No es la primera vez que la doctora Liliana Giorgetti, que entiende en el concurso preventivo de Central, es objeto de presiones para torcer el definido rumbo que tomó el club desde que la Justicia asumió la responsabilidad de salvaguardar la vida de la entidad. Al concretarse la venta de Angel Di María, los acreedores más importante se lanzaron al Palacio de Tribunales a marcar la cancha, incluso poniendo en riesgo la definición de la operación que garantiza a la institución autonomía financiera necesaria para aventar toda especulación de fideicomiso. Pero con el ingreso de los euros se abre la instancia de negociaciones con los acreedores, y es allí donde la magistrada deberá echar luz entre partes, en un escenario donde hasta la Sindicatura fue cómplice, al menos por omisión, de la política de endeudamiento que llevó al club a su actual presente.

No hay nada de ocasional la embestida que inversores y abogados, ambos en carácter de acreedores, realizaron en los últimos días en Tribunales para presionar a la jueza. Lo que están en juego son los 6 millones de euros que pagará el Benfica de Portugal por Angel Di María --5.250.000 euros por el 80 por ciento del pase-- y Andrés Díaz --750.000 por el 50 por ciento de los derechos económicos--, que intentan capturar un inversor y un abogado. Al primero de ellos Central le debe, aproximadamente, 4.500.000 dólares, y al segundo algo más de 5.000.000 de pesos por supuestos honorarios.

Para evitar presiones y extorsiones, los abogados de Central notificarán mañana en el juzgado que cada uno de los euros serán depositados en una cuenta judicial, a fin quedar bajo tutela de la magistrada, mientras se coteja las veracidad de cada una de las deudas exigidas.

Acreedores y dirigentes removidos insisten en reclamar por la remoción de Pablo Scarabino con el propósito de que el actual presidente abandone Central por la misma puerta que lo hicieron sus ex compañeros de Comisión Directiva. Scarabino, en tanto, pugna por complacer cada una de las peticiones de la magistrada. Su última aspiración apunta a purgar las deudas de la entidad y cederle el poder a quién sea electo en próxima elecciones, logrando así un final de mandato digno, que lo distanciaría de la vergonzosa retirada de los directivos removidos.

Pero en la discusión judicial que se abrirá para dilucidar la verdadera deuda de Central --la genuina rondaría los diez millones de dólares, según números que maneja la jueza-- invariablemente le quita el velo a la Sindicatura de la convocatoria, que jamás alertó a la jueza de la conducta dirigencial de la anterior conducción y recién reaccionó cuando del club se ocupó la Justicia. "Durante la convocatoria la sindicatura jamás vino a la sede a controlar. Sabían de las cosas que pasaba y no sé por qué no se ocupaban. Empezaron a venir cuando la jueza ordenó poner un interventor y ahora piden todo tipo de documentación, como corresponde", confió un administrativo del club que fue testigo del repentino cambio de conducta mostrado por los contadores de la Sindicatura.

El martes próximo la dirigencia, junto a los abogados, viajarán a Lisboa a sellar el contrato por la transferencia de Di María y Díaz. Antes de abordar el avión, la conducción enviará el telegrama de despido al entrenador de las inferiores Daniel Riquelme y Ernesto Díaz. El viernes las autoridades estarán de regreso en la ciudad y presentarán la documentación para que sea evaluada por la jueza.

Pero las mayores novedades deberían aparecer en el juzgado del Dr. Eldo Juárez, quien tiene que definir la situación de los imputados en la causa penal. Es que luego de indagar a ex dirigentes e inversores por la sospecha de "estafas reiteradas", ahora es tiempo de determinar si los procesa o bien los exime de culpa y cargo. Aunque hay una tercera opción no parece no ajustarse a Derecho: que el expediente descanse con serenidad, como el que tiene el juez en lo Penal de la 11º Nominación, Hernán Postma, quien aún no resolvió la situación judicial de los directivos que formaron parte de la última dirigencia liderada por Víctor Vesco, a quienes se le comprobaron graves irregularidades.