El Senado de la provincia de Santa Fe pidió al Ejecutivo provincial detalles sobre las acciones y medidas tomadas y cumplimentadas sobre la ley que declaró hace tres años la emergencia ictícola en territorio provincial. El pedido de informes fue presentado por la senadora por el departamento costero de Garay, Marta Nardoni (PS), quien afirmó que el río "Paraná está a punto de quedarse sin peces", y pidió investigar denuncias por irregularidades en los controles pesqueros.

La iniciativa, aprobada por los legisladores de la Cámara Alta, hace referencia a la ley 12.035 del año 2002, donde se declara la emergencia ictícola en jurisdicción de la provincia de Santa Fe, ante la excesiva depredación del recurso, incluso de peces de talla pequeña, impidiendo su reproducción y poniendo en verdadero riesgo a las especies.

"El Paraná esta a punto de quedarse sin peces. Es el diagnóstico que día a día aparece en todos los medios de comunicación. De esta manera toma fuerza y genera un gran impacto en la sociedad un tema que viene preocupando a grandes sectores de la población costera", manifestó Nardoni en los fundamentos del proyecto presentado.

Según la legisladora socialista, "en el medio de toda esta situación hay un negocio que sólo entre enero y junio de este año dejó 5 millones de dólares -según datos del Senasa-, un recurso natural que empieza a escasear y un manto de sospechas sobre el accionar de muchos de los agentes de esta cadena productiva".

Todo esto, -continuó- "evidencia una ausencia de controles y regulación por parte de los Organismos Oficiales" y, por ello, solicita conocer cuál fue el accionar del gobierno desde la sanción de la ley de emergencia ictícola.

"Vemos con real preocupación el aumento en la demanda del comercio de sábalos, lo que hace imprescindible tomar medidas sobre dicha situación y a la vez observar el estricto cumplimiento de la normativa vigente en la provincia", consideró.

En el recinto, Nardoni también se refirió a una denuncia efectuada por pescadores de la localidad de Recreo, vecina a la capital provincial, sobre el cobro de "coimas" por parte de la policía para dejarlos trabajar. "Esto no hace más que demostrar la posibilidad de corrupción de las fuerzas de seguridad y/o protección o persecución de funcionarios públicos o políticos", advirtió.