El abogado constitucionalista rosarino Iván José María Cullen, salió ayer a desmentir haber firmado el llamado Manifiesto "La justicia y los juicios de lesa humanidad" suscripto por la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, que fueron acompañados por otros letrados. El texto básicamente exige el final de los juicios contra los terroristas de estado, so pretexto de injusticias y detenciones injustificadas. "Cuando recibí el texto, decidí no firmarlo ni dar mi conformidad con éste, aun cuando podía coincidir con algunos aspectos. Evidentemente se ha confundido mi silencio con una aceptación que no transmití" confesó ayer Cullen a Rosario/12. El documento fue acompañado por una editorial del diario La Nación, que se expresaba en la misma sintonía y que mereció el rechazo de la diputada nacional kirchnerista Josefina González: "Posiciones jurídico-ideológicas como las que suscriben estas personas quieren volver a instalar viejas discusiones que ya la sociedad Argentina tiene saldadas. El repudio y posterior juzgamiento a los responsables del terrorismo de Estado es una bandera que sienten propia todos los sectores políticos, sociales y culturales de la Argentina", aseguró la legisladora hija de desaparecidos.

La denominada Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, que ganó notoriedad por su defensa política de la última dictadura y por su rechazo a los juicios por crímenes de lesa humanidad, se quejó ante la Corte Suprema Nacional argumentando que los acusados por esos delitos sufren "seria discriminación". "Bajo el pretexto de la comisión de delitos de lesa humanidad" -sostiene la entidad- a los condenados e imputados por esos crímenes "se les ha negado el beneficio de la detención domiciliaria y de una asistencia médica elemental", además de mantenérselos "en prisión provisional, sin condena".

A su vez, afirman que "bajo el pretexto de la comisión de delitos de lesa humanidad, se violó el principio de legalidad, se reabrieron procesos que habían adquirido categoría de cosa juzgada y a los supuestos responsables de esos delitos se los ha privado de su derecho a un debido proceso, se les ha negado el beneficio de la detención domiciliaria y se los ha excluído de una asistencia médica elemental".

En diálogo con este diario, Cullen dejó claro: "No comparto el incumplimiento del principio de legalidad, el valor de la cosa juzgada, la ley penal más benigna y el instituto de la prescripción, sin aclarar que estos principios tan importantes ceden ante la necesidad de permitir el juzgamiento de tan horrendos crímenes". Agregó que "todo esto quedó claro hace 70 años con los juicios de Nüremberg y Tokio donde se juzgaron a los responsables del holocausto con la base de una ley 'ex post facto' por un tribunal internacional constituido para tal fin sin admitir la defensa de la 'obediencia debida'". Para el abogado rosarino, "los delitos de lesa humanidad no pueden quedar impunes, por ello son imprescriptibles y ninguna ley de 'autoamnistía' puede evitar su juzgamiento".

Finalmente, Cullen recordó que como convencional constituyente en 1994

integró "la Comisión de Tratados Internacionales; incluso propuse que todos los tratados de derechos humanos tuvieran jerarquía constitucional y, por supuesto, voté el texto finalmente sancionado. Por todo esto rechacé firmar el documento", sentenció.

Por si fuera poco el Manifiesto finalizaba en un brutal llamado a las nuevas autoridades nacionales: "Esto debe terminar. El nuevo gobierno, la nueva dirigencia política, despojada de la ideología y de la instrumentalización política del odio y la venganza que caracterizaron a los años precedentes, constituyen una esperanza y es indispensable que restauren la concordia y la plena vigencia de los principios y contenidos del orden jurídico".

La dureza del texto mereció el rechazo legislativo de Josefina González. "Episodios como estos refuerzan el concepto que tanto repetimos sobre que las dictaduras fueron cívico-militares. Dejando ver su matriz ideológica muy profunda concurren en auxilio de aquella dictadura, por un lado, los formadores de opinión que pretenden darnos lecciones de republicanismo de modo incoherente; y por otro lado, los autodenominados hombres de derecho, que siempre concibieron a éste como un instrumento del poder y para el poder, no una herramienta de liberación que equilibra la relación de fuerza entre débiles y poderosos, aunque hablen ahora de garantías de los detenidos".

La diputada nacional del bloque del Frente para la Victoria-PJ se mostró preocupada por "la coincidencia de estas nuevas manifestaciones con la participación en el desfile del Bicentenario de la Independencia de fuerzas golpistas, el decreto presidencial que les devuelve a las Fuerzas Armadas la posibilidad de autoregularse, o la definición del Presidente respecto de que quiere un rol preponderante en esta nueva etapa de las Fuerzas Armadas, entre otras medidas y expresiones".