El escenario que quiere asegurarse el gobierno provincial con los aumentos en servicios e impuestos para hacer frente a las subas salariales y las demandas de mayor coparticipación a municipios y comunas; en algún momento comenzará a debilitarse si no es reforzado con las necesarias negociaciones en la Legislatura provincial. El fin de semana lo advirtió un aliado del gobierno como lo es el diputado provincial Carlos Fascendini: "Hay que convocar a una mesa de acuerdos, porque si no será muy difícil avanzar". Y es cierto, sobre todo a juzgar por la presión que va acumulando el peronismo en ambas Cámaras y en todos sus bloques. En ocho meses de gestión, el gobierno aún no pudo sancionar ningún proyecto clave de los que necesita para seguir.

Una cosa son las modificaciones tarifarias anunciadas el viernes para el agua y la luz que -si bien quieren discutirla ahora en Diputados y Senadores con el ministro Antonio Ciancio-, el Ejecutivo está en plena facultad de llevar adelante unilateralmente y de hecho así lo hará. Pero otra cosa es la Reforma Impositiva, ahí sí se requiere de modificaciones profundas que deben ser tratadas en la Legislatura, donde el juego de equilibrio entre Diputados y Senadores, le da mayoría al Ejecutivo en la Cámara baja pero minoría en la alta donde el Frente para la Victoria comenzará a marcar territorio. Como ya lo hizo, por otra parte, con la media sanción que le dio un nuevo esquema de coparticipación que eleva de 13,5 al 18% el piso a distribuir entre municipios y comunas.

Precisamente en este tema, los radicales en el Frente Progresista comenzaron a mostrar signos de preocupación por la falta de anuncios concretos en la materia. Así fue como se originó un encuentro que presidió la propia vicegobernadora Tessio en el que, después de criticar largamente los 24 años de gestión peronista para despejar cualquier sospecha de conspiración; comenzó a hablarse en serio de la acuciante situación de pequeñas ciudades y comunas, muchas de ellas gobernadas por radicales aliados del socialismo que esperan que se apure el trámite del reparto.

El oficialismo, en rigor, no quiere una nueva ley de coparticipación en la provincia si antes no hay una ley nacional en el mismo sentido que le asegure que subirán los fondos que desde allí llegan para distibuir internamente. Mientras, confía en que el incremento de recaudación de tributos propios vía reforma impositiva provincial, le permita controlar más fondos para volcarlo a la redistibución interna y calmar la difícil situación que pasan pequeñas localidades y comunas santafesinas. Hoy, la provincia controla el flujo de no más del 40% de recursos totales, ya que el 60% está atado a los giros que haga el Tesoro Nacional. El ministro Angel Sciara pretende invertir esa relación a través de la reforma tributaria que duerme en la Legislatura.

Pero desde la oposición, concretamente desde el peronismo, se quieren asegurar elevar el piso de la coparticipación provincial y morigerar el impacto de la reforma tributaria. Ahora, si en algún momento se pensó en "canjear" una nueva coparticipación por la Reforma de la Constitución que ha declarado querer Binner y su partido; ahora el "canje" sería Coparticipación por impuestos. Pero si hay consenso y negociación, porque si el gobierno se mantiene con lazos sueltos con la Legislatura lo más probable es que obtenga como resultado el empantanamiento que pronosticó Fascendini.

Una de la voces más autorizadas de la oposición para hablar de la reforma tributaria -el diputado del Frente para la Victoria Ricardo Peirone- ya ha mostrado claramente cuál es su posición al señalar que "reponer Ingresos Brutos en algunos rubros implica un retroceso de 40 años en Santa Fe". Este es el escenario con el que el gobernador debería estar lidiando en las Cámaras, pero parece que todavía no habrá volumen de juego político que pueda diluir estos escollos fundamentales para seguir avanzando.

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