Sábado, 10 de diciembre de 2005 | Hoy
Miraba el almanaque y me daba cuenta lo cerca que estamos de cumplir un año más desde aquel 19 y 20 del diciembre trágico de 2001. También recuerdo como por aquellos días y durante unos cuantos años, tanto por los elevados precios como por algún tipo de concientización sobre la importancia de la industria nacional, hubo muchos ciudadanos que priorizaban en sus compras los productos nacionales e incluso locales a la hora de comprar. Pero ¿qué pasó? Lo de siempre. Nos fuimos "olvidando", nos fuimos "acostumbrando", algunas convicciones sobre el Compre Nacional parecieron no ser tan fuertes. Y de esa manera en nuestras magras salidas de compras fuimos naturalizando los aumentos de precios. Nos fuimos olvidando que comprar es un acto político y así fuimos legitimando lo que hoy vemos como la preocupante escalada inflacionaria. Los consumidores no hemos tomado conciencia que debemos evolucionar en el sentido de que siendo responsables también somos ciudadanos comprometidos. Me pregunto por qué dejamos solo en manos del gobierno el control de los precios. Porque también nosotros tenemos herramientas para controlar. Cada vez que ponemos un producto dentro del carrito del supermercado estamos ejerciendo un acto de ciudadanía y debemos ser absolutamente concientes de ese hecho. Porque luego, cuando no nos alcanza para llegar a fin de mes las quejas siempre son hacia otros: el gobierno, los empresarios, los economistas, los políticos... y es cierto. Pero también esa responsabilidad es nuestra.
Ejerzamos una ciudadanía efectiva y hagamos valer todos nuestros derechos a la hora de comprar, pero seamos responsables de la parte que nos toca.
Silvia Ceconi
A través de estos últimos años, quienes se atribuyen la defensa de los derechos humanos, desde los cargos de distintos gobiernos ya sean nacionales y/o provinciales, han demostrado con sus acciones de tinte presuntamente "progresistas" que utilizan dichas banderas para abrirse políticamente un espacio de credibilidad que les permita imponer su otro aspecto, el que grava y lesiona los intereses populares, manteniendo privatizaciones subsidiadas, pagando una deuda externa ilegítima y fraudulenta, imponiendo un superávit fiscal que colapsa la salud, la educación y la justicia y mantienen una indigencia salarial que viola y trasgreden permanentemente los principios constitucionales protegidos por el art. 14 bis de la Carta Magna. Mantienen leyes y procedimientos que evitan el libre ejercicio de los derechos a la libre información de la opinión pública y reprimen las luchas reivindicativas en lo económico del conjunto de la población en beneficio de los grandes monopolios multinacionales. O sea que nuestros gobernantes no tienen voluntad ni aptitud política e ideológica para resolver los grandes problemas nacionales como el hambre, el trabajo, la ecuación, la salud y demás, puesto que concentrando tanta riqueza en pocas manos no se atreven ni piensan en modificar drásticamente y rápidamente dicha situación.
Amílcar Monti
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