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Si bien plantear plazos concretos para su promulgación resulta tan venturoso como inapropiado, la discusión en torno a la creación de una Ley Federal de Cultura es de por sí auspiciosa. Debatida por los responsables del área cultural de la mayoría de las provincias argentinas en el congreso nacional realizado a mediados de marzo en Resistencia, la Ley establecería nuevos paradigmas, nuevas maneras de generar, consumir y distribuir los productos culturales. Para María de los Angeles González, ministra de Innovación y Cultura de Santa Fe, la Ley Federal iría más allá, según analizó en diálogo con Rosario/12.

Participante activa de un congreso que se llevó a cabo sin representantes de Capital Federal (en una nueva demostración de la peculiar visión de federalismo que se construye en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), González consideró que "la gran pregunta es saber si la Ley de Cultura será garantista de los derechos culturales, que es verdaderamente una innovación de técnica jurídica muy grande".

"Tiene que ser una ley amplia, de derechos, que garantice la multiplicidad, el federalismo, el respeto a las culturas de las distintas regiones. Y, sobre todo, la inclusión y el acceso de toda la población a los bienes culturales como un derecho básico. Por supuesto, si Argentina no tuviera buenas leyes de fomento, o tuviera que dictarlas, como la ley del libro y otras leyes, no se podría hacer una ley garantista de derechos, porque también el Estado tiene que fomentar la producción y circulación de esos derechos culturales para dictar una ley que le dé el acceso de esos bienes a toda la población. Son dos miradas, una está puesta en los creadores de los distintos lenguajes, medios y soportes, y la otra mirada está puesta en la ciudadanía en su conjunto y en las expresiones de las regiones", remarcó.

En esa misma línea, la ministra consideró que "otro debate interesante es definir si es una ley garantista o de fomento". "Creo que faltan leyes de fomento en Argentina, pero ésta debe ser una ley garantista porque los derechos constitucionales, los derechos culturales llevados a Derechos Humanos son muy importantes --amplió--. Es poner a la cultura en el lugar que la pusieron la antropología, la filosofía y la semiótica, la cultura como gran dispositivo de simbolización de un pueblo. Es importante entonces que en la ley garantista se establezcan los derechos de los pueblos originarios, que se establezcan los derechos de los grupos que han tenido menos acceso a la cultura, que se establezca cuáles van a ser los dispositivos de inclusión".

Por el momento, las discusiones no se centraron en el porcentaje del presupuesto nacional que se asignaría a las áreas de cultura, aunque se intentará marcar una base del uno por ciento. Sin embargo, para González es importante considerar la interacción presupuestaria: "Desde la forma en que nosotros estamos viendo la cultura, este presupuesto del uno por ciento dialoga fuertemente con grandes partes del presupuesto de los ministerios de educación. Es imposible pensar en el presupuesto de Cultura sin dialogar con los presupuestos de Educación, que en el caso de la provincia de Santa Fe es muy grande, y cada vez se amplía más porque es un eje del gobierno de Hermes Binner. La garantía del acceso a los bienes culturales encuentra su razón de ser en la medida que se reconsidere qué es lo que transmite la educación. Educación y Cultura van en tándem".

"Eso lo manifesté en el Consejo, y estaban de acuerdo con que es imposible que una ley garantista de cultura se separe de una ley garantista de educación. En ese caso tendría un éxito regulado al espectáculo, los artistas, la producción y los creadores, pero no va a tener la gran maquinaria de transmisión de la cultura, que es la educación", completó González, que al momento de analizar los plazos de implementación de la Ley remarcó el quiebre que significará su puesta en marcha: "Va llevar un tiempo elaborarlo, porque este concepto es para una posición profunda. Cambia la perspectiva no sólo desde el campo de los creadores, sino que cambia la relación entre educación y cultura, entre política y cultura, cambia la relación entre políticas sociales y políticas culturales. Si esta ley sucede, la cultura comienza a ser una intervención fuerte como dispositivo de inclusión. La cultura se mete en los terrenos laborales, sociales, pero no como un espectáculo llevado a tal lugar, sino como dispositivo de formación, de educación, de juego, de congregación de vínculo social".

Y concluyó: "Creo que una ley de este tipo, si se hace con las características adecuadas, es una ley de avanzada. Humildemente nosotros estamos haciendo gabinetes sociales. Si la cultura es un derecho, como la salud y la educación, esto se formula como una pirámide constitucional, es un derecho humano, entonces no va a poder ser tramitada como un campo aparte de los demás. A mi juicio la ley debería tener esa concepción, entonces pone en crisis la fragmentación del Estado, pone en crisis la idea de que la educación transmite sólo conocimientos, pone en crisis la relación entre cultura y trabajo, entre arte y trabajo. Pone en crisis las industrias culturales para que nos pongamos de acuerdo si son las del mercado del entretenimiento o son las producciones de la circulación de bienes culturales alternativos".