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En Santa Fe al menos se comprendió rápidamente que la variopinta movilización del jueves no excluía a nadie de la bronca ciudadana. Así como la multicausalidad de la convocatoria fue la marca registrada de las concentraciones en Rosario, Santa Fe, Paraná, Buenos Aires y Córdoba -﷓por citar a los principales centros﷓-, también la direccionalidad de los mensajes tuvo más de un destinatario. El gobernador Antonio Bonfatti y la intendenta Mónica Fein así lo aceptaron desde la primera hora y, se sabe, si bien la sola actitud no mejora automáticamente el panorama, al menos consigue una tregua necesaria en todo sistema de representación.

Es que las autoridades locales y provinciales no podían desconocer que al menos en Rosario el impulso por la inseguridad fue uno de los puntos fuertes de la marcha, mezclados por supuesto con las demandas a la Nación por el intenso control cambiario y la reciente incorporación a la agenda pública de la reforma constitucional con reelección presidencial. Además de, por qué no decirlo, un porcentaje palpable de odio irracional hacia la figura de la Presidenta.

Bonfatti llegó a creer la semana pasada que había algún tipo de conspiración detrás de la seguidilla de hechos violentos que se tragaron de un solo bocado los anuncios de más sofisticadas cámaras de videovigilancia, más patrulleros y nuevos agentes policiales. El crimen cinematográfico de Entre Ríos y 27 de Febrero, el golpe a las cajas del banco Macro en Santa Fe, las concesionarias de autos importados baleadas en sus frentes con ametralladoras y la muerte de la mujer golpeada severamente cuando le arrebataron su cartera en el área costanera central; volvieron a poner la mira sobre el accionar policial en la provincia y el control político sobre las fuerzas.

La Provincia ha cambiado diametralmente su política pública de seguridad después del pernicioso dejar hacer que imperó en los cuatro años anteriores, en la gestión de un ministro vergonzante que nunca debió ser premiado con otro cargo más cómodo y muy bien remunerado. Se supone que es más fácil controlar los sorteos que los delitos. Sin embargo, toda la enjundia demostrable hasta ahora no ha logrado conseguir un nivel de eficacia que permita señalar que por lo menos se está en el camino correcto. Es claro que en seguridad no puede haber una concepción meramente resultadista, pero sólo con el juego bonito no alcanza.

La intendenta por su lado ahora pedirá la intervención directa de la Gendarmería en Rosario para que controle los lugares más conflictivos y colabore de manera más directa en el combate a los delitos complejos. El anuncio ya disparó las primeras críticas en el Concejo Municipal. El edil Jorge Boasso estuvo activo en las redes sociales en las últimas horas señalando que hasta hace poco la intendenta Fein "decía que la seguridad no era un tema de competencia municipal". Más allá de que lo haya dicho o no, está claro que ahora piensa que el reclamo masivo sobre el tema no distingue niveles del Estado, cada vez más obligado a dar respuesta en cada instancia. Pero sí hay que afinar la puntería: no se puede estar pidiendo un día la creación de una policía local y al siguiente la intervención de las fuerzas federales. No es que un proyecto invalide al otro, pero son muchos mensajes y en varias direcciones para que sean positivamente asimilados por los vecinos. Ya ha quedado demostrado que sumar anuncios en esta materia no siempre es redituable.

La bendita reforma

Lo que Hermes Binner no pudo en cuatro años, Bonfatti lo consiguió después de siete meses de esfuerzo y muñeca política. La reforma tributaria es ley y aportará unos mil millones extra a las necesitadas arcas provinciales. Pero si se tiene en cuenta que el presupuesto santafesino para 2013 alcanzará los 35 mil millones de pesos, el monto no mueve mucho el amperímetro de las finanzas.

Sí hay algunas situaciones que incrementan la justicia contributiva, aunque no alcanza para decir que el aumento en progresividad del sistema fiscal provincial ha sido notable. ¿Quién dijo que era justo que las industrias no pagaran Ingresos Brutos? El impuesto se retiró en el Pacto Fiscal de 1993 en pleno menemismo y con una visión promocional en un gobierno que destruía al sector. Los tiempos han cambiado y si una promoción debe extenderse por casi 20 años es claro que deja de serlo. Hoy es un sector dinámico, que emplea mucha gente y que ha obtenido numerosas ventajas de este modelo nacional. Con lo cual, que sólo unas 50 firmas santafesinas pasen a pagar el tributo no parece un voto muy jugado de parte de los legisladores. Pero es lo que se pudo. Pensar, si no, que hubo casi 15 diputados justicialistas que ni a éso se animaron.

Tampoco ese grupo avanzaba en los avalúos fiscales del campo con décadas de retraso. Proponía que el Ejecutivo, mediante la convocatoria a una junta evaluadora determine los porcentajes, es decir, que pague el costo político. Después los legisladores se quejan de que el Ejecutivo tome decisiones inconsultas en materia impositiva y luego, cuando tienen que opinar, no lo hacen. Se parecen a los concejales que en Rosario y Santa Fe cedieron las facultades para decidir el aumento del costo del boleto del transporte de pasajeros. ¿Qué pobres convicciones los mueven?

La reforma tributaria que propuso el gobierno no era ni la mejor ni la más revolucionaria. Lo que terminó aprobando el Senado en primer término estuvo más cerca del papelón que del debate y no dejó conforme a nadie. Las modificaciones de Diputados emprolijaron algo el paquete que salió con un pensado desempate del vicegobernador Jorge Henn, con estudiadas ausencias y una ajustada matemática legislativa. De eso está hecha una reforma tributaria: de sus posibilidades políticas, ni más ni menos.

No es la primera vez que en esta columna se cita al académico y economista Sergio Arelovich, un especialista de la Universidad Nacional de Rosario, pero también un hombre que comprende cabalmente el peso de la política en las decisiones económicas. Para Arelovich quedó en evidencia de gran parte de los representantes del Senado y de Diputados "un gran compromiso con la ruralidad". Es decir que el campo mantiene un poderoso lobby en Santa Fe que influyó atravesando las distintas bancadas. En ese aspecto, una de las barreras que se ponían era que si se incrementaban mucho los avalúos fiscales muchos productores terminarían afectados por impuestos nacionales como la Renta Presunta y los Bienes Personales. Ahora bien, la pregunta debería ser por qué no tendrían que pagarlos, sobre todo teniendo en cuenta que los Bienes Personales financian directamente los aumentos jubilatorios que se dan por ley dos veces al año. ¿Por qué es más justo desfinanciar al Estado nacional para los aumentos jubilatorios que sacarle presión tributaria a un sector exitoso?

Arelovich dice que en algún momento hay que pensar que las reformas tributarias y los esquemas impositivos en general "deben comprenderse como poderosas herramientas de transformación" social, y no meramente como un elemento que hay que ajustar de vez en cuando para incrementar la recaudación. Claro que al economista no se le escapa que para eso "hay que juntar mucho poder político".

Y finalmente está la crítica de cómo gasta el dinero del Estado el socialismo en el poder. Pero si un sector del peronismo cree que lo hace de tan mala manera, desde el primer momento debió comunicarle que por eso no le iba a dar nada a este gobierno provincial. Sucede que tampoco querían arriesgar a futuro ante los sectores urbanos que sienten que pocos son los que los defienden ante una modificación fiscal, porque no tienen el peso del campo y tampoco el de la industria. Como sea, alcanzó para lo que alcanzó.

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