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No suele pasarle, pero esta semana le pasó. El gobernador Antonio Bonfatti, enojado, se quejó porque no vio a nadie hacer una asamblea por "los aumentos de combustibles, o por la inflación". De esa manera desacreditó un mecanismo legal y legítimo como lo son las audiencias públicas establecidas como paso previo para una modificación de tarifas en el servicio de agua. En la audiencia de Rosario, la única voz a favor del incremento del 42 por ciento que solicita la empresa Assa (que es del Estado) al gobierno; fue la del titular de la firma, Sebastián Bonnet. Todas las demás ongs, entidades de defensa de usuarios y consumidores, vecinos, etc. todos se manifestaron en contra del tarifazo que el gobierno planea aplicar en dos meses de acá a fin de año, sorteando así la mala nueva para el año electoral de 2015. Un incremento que se suma a otros anteriores y acumula la friolera de 400 por ciento para un servicio que aún tiene muchos déficits.

La cosa es así. Las obras de infraestructura para los servicios sanitarios las financia el gobierno santafesino con fondos propios, mientras que la empresa debe financiar su funcionamiento operativo con lo que recauda. En esta última ecuación está el déficit: la empresa no puede cubrir los gastos de funcionamiento cotidiano con el proveído por el cobro de la tarifa. Es cierto, pero esto no quiere decir que se pueda trasladar de un plumazo un incremento como el que pretende el gobierno. Y es lógico que se encuentre una resistencia tal de parte de los usuarios que ya han escuchado demasiadas promesas de obras para que se operen aumentos anteriores y que finalmente no se han concretado.

Pero el tema aquí son los instrumentos participativos. Las formas de democracia semidirecta son así: no siempre salen como una de las partes lo piensa. También es así la democracia directa, es decir el voto. Pero encima estas audiencias públicas obligatorias no son vinculantes, es decir que pueden o no afectar el resultado final de la decisión. Sí marcan un camino a seguir. El gobierno va a terminar aumentando la tarifa del agua, que nadie se entusiasme con otro resultado. El gobierno puede desoír lo que en esas audiencias se delibera, pero lo único que no puede hacer es desacreditarlas. Si no, convalida un perverso mecanismo de la política, que es hacer la mímica de los consensos: te invito a participar, te escucho y luego hago lo que quiero. En este caso es peor, porque te invitan a participar, te escuchan, hacen lo que quieren, pero encima se burlan de la invitación. Es demasiado. Entonces, se es democráticamente moderno y participativo en serio; o no se es y se asume que la gente ha otorgado todo el poder mediante el voto y que lo único que rige es aquello de que el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes. Que es absolutamente democrático, pero limitado para las actuales formas de participación política de la sociedad.

Sos boleta

Casi en el mismo rango se inscriben los intentos de la política por meterle cambios al sistema electoral santafesino, pionero y mucho más avanzando en cuanto a participación del electorado que en cualquier otro lugar del país. Tan moderno, tan avanzado es que los muchachos creen que se les fue la mano con esto de darle más y más poder a los votantes.

Y hay que pensar en todos, en los muchachos socialistas, en los radicales y, por supuesto, en los muchachos peronistas también. Todas estas fuerzas políticas en la provincia tienen partidarios a favor de meter mano en la Boleta Unica. El peronismo hizo un vergonzoso intento el año pasado con un proyecto con el que casi se reimponía la fraudulenta Ley de Lemas. Más refinadas fueron las maniobras recientes que se filtraron de una reunión "supersecreta" entre socialistas y radicales. El socialismo mantiene aún algún resquicio de conducción tipo buró y por eso cree en ese infantilismo del secreto político. Pero los radicales, como los peronistas, como todo partido de masas, han limado con los años casi todas sus rigideces. Ergo, si te reunís con un radical o un peronista, tenés que saber que es muy probable que se conozca el resultado de ese encuentro. No hay sagacidad periodística, lo que hay son intereses diversos donde el periodismo bucea y encuentra.

Por supuesto que los sistemas electorales no son ni eternos ni perfectos. Pero esas imperfecciones hay que tener la delicadeza de encontrarlas fuera de una coyuntura electoral. Empezar a operar ahora de cara al año que viene, parece un tanto grosero. No imposible.

Los políticos de todos los partidos cuentan sin embargo con una ventaja: ningún ciudadano que no sea dirigente político o periodista político se va a sumergir en los densos pliegues de la letra chica y los tecnicismos de la norma electoral vigente y las modificaciones propuestas. Pero sí sabrá que en los trazos gruesos se encuentra el interés. Por ejemplo, una de las propuestas es pegar la boleta de gobernador y vice a la lista de diputados provinciales. Es que no hay muchos que quieran que se vuelva a repetir el fenómeno María Eugenia Bielsa, inédito en la provincia en las elecciones de 2011 cuando sacó más votos que la lista que llevaba Antonio Bonfatti para la Cámara baja provincial.

Otra, financiamiento de los partidos políticos. Si se le dan posibilidades a cualquiera para la difusión de sus ideas por los medios, los aparatos partidarios y gubernamentales pierden peso específico a la hora de posicionar a sus propios postulantes ante el electorado. Para citar los más evidentes intereses.

Quizás la más discreta y justificable sea la del piso electoral para las primarias abiertas en Santa Fe. Ahora ese porcentaje sólo rige para las generales pero cualquiera puede pasar a la segunda vuelta electoral. Es casi lógico que si un candidato no junta un determinado piso de votos se vea impedido de participar en una instancia inmediata para designar los cargos. Es casi comparable a lo que pasa con los equipos de fútbol y los torneos.

Ningún sistema electoral es rígido y ninguna instancia de participación democrática es para siempre. Pero es casi un contrato no escrito con la sociedad que hay facilitar la amplia participación de los ciudadanos en cada una de las instancias importantes, con los mecanismos que mejor tiendan a otorgar esa garantía.

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