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Fondos

Estimado Gustavo Leone: me iba a tomar unos días para responder su carta del 27/11, a fin de que usted pudiera adquirir dimensión del impacto operativo que iba a tener el fallo de la Corte sobre la Anses (que declara inconstitucional, a pedido de Binner, una Ley votada por... Binner). Pero no hizo falta: esa misma tarde algunos gobernadores anunciaron que iniciarían el mismo reclamo.

Esas declaraciones clarifican dos cosas: que la detracción de fondos para financiar el sistema de seguridad social no se efectúa sobre una provincia en particular (en base a un supuesto criterio "discriminatorio"), sino sobre la masa coparticipable que se constituye con aportes de todas las provincias y de la Nación; y que el fallo empezó a generar un efecto dominó de reclamos provinciales que, en caso de ser satisfechos, redundarán en un déficit estructural de la Anses.

Nuestro sistema previsional (que hoy brinda cobertura al 97% de los pasivos) integra una serie de políticas públicas gestadas por los gobiernos nacionales del 2003 en adelante, que -al mismo tiempo que aportan al consumo popular como motor de la economía- se proponen compensar la transferencia de servicios sociales a las provincias en los 90', como la educación y la salud, asumiendo desde el Estado nacional la responsabilidad de morigerar consecuencias sociales de aquellas políticas neoliberales. En ese marco, 9 de cada 10 jubilados santafesinos cobran sus haberes por medio de la Anses (576 mil si sumamos a los pensionados), 262 mil niños santafesinos reciben la AUH, 24500 familias santafesinas pudieron construir su casa con el Procrear, 306 mil estudiantes santafesinos accedieron a una netbook, 55 mil jóvenes santafesinos estudian gracias al Progresar, todos programas sostenidos por el citado organismo nacional.

Curioso "federalismo" aquel que se desentiende de la suerte de los habitantes de su provincia, que -como vemos- se verían profundamente afectados por un eventual estallido del sistema nacional de seguridad social, o por las previsibles soluciones de una gestión liberal (como la que se inicia nacionalmente) a un eventual déficit estructural del área: privatización, endeudamiento externo, aumento de la edad jubilatoria o (como propone la Corte en su fallo con pretensiones co-gubernativas) venta de las acciones de la Anses en empresas privadas, tal como viene exigiendo un poder económico concentrado poco afecto a ser controlado por el Estado.

Eduardo Toniolli - Concejal electo del Frente para la Victoria