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Boliches

Consideramos desafortunada y poco comprometida la posición de los dueños de boliches y bares nocturnos de descartar la posibilidad de la colocación de Cámaras de seguridad fuera de los locales bailables. En algunos de los hechos de violencia alrededor de estos comercios ha habido involucrado personal de mismo local o peor aún, han surgido presunciones o sospechas muy serias de que los mismos dueños pueden estar conectados. Por eso mismo, es muy llamativa la posición tomada por los titulares de boliches. Parece que no quieren que se los controle.

Creemos que las videocámaras conectadas a la central de monitoreo del municipio y no al propio boliche brindan un marco de mayor rigurosidad para el control y posterior investigación de hechos violentos. Uno debería esperar máxima colaboración de los bolicheros y al encontrarse con que no es así, resulta curioso y llamativo.

Que el dueño de un boliche diga que no tiene responsabilidad por lo que ocurre en el entorno del mismo en el horario de funcionamiento es como si el dueño de una fábrica dijera que no es su problema lo que ocurra con el humo producido por el establecimiento al salir de la chimenea.

Es desafortunada la comparación con las farmacias o los supermercados y otros comercios, porque la estadística de hechos de violencia alrededor de este tipo de lugares no admite comparación con las que se generan cerca de los locales nocturnos.

Los boliches son establecimientos cuya propia actividad, consumo de alcohol y otras características, son más propensos a generar hechos de violencia. A nadie se le ocurre por ello prohibirlos. Tampoco culpar mecánicamente a los bolicheros por cualquier falta o delito que se produzca allí. Sí es razonable que se tomen todas las medidas de prevención que hagan falta. Es evidente que las actuales han resultado insuficientes en muchos casos.

Proponemos que los costos de instalación de los sistemas de seguridad estén a cargo de los dueños de los boliches porque es la misma existencia del comercio lo que provoca más probabilidades de hechos de violencia.

Por lo tanto, el monitoreo de las imágenes debe estar en manos del Ejecutivo Municipal y como señala la ordenanza 9025 --de instalación de Cámaras de seguridad-- dichas imágenes deben ser remitidas a la Justicia en caso de ser necesario o si son pedidas por un magistrado.

Alberto Cortés

Concejal

Partido Socialista Auténtico