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Cuando el diputado provincial Eduardo Toniolli ironizaba con una pregunta en Twitter ("¿Qué votamos Lorenzino o Mercier?); lo que hacía era una síntesis brutal de los debates internos del peronismo santafesino en torno de la reforma tributaria que -por esas mismas disputas- naufragó el jueves pasado. Lorenzino es Hernán, el ministro de Economía de la Nación que se limitó a elaborar un paper sobre la situación financiera de Santa Fe y, de esa manera, otorgar un documento base a los legisladores del PJ para que pudieran atender las recomendaciones de la Casa Rosada y unificar criterios. Mercier, es Juan Carlos, ex ministro de Economía de Reutemann, ex funcionario de la última dictadura militar y un maestro del ajuste económico desde el Estado.

La disyuntiva, aunque un tanto maniquea, no deja de reflejar la situación político-ideológica del peronismo provincial que ahora, se dice totalmente kirchnerista. Hay quienes son concientes de su deber de ejercer una oposición responsable y, más profundo aún, comparten criterios de expansión de gastos del Estado aunque con algunas críticas. Y está el resto del peronismo que es celoso de los gastos, sigue teniendo al déficit cero como paradigma, y además no quiere otorgar herramientas al que será el próximo adversario en los procesos electorales que vengan.

En el medio de los extremos, por supuesto, hay matices. Se entiende la dura crítica de la diputada María Eugenia Bielsa cuando arremete contra la designación de personal político, la falta de obras públicas y el mero aumento de impuestos en lugar de una auténtica reforma tributaria. Lo que no se entiende mucho del grupo que la propia legisladora encabeza es que prácticamente no tengan opinión formada sobre los avalúos fiscales para los campos y quieran dejar ese tema -tan sensible- en manos de una Comisión Evaluadora oficial que pocos conocen siquiera cómo está integrada. No tener posición ni opinión sobre el tema, la verdad, no parece muy kirchnerista cuando casi todos están de acuerdo en que el campo santafesino paga migajas desde hace décadas respecto de los impuestos a la propiedad.

Si el tema impositivo fuera una cuestión meramente técnica, bastaría con llamar a una decena de destacados tributaristas de la provincia para que elaboren una reforma. Sucede que hasta ellos estarían atravesados por sus ideologías o creencias y no se pondrían de acuerdo fácilmente. Por eso lo mejor es asumir que una reforma tributaria es un tema político, por supuesto, con base científica y económica, pero político al fin. El economista rosarino Sergio Arelovich dijo en muchas oportunidades que uno puede sentarse en un escritorio y afanarse por hacer la más perfecta y justa reforma impositiva; pero después hay que aplicarla en la práctica y ahí vienen los problemas. Las decisiones impositivas requieren consensos políticos amplios, están teñidas de ideología y siempre afectan a poderes establecidos que tarde o temprano van a reaccionar. Y además, es facultad de los legisladores por eso no se puede no tener decisión sobre temas centrales que hacen al esquema tributario provincial.

Detrás de este escenario interno del peronismo está además lo que todos hoy saben: La ausencia de un líder partidario capaz de unificar criterios y encausar las decisiones. Todos los partidos políticos funcionan así, pero el peronismo es el que elevó el sistema a la enésima potencia y ya no sabe, o no puede, hacerlo de otra manera.

Por eso hay una decena de bloques en un partido que ganó las elecciones en la categoría a Diputados. Por eso no termina poniendo en jaque del todo al gobierno frentista, por eso esta pelea por darle más o menos al socialismo es la antesala de la que vendrá el año próximo, cuando haya que armar una lista de candidatos a diputados nacionales que enfrente a la de Hermes Binner, que hoy llega a los 40 puntos de intención de voto en Santa Fe.

Pero el PJ debe notar a estas horas que por más que una posición de consenso otorgue más de lo que algunos querrían al gobierno provincial, en materia de recursos, el voto sumamente dividido debilitaría también al peronismo como fuerza opositora. Es un equilibrio sumamente delicado el que deben transitar los sectores del peronismo provincial distanciados por la reforma tributaria que espera volver al Senado para poder ser aplicada antes de fin de año. Si todo va como se espera la semana próxima, hay que decir que para el gobierno de Antonio Bonfatti todo este esfuerzo y desgaste político le sumarían apenas unos 250 millones de pesos hasta fin de 2012. Recién el año próximo podrían disponer de unos 900 millones extra para aportar a la recaudación propia y equilibrar así la proporción por lo que se recibe de coparticipación nacional.

Servicio de Justicia.

Los hechos violentos de esta semana, que incluyeron el robo a la propia intendenta Mónica Fein, una mujer desfigurada por el golpe que tuvo por el arrebato de su cartera y el asesinato del sábado de un joven a manos de un sicario profesional; volvieron a poner al gobierno provincial en alerta rojo en materia de inseguridad. Los anuncios de más cámaras de seguridad, de más agentes y patrulleros de los últimos días ya parecen lejanos en el tiempo, avasallados por una realidad que no da respiro.

Pero en medio de las tensiones y la desesperación de los funcionarios por encontrar respuestas para la población, apareció por primera vez el tema del papel de la justicia en todo este flagelo. Y fue el gobernador Bonfatti el que tiró la primera piedra al señalar que algo no está bien si uno de los jóvenes que le robó a la intendenta ya tenía 14 ingresos a la policía.

La corporación judicial sintió el impacto en el plexo y salió a responder de inmediato. El argumento más sólido fue que es el Ejecutivo a través de la policía el que tiene la responsabilidad primaria de la prevención y combate del delito. El Colegio de Magistrados agregó que los jueces se limitan a cumplir con las leyes de las que disponen para la aplicación del Código Penal.

Y en este punto la polémica puede tornarse peligrosa porque está cerca de aparecer aquella premisa vecinal de "entran por una puerta y salen por la otra", y por eso se piden "leyes más duras". El gobernador no está pidiendo eso, lo que está pidiendo es que con las leyes que hay los jueces se comprometan más en su trabajo. Porque la actividad del juez no es sólo respetar a rajatabla la ley, es interpretarla y también tener una actitud de justicia. Por ejemplo, hay jueces que siempre van al lugar de los hechos a hablar con la gente, a ver la escena, a conocer ambientalmente el barrio en el que las cosas sucedieron. Y hay otros que no, no se mueven de atrás de su escritorio, leen lo que les trae la policía, interrogan a los sospechosos y con esos elementos procesan, imputan o no. Los dos magistrados cumplen con la ley, ahora ¿quién hace mejor su trabajo, con más compromiso?

Una alta fuente oficial le decía a este periodista que en la ciudad de Santa Fe los jueces federales y fiscales encabezan siempre los procedimientos antidrogas; pero que en Rosario no, casi nunca. Son maneras de ejercer la justicia.

El debate recién empieza pero no es malo que se dé de cara a una sociedad que sufre todos los días por la inseguridad. Una sociedad a la que no hay que engañar más con soluciones mágicas, sino decirle que es víctima de un problema complejo que demanda soluciones complejas y de alto compromiso y consenso político y social.

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