Como "inconstitucionales y discriminatorios" definieron a los tres artículos del Código de Faltas de la provincia que penalizan la prostitución callejera y el travestismo desde la Maestría Poder y Sociedad desde la Perspectiva de Género de la Universidad Nacional de Rosario. Hace unos años fue un debate social, pero se diluyó sin resultados. Con la intención de reavivar la discusión, y obtener por fin su derogación, el seminario Género y Legislación de la Maestría contactó a diputados provinciales y organiza una actividad pública. "Exigimos que se deroguen esos tres artículos, porque sirven para que nuestras compañeras sean extorsionadas por la policía", explicó Claudia Lucero, secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR) en Rosario, que viene trabajando de manera sostenida por esta medida desde el año 2001. En la Legislatura, la movida ya se inició. La diputada del Partido Socialista Lucrecia Aranda presentó el 15 de mayo pasado un nuevo proyecto para eliminar los artículos 83, 87 y 93 del Código.

La propuesta de Aranda no fue la primera, ya que al menos tres iniciativas anteriores, tanto del socialismo como del ARI y el Partido del Progreso Social, perdieron estado parlamentario. "Todavía no hemos logrado los consensos para volver a instalar este debate. Por eso espero que esta actividad de la Maestría sirva para reavivarlo, ya que si no hay una demanda o una presión de un sector de la sociedad, cuesta reunir las voluntades para tratar este tipo de temas", expresó Aranda, cuyo proyecto de ley tiene una fundamentación completa y detallada.

La primera iniciativa en este sentido la había presentado Eduardo Di Pollina, en octubre de 2001, a instancia de Ammar, por entonces conducida por Sandra Cabrera. El asesinato de esta dirigente social, en enero de 2004, instaló fuertemente el debate. En primer lugar, porque el entonces gobernador Jorge Obeid desmanteló la Dirección de Moralidad Pública de la policía provincial, organismo que ejercía la persecución a las trabajadoras sexuales. Entonces, el mandatario prometió también la derogación de los artículos. Pero nunca se concretó.

"Realmente ha habido muchísimos proyectos y nunca pasaron la primera comisión", se quejó la legisladora, quien consideró que la única medida con sentido es "derogar estos artículos". Como la prostitución no es ilegal, lo que se penaliza como falta es la "prostitución escandalosa", la "ofensa al pudor", las "exhibiciones obscenas". "Estas reglas sólo persiguen señalar a las mujeres. Además de darle a la policía un elemento para perseguir a la prostitución callejera, la que no paga protección. Y son justamente los sectores de la policía los que están en connivencia con la trata de mujeres", indicó Aranda. La legisladora considera que el debate social debe centrarse en distinguir qué se está persiguiendo. "Son mujeres que no están dentro del negocio organizado de la prostitución. La prostitución de la calle molesta porque se ve", consideró la legisladora.

Para impulsar la discusión, y el avance de la iniciativa legislativa, la Maestría de la UNR decidió convocar a un seminario debate que se realizará el sábado próximo, a las 11, en el salón de actos de la Facultad de Humanidades y Artes, con el título Normas podridas pudren mi cuerpo. La iniciativa nació de la docente del Seminario, Susana Chiarotti, quien invitó a las maestrandas a intervenir en las problemáticas sociales, en conjunto con otros sectores de la sociedad. "Ante la necesidad de derogar normas discriminatorias e inconstitucionales", plantea la invitación al debate, donde se señala también la "honda preocupación por el mantenimiento de estas normas que profundizan las discriminaciones de género".

Además de todos los diputados provinciales, fue invitada a la presentación la dirigente de Ammar Rosario y la abogada de Cladem, Analía Aucía. Justamente, estas dos organizaciones realizaron un trabajo articulado para fundamentar la necesidad de la derogación. Algunas de las argumentaciones de aquel trabajo forman parte del proyecto de ley ingresado por Aranda en la Cámara de Diputados.

"La política de persecución a la prostitución callejera obliga a las mujeres a trabajar con 'protección' en departamentos, casas de citas, whiskerías, reforzando así el negocio de los proxenetas y tratantes", argumentó la diputada Aranda en su proyecto. Y señaló "lo absurdo que resulta tener 'entradas' en la policía por algo que no es un delito (ejercer la prostitución) y la existencia de una abrumadora oferta de servicios sexuales regenteados que nadie investiga". El proxenetismo sí es un delito en la Argentina.

En su proyecto, Aranda considera que el Estado debe "ver a las mujeres en situación de prostitución como ciudadanas a quienes tiene el deber de proteger, en razón de la vulnerabilidad social en la cual este sistema las coloca". Y pone el acento en el otro eslabón de la cadena, el que no se persiguió nunca. "La construcción penal de la prostitución sólo hace visible a una de las partes, la que ofrece los servicios sexuales. Quedan así exentos de la persecución penal aquellos que ejercen el poder que otorga la disponibilidad de dinero, el poder de comprar o contratar un servicio", argumenta.

La iniciativa de la maestría apunta, justamente, a "tener efecto más allá de la vida académica, a intervenir en el debate social", indicó Cecilia Binolfi, una de las maestrandas. Por su parte, Marisa Rodríguez, consideró "imprescindible reabrir el debate, hacer un seguimiento y tomar la posta para exigir respuestas legislativas".

Justamente, y si bien tras el asesinato de Sandra Cabrera la persecución de la policía dejó de ser sistemática y permanente, la persistencia de estas normas la habilita. "Hace poco, en una de las zonas de trabajo, cuando fuimos a repartir preservativos, nos contaron que había ido un patrullero pidiéndoles plata", relató Lucero, quien reconoció que desde 2004 no es una práctica común. "Pasa a veces, pero hacen otras cosas como seguir a las chicas cuando se suben a un auto, o merodear las zonas de trabajo. Si la policía está ahí, entonces los clientes no se acercan. Y las chicas optan por darles algo para que se vayan", relató.

Por su parte, Aucía señaló que estas prácticas integran la recaudación ilegal de la policía. "Lo que se obtiene con la extorsión a las mujeres en la calle es mínimo, el menudeo. Los que obtienen las grandes sumas son los que están en cargos superiores, y por la prostitución organizada", indicó la profesional. El relato de Lucero sobre las apretadas a trabajadoras callejeras ante la apertura de un boliche en la misma zona reforzó esta afirmación. "Como las chicas trabajaban más que las del boliche, empezaron a llevarlas. Y una vez les dijeron que no hicieran lío, porque los dueños del boliche ponían y ellas no", contó Lucero, quien vivió en carne propia las épocas de persecución sistemática. "Llegué a estar arrestada ocho días por un procedimiento", recordó. "Eso no pasa más", afirmó, pero también pidió que las normas sean derogadas, porque permiten la detención arbitraria y la extorsión a las mujeres que trabajan en prostitución callejera, las más vulnerables.