Lunes, 24 de marzo de 2014 | Hoy
OPINIóN › SIETE DíAS EN LA CIUDAD
El gobierno provincial optó por dar amplia difusión a las amenazas e intimidaciones que sufren quienes investigan y tratan de combatir a la narcocriminalidad. El estrecho pasillo por el que se mueve la oposición en este tema. Giustiniani le puso pimienta a la interna socialista. Un solo 24 de marzo en Rosario.
Por Leo Ricciardino
"No vamos a esconder la basura debajo de la alfombra. La gente tiene que saber lo que pasa". Las palabras del fiscal regional Jorge Baclini, en respuesta a si la población debía o no conocer todas y cada una de las amenazas que recibían los funcionarios, involucrados en la investigación y combate a la narcocriminalidad en Rosario, sonaron premonitorias. El funcionario judicial las pronunció unos cuantos días antes de que se dé a publicidad la escucha telefónica entre dos detenidos -uno ex policía- que conversaron acerca de la posibilidad de atentar contra la vida del juez Juan Carlos Vienna y el fiscal Guillermo Camporini; extendiendo también la amenaza de muerte a un policía de la División Judiciales.
Baclini investiga las amenazas recibidas por el ministro de Seguridad provincial, Raúl Lamberto, a través de mensajes de texto en su celular y además la encerrona en la autopista a Santa Fe, que sufrió el auto oficial del secretario del área, Matías Drivet. Y en el marco de esas averiguaciones -que por ahora sólo dieron con el chip desde donde se enviaron los sms- el fiscal regional dio su opinión sobre la difusión o no de las intimidaciones a los funcionarios.
Es claro que el gobierno de la provincia ya ha tomado la decisión de que se difundan todas y cada una de las amenazas e intimidaciones. Incluso con lujo de detalles, como el caso de los periodistas que accedieron tempranamente a la desgrabación de la escucha entre los presos que en su momento remitió rápidamente a la justicia provincial el magistrado federal Carlos Vera Barros.
El objetivo es claro: por un lado se logra en parte conjurar el amedrentamiento, dándolo a publicidad; y por el otro desde la provincia insisten en que las reacciones se deben a que es la primera vez que un gobierno se mete de lleno con investigaciones de este tipo y trabaja para desbaratar a la principal banda relacionada con los delitos complejos. Y esa segunda parte es la que menos le gusta a la oposición que intenta moverse, sigilosa, por el estrecho desfiladero que deja la necesaria solidaridad y repudio a este tipo de agresiones intolerables; pero que a la vez no puede dejar de observar que es en esos momentos donde más se diluyen las responsabilidades por la efectividad de las políticas públicas que aplica la administración de Antonio Bonfatti.
Los dirigentes opositores a su vez argumentan que le dieron al gobierno provincial todas las herramientas para que pueda actuar contra el delito complejo. E incluso, en estos últimos tiempos, ha cambiado radicalmente la postura del gobierno nacional en cuanto a apoyo y coordinación de actividades. Pero hay un elemento central que sigue haciendo ruido: Detrás de cada una de las amenazas, amedrentamientos, ataque a balazos a la casa del gobernador, intentos por derrumbar la voluminosa causa de Los Monos, fugas sospechosas, célebres prófugos que siguen rondando la zona y demás acciones mafiosas; siempre -invariablemente- se encuentra un sector de la policía. Y esa es una responsabilidad indelegable del gobierno provincial. Nada puede hacer en este caso la Nación, poco puede aportar la oposición desde la Legislatura, y la población siente cada vez con más fuerza que no hay manera de renovar los vínculos con los uniformados. Esa es la parte de la batalla más dura para el gobierno que, a esta altura, creía de buena fe que estaría en condiciones de contar con otro grado de transformación de la fuerza.
El fuego amigo.
No es la primera vez, pero es claro que el senador socialista Rubén Giustiniani está particularmente concentrado en la gestión de la intendenta Mónica Fein. En declaraciones periodísticas volvió a criticar con elegancia su gestión al señalar que "las respuestas a las demandas de los rosarinos no han sido suficientes", claro que incluye el tema de la inseguridad, que le compete también a la provincia pero la principal descarga es contra la administración local. Tampoco se privó de volver sobre el conflicto interno que casi deja afuera de la presidencia del Concejo a Miguel Zamarini, un hombre de su estrecha confianza.
En ese punto, Giustiniani recordó que Fein impulsó firmemente la candidatura de Miguel Cappiello, pero el marco de alianzas en el Palacio Vasallo volvió a dejar a Zamarini en el sillón principal y con bloque propio -recientemente aumentado- y en condiciones de negociar con más peso. "Fue un error de cálculo de la intendencia", dijo el senador nacional para caracterizar sintéticamente el altercado pero para marcar también que el sector que lidera dará pelea interna.
Como ya lo había hecho en enero, Giustiniani reiteró que su corriente -la misma que fue derrotada en la interna por Hermes Binner y Bonfatti- "presentará candidaturas en todos los niveles" en 2015. Pero no quiso especificar sobre su futuro personal teniendo en cuenta que ya fue varias veces legislador nacional. "No ponemos el carro delante del caballo", dijo a la prensa, pero muchos en el Frente Progresista creen que él mismo estaría pensando en una precandidatura a intendente de Rosario.
Según fuentes internas del Partido Socialista, si Miguel Lifschitz termina siendo el elegido para disputar la gobernación "Fein no podría ir como candidata para intentar repetir en Rosario. Eso rompería el equilibrio", dijo a este periodista un alto funcionario que conoce de sobra estas negociaciones internas y a sus protagonistas. En ese espacio podrían colarse las intenciones de Giustiniani, que si bien fue ampliamente derrotado en la interna pasada, tiene mucho para ganar y poco para perder en el futuro político cercano.
24 de marzo.
Como el año pasado, hoy habrá dos marchas en conmemoración del inicio de la dictadura más sangrienta que sufrió la Argentina, que se inauguró en 1976. Una marcha, como en 2013, será multitudinaria y concentrará a la mayor parte de los organismos de derechos humanos, organizaciones políticas, sociales y sindicales que terminarán leyendo un documento consensuado en el Monumento a la Bandera. Y la otra marcha será, como la edición anterior, minoritaria y pretendiendo equiparar al gobierno nacional actual, prácticamente con los mismos postulados que expresó en su momento el general Rafael Videla. Por eso se intentará igualar al general Milani con aquel genocida, por eso se incluyen a los muertos de Once junto a las víctimas de los delitos de lesa humanidad y otros tantos desaciertos políticos repletos de oportunismo y mala intención. Los miles de rosarinos que afortunadamente se suman cada vez en mayor número a la marcha del 24 de marzo, saben a qué punto específicamente se dirigirán: Adonde está la memoria, adonde están los familiares, los amigos, los militantes cercanos a aquellos que estuvieron a la cabeza de aquel proceso histórico que ofreció su vida para hacer un país más digno.
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