La Corte Suprema de Justicia de la provincia anuló una sentencia de la Cámara Penal de Rosario (Sala I) que había declarado prescripta la causa IBM﷓Banco de Santa Fe al aplicar la reforma al Código Penal que el Congreso de la Nación sancionó en diciembre del año pasado, con lo cual sentó un precedente para revocar fallos similares en casos emblemáticos, entre ellos el que involucra al ex vicegobernador Antonio Vanrell. La Corte hizo lugar a un recurso de inconstitucionalidad que había planteado el fiscal de Cámara de Rosario, Danilo Imhoff al interpretar que la resolución de la Sala que exculpó a uno de los imputados en el affaire, Carlos Eduardo Schillagi, era "arbitraria". El escándalo estalló en 1991, en las postrimerías del gobierno de Víctor Reviglio, cuando el directorio del Banco que entonces presidía Nicolás Baclini compró equipos informáticos a la multinacional norteamericana y ahora, catorce años después, la Corte resolvió que las investigaciones tienen que continuar.

El eje del debate en los estrados judiciales se había centrado en la interpretación del artículo 67 del Código Penal que enumera las causales que interrumpen la prescripción. En este caso, la Corte entendió que la prescripción había quedado interrumpida con "el decreto dictado por el juez de sentencia luego de recibida la causa, que dispone el traslado para la defensa (artículo 378 Código Procesal Penal)".

El fallo recuerda que el articulo 67 del Código Penal establece que "la prescripción se interrumpe solamente por el auto de citación a juicio o acto procesal equivalente". Por lo tanto, la Corte entendió que en la legislación procesal santafesina el acto procesal equivalente a la citación a juicio oral era justamente el decreto antes mencionado.

La Cámara Penal de Rosario "incurrió en arbitrariedad al dejar de lado lo previsto por el artículo 67 del Código Penal, violando también el principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley (según el criterio atacado, un imputado en un proceso penal ante la justicia nacional se vería perjudicado con una causal más de interrupción de la prescripción de la acción penal, que si fuera juzgado en nuestra provincia).

El primer voto del fallo de la Corte fue del ministro Mario Netri, al que adhirieron en forma unánime los restantes miembros del tribunal: el presidente, Rafael Gutiérrez, María Angélica Gastaldi, Eduardo Spuler y Rodolfo Vigo).

El affaire se remonta al 11 de junio de 1991, cuando el directorio del Banco de Santa Fe contrató a la empresa IBM para instalar equipos y programas en 49 sucursales de la provincia a un costo de 28 millones 700 mil dólares.

"Pero para arribar a este acuerdo, ambas partes se movieron de una manera sugestiva: las empresas que cotizaron las mejores ofertas fueron desestimadas. IBM, que había sido descalificada por no pasar el nivel de los requisitos técnicos, resultó admitida tras declararse desierto el primer concurso. Aunque la empresa NCR impugnó el contrato, el directorio del Banco Santa Fe desconoció esa objeción", recordó ayer el diario El Litoral.

Las denuncias por sobreprecios llegaron entonces a la Justicia, aunque el caso fue investigado también por una comisión investigadora que presidió el abogado ya fallecido, Alfredo Nogueras, en el primero gobierno de Jorge Obeid.

A mediados de este año, la Cámara Penal de Rosario (Sala I) consideró que la causa estaba prescripta por aplicación del artículo 67 del Código Penal, que el Congreso de la Nación había reformado en diciembre de 2004. El mismo argumento se utilizó para archivar otros casos emblemáticos, entre ellos el que involucra a Vanrell.

Pero ahora, la Corte anuló el fallo de la Sala al interpretar que una resolución del juez de sentencia -el traslado a la defensa﷓ había interrumpido la prescripción del caso IBM﷓Banco de Santa Fe y establece un precedente para procesos de alto impacto público.

En el caso Vanrell, el fiscal Nº 2, Ricardo Favaretto apeló la resolución que declaraba prescripta la causa por lo que ahora deberá resolver la Cámara Penal de Santa Fe (Sala I). El fallo de la Corte abre la posibilidad de que el tribunal pueda resolver en el mismo sentido y ordenar que continúen las investigaciones.