El juez Alejandro Martín, a cargo del Civil y Comercial Nº 17, desde donde se ordenaron las maniobras irregulares con depósitos judiciales inmovilizados, negó ayer los delitos que se le imputaron durante la indagatoria. Aunque reconoció haber firmado los embargos, apuntó a que éstos estaban bien justificados, y dijo que si hubo un desmanejo de fondos, él fue un "sujeto pasivo". Luego de las primeras tres declaraciones que se tomaron ayer por la mañana en el juzgado de Instrucción Nº 12, se conocieron los delitos por los que se investiga al juez, a su secretario Ricardo Lavaca --ambos suspendidos preventivamente por decisión de la Corte Suprema santafesina--, y a los profesionales acusados de corrupción judicial. La jueza Mónica Lamperti los imputó por "asociación ilícita, estafa reiterada, defraudación y falsificación de documento público", entre otros delitos. El fiscal Carlos Covani indicó que no presentó pedidos de detención. En tanto, la investigación sumaria paralela, que elaboró el camarista Edgar Baracat sobre el juez y su secretario, a pedido de la Corte, fue entregado al máximo tribunal provincial, y de allí, enviado a la Procuración, a cargo de Jorge Barraguirre para su dictamen.

En el marco de las declaraciones por el escándalo judicial que se desarrollaron durante toda la mañana y la tarde de ayer, en el primer piso de Tribunales, había un ambiente tenso y movimientos silenciosos. Poco antes de las 13 se dieron a conocer las primeras imputaciones y el descargo de tres de los acusados en una denuncia del Banco Municipal, del 31 de octubre pasado, sobre maniobras "poco claras", con embargos ordenados por el Civil 17º hacia cuentas de otros juzgados, y cobrados por tres abogados y un martillero. La suma asciende a un millón 50 mil pesos. Aunque se devolvió la mitad.

El abogado Jorge Heter fue el primer indagado. Según pudo saber este diario, el letrado acusado --junto con los demás profesionales-- de cobrar dinero de fondos embargados por el Civil 17 a cuentas judiciales de otros juzgados, en el Banco Municipal, negó la acusación y se abstuvo a declarar, ante la "complejidad de la imputación", y adelantó que pedirá una ampliación de indagatoria.

Poco después fue el turno del abogado Martín Sugasti, quien reconoció haber cobrado en una sola oportunidad "a pedido de Luciano García Montaño", otro de los profesionales implicado en las maniobras. La fiscalía confirmó que al letrado le detectaron un solo cobro, por alrededor de cinco mil pesos, con un oficio del otro abogado. La defensa de Sugasti señaló que su cliente manifestó "agenidad" y atribuyó el cobro de los fondos a una "circunstancia fortuita aislada", provocada por el "pedido de otro investigado en esta causa, como favor". Al mismo tiempo, aseguró que "desconoce la operatoria", realizada en 57 oportunidades, desde el juzgado del juez Martín.

El martillero Oscar Kovaleski ingresó a declarar alrededor del mediodía; pero, según se indicó a este diario, negó su participación en los hechos imputados y se abstuvo de responder preguntas. Después de las 13 la cita era para el abogado Luciano García Montaño, y también apuntó a la "complejidad de la imputación", por lo que tras negar los hechos, se abstuvo a declarar.

Cerca de las 15 el juez Martín ingresó al despacho de la jueza Lamperti, donde estuvo alrededor de dos horas con sus defensores Carlos Edwards, Carlos Varela y Adrián Martínez. Antes de la audiencia, presentó un escrito de más de treinta páginas "con una valoración técnica de la investigación que se está realizando y de descargo jurídicas", señaló Varela al salir del Tribunal. Luego, tanto el fiscal como la jueza y la secretaria le realizaron preguntas que respondió "con explicaciones de cada punto sometido a cuestionamiento".

Al mismo tiempo, una de las fuentes del caso indicó que el juez habría sido "sometido a engaño"; es decir, si hubo una maniobra, él asegura no tener "absolutamente nada que ver". El secretario Ricardo Lavaca entró al juzgado después de las 17. Según trascendió, Lavaca contradijo a su superior en su declaración, achacándole responsabilidades.

En tanto, continúa la búsqueda de una conexión bancaria, ante la posibilidad de que alguien haya brindado datos de las cuentas inmovilizadas. Las maniobras, detectadas y denunciadas ante la Justicia por el propio Banco Municipal, fueron realizadas entre mediados de 2010 y septiembre 2012.

La mecánica consistía en librar embargos desde el juzgado investigado a partir de cinco expedientes, sobre depósitos judiciales de otros juzgados, y luego cobradas por los profesionales investigados.

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