Jueves, 20 de diciembre de 2012 | Hoy
Por Carlos del Frade
Cada nombre, una historia. Un sueño inconcluso, arrancado de la faz de la Tierra por balas asesinas pagadas por el estado santafesino. Memoria, verdad y justicia. Mientras De La Rúa debió pasearse durante años por los tribunales federales de Buenos Aires por sus responsabilidades funcionales en la matanza de 2001 en medio de su huida aérea, el senador nacional Carlos Reutemann sigue esquivando las borrosas pistas de la justicia santafesina.
Once años después, sin embargo, cada nombre refleja la expresión individual de los sectores sociales más postergados a principios del tercer milenio.
El 80 por ciento de las víctimas de aquel diciembre eran menores de treinta años, la matriz de la crónica social argentina de las últimas cuatro décadas. La ferocidad del sistema descargándose contra los que por mandato cultural y biológico necesitan producir cambios en la realidad porque saben que la felicidad es el derecho de todos y no la propiedad privada de unos pocos.
Gritan aquellos números de los expedientes olvidados de 2002: para la policía provincial hubo 5.710 personas movilizadas en las calles del Gran Rosario entre el 19 y 20 de diciembre. Mataron a siete. Una víctima fatal por cada mil personas involucradas. Triste récord homicida que solamente encuentra punto de comparación en la realidad colombiana de los últimos treinta años. Fenomenal poder de fuego de La Santafesina SA.
Aquellas balas terminaron con vidas sencillas de mujeres, hombres, pibas y pibes que querían encontrarle algún sentido a la palabra futuro.
Dicen esos papeles que todavía descansan en los tribunales provinciales... Yanina García tenía 18 años, buscaba a su hija Brenda, en Pasco al 4500, en Rosario. La mató La Santafesina SA con munición 9 milímetros, reglamentaria. Eran las 16.30 del 19 de diciembre. Mucho antes del estado de sitio declarado por los restos del gobierno de De La Rúa.
Juan Marcelo Delgado, de 28 años, fue fusilado. Cinco balazos le cosieron el cuerpo en la zona de Necochea y Cochabamba.
Graciela Acosta tenía 34 años y siete hijos. Vivía en Villa Gobernador Gálvez. La mató también la policía provincial a las 17 de aquel 19 de diciembre.
El cuarto asesinado de ese miércoles fue Claudio Pocho Lepratti. Defendía a los pibes desde los altos de la escuela de España y Caña de Ambar. A la garganta, como bien dice Gustavo Martínez.
A Rubén Pereyra lo mataron por las dudas. Era ciruja, trabajaba juntando basura y llevándola con su carro. Su cuerpo apareció en Flor de Nácar y Hortensia, pocos minutos después de la medianoche del 19 de diciembre.
Tenía edad para estar en una escuela secundaria, pero a Ricardo Villalba lo mataron a los dieciséis años alrededor de las 1.40 en la madrugada del jueves 20 de diciembre de 2001.
Fue a quince cuadras del Parque Alem, cerca de la cancha de Central, donde mataron a Walter Campos, también de dieciséis años. Lo mató el entonces sargento Angel Omar Iglesias, uno de los cuatro mejores tiradores de La Santafesina SA.
El llamado Informe Preliminar de la Comisión No Gubernamental de los hechos de diciembre de 2001, donde estaba el luminoso quijote rosarino Rubén Naranjo, sostuvo que la policía provincial preparó una emboscada contra los desesperados que buscaban alimentos en aquellos días de rebeldía, furia y esperanza.
"En todas los casos investigados a la fecha, las actuaciones colectivas fueron pacíficas y tendientes a establecer negociaciones que dieran satisfacciones a los reclamos de entrega de comida", sostenía la Comisión.
Once años después, decenas y decenas de militantes de organizaciones sociales y políticas recorrieron las calles en bicicleta pedaleando por justicia, por memoria, por esperanza. Haciendo una síntesis entre las bicicletas que el artista popular Fernando Traverso identificó con los 780 desaparecidos de la provincia de Santa Fe y la del Pocho Lepratti con la que atravesaba la ciudad desde Ludueña a Las Flores. Pedaleando por los sueños colectivos inconclusos, construyendo justicia. Memoria esquina esperanza.
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