Lunes, 21 de enero de 2008 | Hoy
Por Marcelo Gastaldi*
En los últimos días ha tomado estado público un debate que a todas luces enriquece a la que consideramos una discusión mayor. El debate en ciernes es el que vuelve a revisar los pro y contras que devienen de la cantidad de concejales que tiene hoy Rosario a partir de la reducción de ediles que plasmó la llamada Ley Borgonovo. La discusión superior, a la que tributa aquel debate, es la mejora de la calidad institucional que deparará seguramente la obtención de la autonomía para Rosario.
En principio, cabe aclarar lo saludable que resulta para los rosarinos involucrarnos en esta discusión acerca de la reducción de concejales, porque nuestra postura es la de llevar adelante una reforma política seria y global. Pero también es cierto que en Rosario esa reforma debe venir atada necesariamente a que la ciudad consiga de una vez por todas la tan reclamada autonomía.
Se ha dicho que la reducción de concejales tuvo como consecuencia la desaparición de las minorías parlamentarias en el Concejo Municipal. También se opinó acerca de que quienes están de acuerdo ahora con modificar esa norma en su momento la votaron, y que para llegar a la autonomía hay que reformar la Constitución. Otras voces plantearon que la reforma política de 2002 fue sólo "maquillaje" y que la reducción de concejales era apenas "un improvisado y superficial proyecto de circunstancia". Asimismo, se señaló que la ley era "un instrumento legal que no aporta a la profundización de la democracia y que atenta contra el pluralismo político e ideológico".
Todas estas opiniones tienen algo de verdad. Pero el aporte que tal vez extrapola más este debate lo hizo el constitucionalista Oscar Puccinelli, quien llegó a argumentar que "...la reforma en su conjunto (que llevó a la reducción de ediles), sin lugar a dudas, tuvo una finalidad loable, y se hizo respetando la literalidad de la Constitución provincial. Sin embargo, contrarió abiertamente las disposiciones constitucionales incorporadas por el artículo 123 de la Constitución nacional reformada en 1994".
Puccinelli nos recuerda que la reforma a la Ley Orgánica de Municipalidades realizada en 2002 no respeta determinados criterios de la Constitución de 1994, pero aclara que "fue bien intencionada y logró en líneas generales sus objetivos". Y agrega: "...la reforma implicó invadir la autonomía municipal e ir a contramano respecto de los mandatos del constituyente federal, toda vez que la modificación debió limitarse, en todo caso, y mientras tanto la provincia reforma su Constitución, a habilitar a los municipios a regular, en sus propios ámbitos, el diseño institucional y político que deseen siempre que no contraríen el sistema representativo, democrático y republicano de gobierno, la representación de las minorías y los postulados de democracia participativa (artículos 5, 36, 39 y 40 de la CN) y las cláusulas constitucionales provinciales que no contradigan dichos enunciados autonómicos".
Los enunciados de Puccinelli seguramente merecen una atención destacada, pero no conducen -en nuestra opinión- a una salida concreta del laberinto que representa esta discusión.
Y la verdad es que, al contrario de lo que pregonan algunos dirigentes, la autonomía no requiere necesariamente de una reforma constitucional, que a la vez supone contar con suficiente tiempo para construir los consensos que esa reforma demanda.
A la autonomía se puede llegar a través de una ley, algo que también reclama consensos, aunque seguramente éstos no deberán tener ni la densidad ni la complejidad que reclama una reforma constitucional. Si no se recorre este camino, el de la proclamación de la autonomía de Rosario por ley, obligadamente incursionamos en un debate tan general como estéril. Insistir con reformar la Constitución para que Rosario sea autónoma sólo favorece a quienes no quieren dar seriamente la discusión que se necesita para alcanzar la autonomía.
En torno de la cantidad de ediles que se merece Rosario, la forma de elección de los mismos, el monto de los recursos destinados al Concejo, en definitiva la promoción de una reforma política global, a nuestro criterio se alcanzará a través de una ley que otorgue la autonomía a Rosario. Debemos animarnos a dar ese paso. Nos lo pide la ciudadanía.
* Diputado Provincial PJ.
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