cuales nada se sabe porque se firmaron bajo una "cláusula de confidencialidad".

El jueves pasado Usandizaga no dudó en tratar de "sinvergüenza" a Juan Carlos Silvetti, representante de jugadores, por presentar en la Asociación del Fútbol Argentino un embargo contra Central reclamando el 30 por ciento de cada una de las operaciones que gestionó por "derechos de formación". Aquella diligencia la ofrece gratuitamente el departamento judicial de la AFA, pero así y todo la anterior dirigencia de Central le firmó un poder al agente FIFA para que lleve adelante las negociaciones cediendo el 30 por ciento de todo lo recaudado. Aquel acuerdo fue firmado el octubre de 2003, es decir antes de que Central ingrese a la convocatoria. Por lo cual, Silvetti debería haber tramitado el dinero en el concurso preventivo. Pero como nadie advierte la categoría de "preconcursal" de tal acreencia, Usandizaga se presta a pagar.

El Vasco también le pagó a los dos inversores más problemáticos que tuvo el club en los últimos años. Con uno de ellos, titular de la firma panameña Roverball Internacional, representada por el uruguayo Pedro González, y con patrocinio de Gustavo Isaack, el pasado 13 de diciembre Central saldó 2.100.000, además de asumir el club los gastos correspondientes a honorarios profesionales (más de 200 mil dólares). Con el segundo, la clausular de confidencialidad mantiene en reserva al acuerdo y de los términos de los mismos nada se sabe.

Pero así como con estos inversores se buscó una salida extrajudicial, aplazando una instancia donde se podía certificar la veracidad de la deuda exigida, ante el juzgado de Luis María Caterina, quien tiene el expediente penal sobre la ex dirigencia, Usandizaga reiteró tres denuncias: una que pone bajo sospecha de la operación con River que desembocó en la venta de Juan Ojeda, Cristian Villagra y Marco Ruben, acompañada esta con un informe del contador Jorge Greco, el mismo que rubricaba los balance contables del ex tesorero Jorge Sauan; otra contra los ex abogados del club que demandan a la entidad por más de cinco millones de pesos; y una tercera que le exige al magistrado poner la atención en un préstamo contraído con la Mutual Alcara Li Fusi.

Ante esto, el magistrado ordenó algunas pericias contables, lo que llevó a algunos funcionarios judiciales a trabajar en la sede céntrica auriazul junto a los profesionales del club para echar luz sobre estas denuncias. Todo transcurría con normalidad, hasta que la perito designada revirtió repentinamente su interpretación de la documentación cotejada, sembrando dudas sobre la seriedad de la denuncia del Vasco. Ante esto, y para poner más confusión al escenario legal, los ex dirigentes estudian demandar por "falso testimonio" al contador Greco por su informe elevado al juzgado por la venta de los jugadores a River.

Usandizaga es inflexible con los ex dirigentes y tiene la ilusión de que la Justicia haga pagar las culpas de quienes llevaron a Central al caos. Pero para algunos que fueron cómplices de aquel triste período no cree que sea Tribunales el lugar a conversar.