"Se necesita un cambio en la Justicia, no sólo federal, sino también a nivel provincial. Es el último poder que no está democratizado, y la consecuencia son las experiencias que relatan las víctimas, ciudadanos comunes que han debido adentrarse en Tribunales en busca de sus derechos", reclamó Franco Picardi, subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial del Ministerio de Justicia de la Nación. Lo habían precedido duros relatos de casos impunes, como el del padre de Paula Perassi, la joven desaparecida en San Lorenzo, el de la madre de Ursula Notz, fallecida en un accidente de tránsito, y el de una funcionaria que trabaja en villa Moreno, el barrio del triple crimen de enero de 2012.

Así transcurrió anoche, en la sede de Gobierno de la UNR, el capítulo rosarino de los encuentros federales denominados "La sociedad le habla a la Justicia", organizados por la cartera que conduce Julio Alak y que recorre el país cosechando argumentos "que hagan visible la necesidad de transparentar el Poder Judicial", indicó la directora ministerial María Paula Pontoriero, y sembrando consenso en torno al paquete de leyes para lograr la reforma del sistema.

Justo ayer se cumplían 22 meses de la desaparición de Paula Perassi. Su padre, Alberto, conmovió con contundente relato de su tragedia: "A mí el juez me dijo, no con estas palabras de gringo laburante, sino con el lenguaje lindo de un juez, que mi hija era una loquita, que cuando le pasara la calentura iba a volver. Pasaron 22 meses y ella nunca volvió. Tengo dos nietos a los que tengo que darle una explicación sobre qué pasó con su mamá", dijo Perassi, y acusó al fiscal y al juez de la causa de "querer enfriar" la investigación.

Mónica Gangemi dirige la Asociación Civil Compromiso por Ursula y Carla. Su hija murió a los 16, en 2005, en el choque protagonizado por Matías Capozzuca en Parque Norte. También murió Nayib Abraham, y Carla Alfaro quedó en coma permanente. Reclamó la necesidad de "debatir para lograr la transformación de una justicia nueva y legítima, porque nos roban a nuestros hijos, y encima tenemos que sufrir y lidiar con los operadores judiciales".

También Marina Magnani, directora del Centro de Acceso a la Justicia en villa Moreno, pidió una "reforma profunda del sistema que permita el acceso democrático y el conocimiento de la Justicia".

Picardi cerró la jornada reafirmando cada una de las leyes de reforma judicial, incluso las que activaron la reacción corporativa de la magistratura. "¿Quién puede negarse a que se publique las declaraciones juradas de los funcionarios judiciales, como ocurre con los otros dos poderes? ¿Cómo pueden oponerse al registro de causas, para que se sepan cuáles son y por qué, las que van al archivo, las que están cajoneadas? Eso apunta a transparentar el sistema", subrayó Picardi. También defendió "el ingreso democrático, por examen y sorteo, del personal judicial, que hoy entra a dedo, y que el secretario del gremio (Julio Piumato) se opuso por una cuestión mezquina y política". También justificó la limitación de cautelares "para que no sean eternas ni regulen cuestiones de fondo, como pasa con la ley de medios que está hace cuatro años sin resolver". Y reprochó a la Corte su declaración de inconstitucionalidad sobre la elección de los miembros del Consejo de la Magistratura por voto popular. "El Consejo es el órgano político del Poder Judicial, y desde antes existe la política en ese poder, aunque lo disimulan con hipocresía. No está mal, pero esta ley pretende hacerlo visible para no mentirle al pueblo", remarcó. A su lado estaban el diputado nacional Marcos Cleri, el diputado provincial Eduardo Toniolli, los candidatos Eduardo Seminara, Josefina González y Romina Luciani.

El fiscal federal Juan Murray cuestionó que el sistema actual permita casos como el del juez de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzo, cuestionado por su rol durante la dictadura y por dilatar causas sobre delitos de lesa humanidad. "Más temprano que tarde vamos a tener la posibilidad de una elección de jueces, o al menos de los encargados de seleccionarlos", proclamó. El defensor general de la provincial, Gabriel Ganón, valoró que el debate lanzado este año desde el gobierno nacional "puso en crisis el modelo de pensamiento único sobre la Justicia". Desde la Asociación de Abogados Laboralistas, Jorge Elizondo dijo: "La ideología liberal hace prevalecer el criterio de que son las corporaciones de jueces y abogados las que deben dominar el Consejo de la Magistratura". El penalista Adrián Ruiz, por el Colegio de Abogados, puso en tela de juicio "la existencia de mitos en torno a la reforma del enjuiciamiento penal en Santa Fe", y concluyó: "Este sistema no le sirve a gente como Alberto y Mónica, que acudieron en busca de justicia y no la hallaron".