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Asesinato de Silvia

El solo hecho que se haya instalado como posible la hipótesis de que el asesinato de Silvia Suppo pueda haber sido obra de un grupo de tareas o un crimen por encargo a un sicario revela el agotamiento de una estrategia equivocada: la de pensar la seguridad de los testigos en los juicios por delitos de lesa humanidad desde la lógica de la lucha contra los narcotraficantes: custodia personalizada, entrega de celulares del tipo "antipánico", para no hablar de los ridículos consejos del Director del Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados de cambiarse la cara mediante una operación de cirugía plástica.

Juzgar el Genocidio no es tarea fácil y los problemas surgidos en el proceso de intentarlo sin una estrategia estatal unificada e integral, revelan la poca voluntad política de enfrentar a los organizadores, impulsores, financiadores y beneficiarios del Terrorismo de Estado.

La falta de correspondencia entre el objeto a investigar: un Genocidio, planificado estatalmente como parte de una operación continental de contrainsurgencia de vasto alcance, y el instrumento jurídico con que se pretende abarcarlo es más que evidente en el penoso hecho de la fragmentación de las causas y la dispersión de las responsabilidades.

De este modo mas allá de las voluntades e intenciones en juego, la estrategia jurídica objetivamente propicia la impunidad.

Algo de eso estaba planteado en el fallo del Tribunal Oral Federal Número Uno de La Plata contra Echecolatz que fue tapado por el secuestro de Julio López: discutir socialmente que así no hay justicia y que hacía falta otro enfoque jurídico, capaz de juzgar rápidamente al inmenso grupo de represores, intelectuales, políticos, empresarios, embajadores, etc. que perpetraron el Genocidio.

No se trata de pensar "como proteger los testigos", como si fuera un grupo de minusválidos en peligro, sino de derrotar la impunidad.

El posibilismo del progresismo ha llegado a un punto muerto: no se anima a plantear el juicio a castigo a todos los culpables, porque presiente que eso lo llevaría a un enfrentamiento a fondo con el Poder real, y no sabe como resolver el problema de haber asumido como propios los juicios y no poder garantizar nada a los militantes que sostienen los juicios. Decimos simplemente ¿donde está Julio López? y todo el discurso triunfalista del "gobierno de los derechos humanos" se viene abajo. Y ahora Silvia Suppo.

Liga Argentina por los Derechos del Hombre