Un ojo entrenado que viene de afuera -aunque nació en Argentina- afirma que "Santa Fe es muy deseable para la delincuencia organizada, porque tiene muchos puertos fluviales, enormemente tentadores para grupos criminales y sectores muy dinámicos en el universo de los delitos económicos, porque además no hay medidas adecuadas para contrarrestarlos". Quien lo dice es Edgardo Buscaglia, investigador en Derecho y Economía de la Universidad de Columbia, de Estados Unidos, y presidente del Instituto de Acción Ciudadana de México. Con su equipo se dedica a evaluar sistemas judiciales de distintos países y asesorar en el combate y prevención del delito organizado y la corrupción privada y pública, financiado por la universidad referida. Así recaló por estos días en su país natal, con la misión de tomar nota de lo que ve e interpreta, y dejar consejos. "El gobierno de Santa Fe me ha invitado a evaluar las medidas que ha tomado, pero aquí nadie cobra nada: esto forma parte de mi actividad académica", se atajó, en diálogo con Rosario/12.

"La economía formal está infiltrada de grupos criminales, sin dudas. No hay un solo caso en el planeta donde no suceda. Hay una enorme infiltración de grupos criminales sobre los puertos privados que operan en Santa Fe, y no veo que el gobierno federal, con jurisdicción allí, actúe con el gobierno provincial. No han reaccionado. No puede haber presencia criminal en Santa Fe sin valerse de los más de diez puertos que hay aquí", advirtió.

En un intervalo de reuniones con funcionarios de la Secretaría de Delitos Complejos, Buscaglia dejó sus impresiones: "Generalmente, las estructuras de un Estado han sido infiltradas por grupos criminales cuando sus gobiernos están paralizados años tras años sin tomar medidas. Y ahí cabe evaluar cómo se financian las campañas electorales, qué hacen los empresarios vinculados al poder político".

Postula el consultor que un estado debe actuar en simultáneo al menos en cuatro áreas de políticas públicas para contrarrestar la penetración de la delincuencia organizada: reforma judicial, fuerte inversión en contención social, control patrimonial mediante instrumentos no penales y rigor fiscal tributario. "En los países donde se aplican políticas preventivas en lo social, donde jueces, fiscales y policías trabajan mejor y se emiten sentencias condenatorias con mayor frecuencia y se combate la corrupción política, cuando se detectan empresas legales vinculadas a grupos ilegales y se las decomisa, entonces bajan los delitos económicos", aseguró. Y en este punto plantó su crítica: "Argentina no está implementando ninguna de estas cuatro políticas. Santa Fe está implementando dos de ellas, aunque todavía son prematuras como para evaluarlas: la reforma de su sistema procesal penal y la generación de un órgano coordinador de las políticas sociales desde educación, infraestructura y programas de apoyo ciudadano en áreas conflictivas", dijo en alusión última al Programa de Intervención Integral en Barrios, presentado el mes pasado por el gobernador Antonio Bonfatti y su "gabinete social", con un presupuesto global de más de 2 mil millones de pesos. Esta cuestión es central en su análisis, para evitar lo que él llama "la paradoja de la represión": "Si no se invierte en lo social, si no se desmantela la infraestructura patrimonial de las organizaciones delictivas, si no combates la corrupción política y sólo envías soldados, el poder delictivo seguirá corrompiendo a esos soldados. Más reprimes, más delito hay. La cuestión es tocar los bienes e invertir en el tejido social. El Cartel del Golfo incorporó a todo un regimiento militar a su organización. Para esas empresas delictivas, la corrupción es un rubro más en sus gastos operativos".

Buscaglia amplía el horizonte de lo que usualmente connota la categoría "delito económico". "Sáquense de la cabeza que delincuencia organizada es sólo narcotráfico. Este es el menor de los problemas que tienen. Hoy Argentina es un centro internacional de compra venta de seres humanos, de tráfico de migrantes. El narcotráfico es una versión más de las 17 de delitos económicos que tiene Argentina. El problema es mucho más grave", definió. Y fijó lo que considera una "falta de reacción estatal" en que "no se implemente con más frecuencia la ley de lavado de dinero, que se esté cooperando con Brasil en los 17 casos de grupos criminales que operan en Argentina. Hay una enorme infiltración de grupos criminales sobre los puertos privados que operan en Santa Fe. No adjudico ninguna intencionalidad malvada, digo que no se ha reaccionado". Y abogó por la cooperación del nivel federal con la provincia en cerrar filas ante las oportunidades que el panorama local ofrece para negocios ilícitos de orden transnacional.

-¿Cuáles son los síntomas de una sociedad que está experimentando una fuerte penetración de estas organizaciones delictivas en la economía formal?

-No hay caso en el planeta en que los grupos criminales logren cierto nivel sin involucrarse en la economía formal. El fin de toda asociación ilícita es legalizar su dinero. Un síntoma es tener tantos reportes de otros países sobre operaciones sospechosas que mencionan a Argentina, no sólo desde Estados Unidos, la Unión Europea reunió información sobre decenas de casos. Argentina se ha transformado en un centro de producción de drogas sintéticas, de trata de personas hacia diferentes lugares. Debe haber control de las empresas formales. No hay reacción institucional ante las denuncias".

-¿Cómo se infiltra el delito en el Estado, en la economía formal?

-Por ejemplo, una hipótesis que los fiscales deberían tomar son las licitaciones públicas. En Italia, el 20 o 25% de los ingresos de la Camorra (mafia napolitana) y la 'Ndrangheta (mafia calabresa) proviene de licitaciones de obras públicas con empresas legales que licitan y ganan, y sobrecargan 5 o 6 veces el precio del asfalto o el cemento".

Una de las formas de esa reacción que el observador reclama es una instancia de control de la evolución patrimonial de empresas y personas por fuera del sistema penal. "Son vacíos de Estado, ausencia de una institución que debería existir, o paralizada en la práctica como lo es la UIF aquí. No es serio que haya una sola condena por lavado de dinero", dijo al referir su libro Vacíos de poder. Y citó un ejemplo de blanqueo fácil: "Si querés lavar dinero desde Líbano a la Argentina para cometer un acto terrorista, sólo envías 50.000 sillas valuadas en 10 centavos, y las vendes en Argentina a 100 dólares cada una. Con eso lavas dinero sin pasar por el sistema financiero, y eso pasa actualmente a través de los sistemas aduaneros. No veo que las aduanas estén cooperando con el gobierno provincial para identificar aquellos bienes y servicios con precios anormales que están penetrando en el país".

-La policía es una forma, a veces la única, de presencia estatal en territorio; sin embargo parece actuar como gerenciadora de delitos económicos, en lugar de ser su preventora y perseguidora.

-Eso sucede donde la delincuencia organizada está descontrolada. La policía es una de las primeras instituciones que las organizaciones delictivas capturan: policías, políticos, asambleas municipales, intendencias. Y sucede cuando hay descontrol patrimonial.

En opinión del analista, la esfera política no es ajena a la degradación policial. "La policía es instrumento del poder politico. No hay corrupción policial sin corrupción política asociada. No existe el policía que trabaja como una mafia autónoma, al menos en los 109 países que hemos visto".

Buscaglia insiste con que "si no hay instancias de investigación patrimonial, no habrá disminución de delitos económicos", y vuelve sobre el rosario de puertos del principal polo aceitero agroexportador del mundo. "El gobierno federal debería partir de la hipótesis de que los puertos sujetos a concesiones privadas en Santa Fe han sido infiltrados por organizaciones criminales. De esto no se habla y diría que ya mismo debieran trabajar ambos gobiernos en coordinación operativa. Si lo hacen, todos ganan, no es un juego de suma cero. La delincuencia organizada es una máquina succionadora de vidas humanas".