Cuando Julio Más tenía apenas 20 años combatió por la patria. Llegó a Malvinas el 13 de abril de 1982, y al terminar la guerra, estuvo un mes como prisionero de Gran Bretaña. A todo el horror, le sumó otro: Estuvo 18 horas estaqueado, por orden de sus superiores del Regimiento de Infantería 5 de Paso de los Libres. Debió armarse de coraje para testimoniar, 25 años después, primero ante la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Corrientes, y el mes próximo ante la jueza federal de Río Grande, Lilian Herraez, que investiga 23 denuncias formuladas en abril por delitos de lesa humanidad, a las que él mes próximo se sumarán 15 nuevos testimonios, entre ellos el del rosarino Más. "Es remover el puñal en la herida, pero hay que hacerlo, es un deber cívico", expresó Más sobre lo que significa repasar aquellos meses. "Con 45 años, tenemos hijos de las edades que teníamos nosotros cuando fuimos maltratados. No querríamos que eso vuelva a pasar nunca", razonó.

La presentación judicial fue formulada por el subsecretario de Derechos Humanos de Corrientes, Pablo Vassel, con apoyo del Centro de Ex Combatientes de esa provincia. Si bien no es la primera vez que inician este tipo de demandas, sí es novedoso que la magistrada haya tomado la tipificación de lesa humanidad, que vuelve los crímenes imprescriptibles. De hecho, la jueza se trasladará hasta Corrientes para escuchar los testimonios, que enriquecerán los ya recabados por la oficina provincial. Entre las denuncias, figura un soldado fusilado, Rito Portillo, y dos muertos por inanición, Remigio Fernández y Secundino Riquelme. Todos eran de Corrientes. A otro soldado de la misma provincia, Oscar Nuñez, también lo estaquearon por 8 horas. Lo acusaron de robar una oveja. "Lo hice porque dos días antes había muerto mi compañero Riquelme de hambre", argumentó ahora, cuando declaró.

Algo parecido le ocurrió a Más. "Remigio Fernández, que era de mi compañía, murió de hambre. Al ver eso y sentirme tan mal, tan débil, cuando terminé la guardia, en lugar de irme a descansar en la carpa, me fui abajo, y me metí por todos lados a buscar comida. Un muchacho de San Lorenzo me escondió en la covacha de él, porque andaba la policía militar", rememoró. "Cuando subí me descubrieron, y me tuvieron estaqueado 18 horas", recordó. Incluso, comenzó un tiroteo y él estaba a la intemperie, mojado y aterido. "Después del estacamiento quedabas terrible. Yo tuve pie de trinchera, una enfermedad que se produce por el congelamiento. Puede llegar a la amputación, eran puntos negros en las extremidades que se habían expuesto a tanto frío, inmóviles. No me cabe la idea de cómo querían ganar la guerra maltratando a los propios soldados", apuntó Más.

Las imágenes vuelven una y otra vez a la memoria de Más, quien desgranó otras aberraciones: "Una vez, bailaron a toda la compañía porque le faltó un queso a un oficial. En plena guerra. Consideró que "la falta de provisiones se debió a una mala logística. Centralizaron todas las provisiones en Puerto Argentino. Entonces, cuando empezó la guerra, se hacía difícil trasladar la comida. Y la poca que llegaba, se repartía entre los oficiales", puntualizó. La falta de comida implicaba aún más castigos. "Otros compañeros, acusados de robar alimentos a un kelper, fueron enterrados hasta el cuello", agregó. Su compañía estaba en Puerto Howard.

No es la primera vez que los ex combatientes denuncian las torturas sufridas en la guerra de Malvinas, adonde oficiales y suboficiales reproducían métodos del Terrorismo de Estado, al que servían en el continente. "Dentro del personal de cuadros que fue a Malvinas, hubo muchos que habían estado en los centros clandestinos de detención, donde había gente secuestrada. Y allá hacían lo mismo", relató Más. Por eso es auspiciosa la intervención de la jueza federal de Río Grande. "Hasta ahora, los jueces lo enviaban a la Justicia militar o los declaraban prescriptos. Pero los crímenes de lesa humanidad no prescriben", subrayó Orlando Pascua, del Centro de Ex Combatientes de Corrientes.

Una fuente de malestar para aquellos que fueron a la guerra como soldados, con escasa instrucción, falta de alimento y abrigo, y el agravante de las torturas de sus superiores es el decreto 886 que firmó el presidente Néstor Kirchner, en el que asigna la pensión de ex combatientes a los miembros profesionales del Ejército. La semana pasada se conoció que represores como Juan Carlos Rolón, Antonio Pernías, Mario Benjamín Menéndez, Juan José Lombardo, Ricardo Guillermo Corbetta y Julio César Binotti gozan de ese beneficio. Los denunciantes esperan que a los acusados por torturas en el frente de batalla se lo quiten.