A veces la torpeza reglamentarista no tiene límites. Se presenta sin avisar en las mentes de algunos funcionarios que piensan que, de esta manera, están haciendo su gran aporte a la sociedad. Y la Municipalidad de Rosario ya ha abundado –lamentablemente- en estas destrezas de anteponer los reglamentos (no hablamos de la ley, ninguna ordenanza lo es), a complejas realidades que siempre terminan más complicadas que antes de la intervención de estos reglamentaristas.

Cuando la aplicación a rajatabla de determinadas normas de convivencia ciudadanas se trata de hacer desde el escritorio, operando directamente sobre determinadas realidades sin evaluarlas correctamente, generalmente las consecuencias son desastrosas.

El jefe de inspectores de la Municipalidad, Claudio Canalis, encaró en los últimos días un "reordenamiento" riguroso de habilitaciones y permisos para vendedores ambulantes. Y en las dos intervenciones que hizo generó un caos mayor al "reordenamiento" buscado. Primero, en calle San Luis intentó remover a un vendedor ambulante de ropa que estaba en una esquina desde hace muchos años y que no generaba problema alguno para los comerciantes del mismo rubro de esa tradicional calle rosarina. El funcionario lo movió apenas unos metros, ¿a dónde?, justo enfrente de la vidriera de un comercio porque así lo indicaba el reglamento. Consecuencia: El vendedor ambulante enojado con la decisión y ahora –también- el dueño del local que veía su vidriera tapada con la genial decisión.

La segunda intervención junto a la Guardia Urbana Municipal (GUM) y la policía, fue en San Martín y Rioja, con consecuencias aún más desastrosas. De ahí removieron a la fuerza, con represión y escenas de racismo explícito; a tres vendedores africanos de bijouteri. El resto de los vendedores, personal del banco que está en esa esquina y hasta transeúntes que pasaban por el lugar se solidarizaron con los inmigrantes que opusieron una seria resistencia a la decisión municipal. El tema terminó en escándalo, con un detenido golpeado y con la intervención de la secretaría de Estado de Derechos Humanos de la provincia. Hasta el gobernador Jorge Obeid recibirá hoy a las 11 a las víctimas de semejante atropello que, también involucra a la provincia ya que intervino golpeando con ganas personal de la policía santafesina.

Es evidente que el funcionario municipal responsable del operativo no midió las consecuencias y persistió en su reglamentarismo de oficina generando una situación que ahora puede complicar la vida de estos inmigrantes muchos más allá del impedimento de vender cadenitas en la peatonal. Ninguno tenía permiso de estadía en el país y un sumario policial les puede complicar esos trámites y hasta su permanencia en Argentina desde el punto de vista de las autoridades de la Dirección Nacional de Migraciones.

Pero no es la primera vez que la aplicación de una norma de jerarquía menor como lo es una ordenanza, termina implicando directamente a diversos artículos del Código Penal. Pasó con los controles de alcoholemia donde los inspectores de Tránsito cumpliendo órdenes de Hebe Marcogliese, persiguieron a altas velocidades a un grupo de estudiantes a bordo de una camioneta que eludió el control. En lugar de tomar nota de la chapa del vehículo para después sí aplicar las más duras penalidades, iniciaron un peligrosísimo raid al que después se sumó la policía a los tiros; poniendo en peligro la vida de los ocupantes de la camioneta y la de muchos otros automovilistas que se encontraban en las arterias por las que pasaba la alocada persecución. Esa vez, no murió nadie de milagro.

Ya hemos visto la suerte de muchos de estos voluntaristas del reglamento que supeditan cuestiones intrascendentes a graves consecuencias derivadas de estas actitudes. Pero todos tienen jefes políticos y son éstos -en última instancia- los responsables de estas gestiones de calle que terminan aportando muy poco a la convivencia ciudadana que se proponen.

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