Las derivaciones de la historia de Ana María Acevedo no terminaron con el desplazamiento del director del hospital Iturraspe de Santa Fe, Andrés Ellena. El caso de la joven que murió víctima de un cáncer para el que no recibió tratamiento por la negativa a hacerle un aborto terapéutico pone en cuestión diferentes aspectos del sistema de salud pública. "El médico no puede tomarse la libertad de decidir por la paciente", consideró Florencia Luna, directora del Proyecto Bioética de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Justamente, a fin del año pasado, el Observatorio Argentino de Bioética editó una publicación sobre aborto por motivos terapéuticos. "Cuando está en juego la vida o la salud de la mujer, la negativa o demora de los profesionales para realizar un aborto terapéutico podría generar responsabilidad civil y, en algunos supuestos, configurar el delito de abandono de persona, previsto en el artículo 106 del Código Penal", dice el documento elaborado por un equipo interdisciplinario del que no sólo participan profesionales de FLACSO sino también de otras universidades y ONG.

"Un hospital no puede de ninguna manera decir que por motivos culturales o religiosos no se hacen abortos", subrayó la filósofa que fue presidenta de la International Association of Bioethics (IAB). En ese caso, la objeción de conciencia puede ser individual, pero de ningún modo de una institución pública. "Puede haber personas en el servicio que objeten realizar un aborto por motivos de conciencia, pero el hospital o el servicio tienen que tener al menos una persona que se haga cargo de solucionar este tema. No se trata de ir en contra de la ley, porque el aborto por motivos terapéuticos es legal", agregó Luna.

En el caso de Ana María Acevedo, que no recibió indicación de aborto terapéutico de sus médicos tratantes, ni la autorización del hospital para realizarlo una vez que su familia lo pidió, Luna considera que "como mínimo se debe hablar de mala praxis". La investigadora opinó que "si el médico no consideró que esa situación llevaba al aborto terapéutico, pensando que no fue intencional, lo que hubo fue un mal diagnóstico". En ese caso, "hubo una lesión a los derechos de esa paciente de estar informada respecto de cuales eran sus posibilidades". Es decir, que -según la investigadora de FLACSO- era obligación de los profesionales de la salud pública "darle a la paciente la información para que decida, y esto implica el consentimiento informado".

Como respuesta a la Multisectorial de Mujeres de Santa Fe, el arzobispo de Santa Fe, José María Arancedo, salió a respaldar a los médicos del Iturraspe y dijo que "el aborto no es un derecho, sino un delito". Luna considera que el aborto no punible es "un derecho que otorga la ley, tiene esa posibilidad. Puede interrumpir el embarazo o no. La que tiene que determinar es la mujer". Pero advirtió que "una cosa es lo que la ley indica y otra lo que la religión pide. El obispo o el Papa pueden estar en contra y los fieles católicos pueden seguir los lineamientos de sus autoridades eclesiásticas pero eso no vale para la población en general". La filósofa estableció que "hay personas laicas, judías, musulmanas, y no van a seguir lo que diga un obispo". En ese sentido, distinguió las opiniones de las autoridades religiosas de las decisiones de políticas públicas. "El mandato o planteo que hace un religioso es válido para sus fieles, que pueden decidir seguirlo. Pero no pueden pretender que esto sea parte de una política pública", acotó.

Mientras tanto, la designada directora del hospital Iturraspe de Santa Fe, Mónica Prida, se despachó diciendo que "Ana María no quería el aborto", una afirmación sin asidero documental. Lo que Ana María no tuvo fue la información para decidir por sí misma. "Una paciente puede pedir y discutir distintas opciones de tratamiento. En ese sentido, si le niegan el tratamiento porque está embarazada, es lógico que la familia quiera averiguar por qué y si no se trata de un caso que puede encuadrarse como aborto terapéutico", consideró Luna respecto de la procedencia del pedido familiar, descalificado una y otra vez por el entonces director médico del hospital que quedó en el centro de la polémica.

Para la filósofa, esta situación "tiene que ver con la relación médico﷓paciente, la posibilidad de preguntar, de repreguntar. No es meramente asimétrica, siempre está la posibilidad de ver opciones, si no la relación sería completamente arbitraria y autoritaria", apuntó Luna. El modelo médico paternalista y autoritario "no es lo que se promueve desde la bioética".

El documento elaborado por el Observatorio Argentino de Bioética deja en claro que en estos casos no es necesaria una autorización judicial, ya que está expresamente permitido por el Código Penal. En ese sentido, desbarata los argumentos sobre la necesidad de recurrir a la Justicia. "Todo el sistema como está planteado es un poco perverso, para la familia es muy difícil saber lo que tiene que hacer. Pedir una autorización judicial no es la práctica adecuada, porque implica una serie de recursos que exceden lo económico, que van a lo sociocultural, a las posibilidades de esa familia no sólo en cuanto a dinero sino también conocimientos, contactos, a la información a la que puedan acceder", indicó.

El Observatorio también planteó la necesidad de contar con reglamentaciones o protocolos específicos para este tipo de casos. "Esas herramientas pueden ser útiles para los pacientes, pero también es muy útil e interesante para los mismos profesionales, que en muchas ocasiones no actúan de mala fe sino por desconocimiento, desorientados y sobrepasados por la situación", indicó Luna.

Del documento participaron los abogados Martín Böhmer (del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento) y Romina Faerman (del Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas; Luna y la también doctora en filosofía Diana Maffía, así como la licenciada en Filosofía Julieta Manterola; los médicos Raúl Mejía, de la Universidad de Buenos Aires, y Mariana Romero, del CEDES; así como la socióloga Silvina Ramos, también del CEDES y la estudiante de Filosofía Natalia Righetti. En el marco del proyecto de bioética, la FLACSO brinda cursos destinados no sólo a profesionales de la salud, sino a un público amplio.