Como un equipo urgido a ir por el gol en tiempo de descuento, quienes defienden a ex dirigentes de Central diseñan su última estrategia legal para evitar los procesamientos de quienes diezmaron las finanzas de la institución. Al estilo de un arquero buscando el cabezazo en el área rival, allegados a la ex comisión directiva que presidiera Víctor Vesco lanzaron una ofensiva que trasciende las herramientas del derecho. Así, mientras algunos se ocupan -sin más fundamento- de recusar al juez que entiende en la causa penal, Alfredo Ivaldi Artacho, otros operan sobre los pasillos de Tribunales para que el magistrado sea desplazado de la causa penal por decisión de la Cámara. Pero el desempeño de Ivaldi Artacho no deja lugar a dudas, al igual que los inminentes procesamientos de quienes condujeron los destinos de la entidad de Arroyito hasta 2003.

Como ahora es imposible frenar el envión que tomaron las investigaciones ordenadas por la Justicia, que derivarán seguramente en el procesamiento de ex dirigentes, empleados e inversores de Central que realizaron operaciones leoninas con la entidad auriazul, en los últimos días los imputados unificaron el trabajo de su defensa e intensificaron una estrategia que se aleja de los expedientes y se parece demasiado al ejercicio de influencias.

Como primer paso, el doctor Carlos Varela presentó una recusación sobre el juez Ivaldi Artacho, a cargo de juzgado en lo Penal de la 10º Nominación. El magistrado rechazó la petición por carecer de razones y ahora es la Cámara la que debe resolver al respecto. Allí es adonde apunta Varela. La Cámara está compuesta por Elena Ramón, nombrada bajo el padrinazgo del ex senador nacional Horacio Usandizaga, hoy confeso opositor al gobierno de Pablo Scarabino; y los doctores Otto Crippa y Martín Navarro. Confiados en convencer a Ramón para que vote a favor de la recusación, quedaba por convencer a alguno de los otros dos componentes del tribunal. Como ambos magistrados se mostraron comprometidos con las investigaciones de Ivaldi Artacho, los patrocinantes de los ex dirigentes recusaron también a Otto Crippa. Al mismo tiempo, el doctor Juan Carlos Micó, abogado de los ex dirigentes, encaró la tarea de convencer al fiscal de Cámara, Guillermo Camporini, de la inocencia de sus clientes.

En caso de que Camporini esté convencido de que la solicitud de recusación es viable, con tener además a uno de los camaristas bajo la misma línea de pensamiento (esa sería Ramón), la petición tendría éxito teniendo en cuenta que Crippa fue objetado y Navarro, en soledad, tendría poca fuerza para imponer el rechazo a la recusación. Esta es la estrategia de quienes están bajo sospecha.

Pero teniendo en cuenta la seriedad que han tenido las pesquisas de la causa penal lideradas por la perito contable Elida Pujato, es improbable que en el último golpe los profesionales de los acusados logren revertir lo que no pudieron hacer, con pruebas, en el juzgado.

Fuentes tribunalicias ubican al abogado Sergio De Dossi como el principal operador de esta estrategia judicial, aunque en esta causa no actúa como profesional. De Dossi realizó diversas inversiones en el club con los ex directivos y es uno de los empresarios más comprometidos en la causa que lleva adelante Ivaldi Artacho. El abogado devenido en inversor futbolístico intervino en las irregulares transferencias de los jugadores Mauro Cetto, Germán Herrera y Luciano Figueroa, por medio de las firmas uruguayas Alicor Trust y Sport World. Y deberá dar muchas respuestas ante el magistrado para eludir el futuro judicial que le espera a los ex directivos: el procesamiento.