El último tramo de la gestión de Antonio Bonfatti pone de relieve que en estos cuatro años no se ha podido revertir el principal problema de esta administración: No ya la inseguridad, que es un flagelo que se puede identificar en todo el país, sino la intensa participación policial en cada uno de los hechos más resonantes vinculados al delito y los homicidios en esta provincia. Así se pueden recorrer hechos como la desaparición de Paula Perassi que terminó con cinco policías procesados. La muerte de Franco Casco, encontrado muerto en el río Paraná después de haber pasado por la seccional séptima de policía; hasta llegar a Gerardo Escobar, también hallado muerto en el Paraná caso por el que hay policías -uno con carpeta psiquiátrica- detenidos. Además, el asesinato del arquitecto Sandro Procopio a plena luz del día y a cien metros de la seccional 13. Recientemente, la entradera violenta en la casa del ex ministro de Justicia Héctor Superti.

El gobierno provincial prefiere entrever que la reforma que impulsó es la que genera resistencia en ciertos sectores policiales y que por eso debe seguir adelante con estas transformaciones. Pero a decir verdad, esos cambios que se consideran profundos han sido una sucesión de pruebas, de ensayo y error, que condujo a una serie interminable y errática de políticas públicas desacertadas frente a la relación creciente de la policía con el delito.

Ya se ha aceptado que no es un tema sencillo. Que no hay soluciones mágicas y que la violencia está instalada en la sociedad argentina desde hace años. Pero lo que no se acepta es que el desgobierno sobre la fuerza policial provincial ha debilitado al Estado frente al delito de manera creciente y peligrosa. Si bien no hay posibilidades de establecer planes o algún complot de un sector de los uniformados contra el gobierno, la propia dinámica de las economías delictuales vinculadas a la connivencia con los múltiples hechos delictivos habla de un desconcierto de la administración pública frente al flagelo.

A esta altura hay que señalar que la reforma policial ha fracasado en gran medida. Primero porque no es sencillo describirla en sus aspectos instrumentales sobresalientes. Y segundo porque el gobernador electo Miguel Lifschitz ya piensa en volver sobre los pasos de los cambios impulsados. Probablemente, a conformarse con una vieja policía de complicidad estándar con el delito pero con una conducción visible y estable con la que negociar los asuntos más delicados. La dispersión actual de las jefaturas policiales y la multiplicidad de secretarías civiles creadas al respecto no dieron el resultado que se esperaba. Las cabezas de la fuerza elegidas para los distintos cargos se muestran acatando las directivas de gobierno, pero con escaso predicamento real sobre la tropa de calle.

A pesar de las reformas policiales y judiciales, los uniformados son en muchos casos los que siguen manejando aspectos sensibles de las principales investigaciones criminales. Una fuente confiable asegura que en el caso de la muerte de Escobar, las imágenes de las cámaras de seguridad que se entregaron a la fiscalía fueron editadas por la policía. Allí figurarían escasos cuatro segundos de una golpiza contra el empleado municipal que terminó muerto en el río. Por pereza, falta de personal o de recursos, la justicia sigue dejando en manos policiales aspectos delicados de indicios que conducen a involucrar a policías en actos criminales.

Si algo faltaba para mostrar a un equipo de gobierno en retirada y lejos de la concentración que exigen los problemas por resolver, el ministro de Justicia Juan Lewis hizo que el gobernador tuviera que admitir públicamente que había sido un error conmutar la pena de cadena perpetua a uno de los asesinos del doble crimen de San José del Rincón, allá por el 2007. Unos días después, el escándalo fue mayor cuando se conoció que la misma pena ya se había conmutado para otro de los asesinos de ese mismo hecho y que era imposible deshacer la decisión. Los aliados radicales del Frente Progresista se le fueron encima a Lewis y creen que la única solución posible es su renuncia. Bonfatti aún no se la ha pedido.

El gobernador y su vice Jorge Henn han manifestado en muchas oportunidades que el tema de la inseguridad y en particular los homicidios ocurridos en todo el territorio provincial han sido el desvelo de ellos como funcionarios. Nadie pone en duda esta afirmación, pero los resultados son indicadores claros de que la realidad está muy lejos de haber sido modificada.

La gestión relanzada

El "nuevo" gobierno de la intendenta Mónica Fein se demora. Los anunciados cambios que la severa advertencia electoral de las primarias provinciales de abril obligó a prometer, empezaron a diluirse después del ajustado triunfo de junio. Pero ganar no alcanzó para ocultar que la debilidad política del gobierno local sigue allí. Visible para los miles de vecinos que manifestaron su disconformidad con la gestión.

Es claro que no son suficientes las muestras de buena voluntad para con Pablo Javkin y María Eugenia Schmuck para determinar que hay en el horizonte una nueva forma de gestionar en la ciudad. La incorporación de ambos se demora interminablemente por los celos de las partes en diseñar el futuro.

Javkin sabe lo que pierde al abandonar su banca de diputado nacional para bajar al "fango" de la gestión municipal cotidiana. Pero está dispuesto porque quiere ser en un futuro el intendente de esta ciudad.

Fein está dispuesta a compartir el poder con el joven diputado, pero hay un núcleo de su equipo que advierte la posibilidad de que Javkin se transforme en una figura central que llegue a opacar hasta la propia intendenta.

Fein espera. Espera porque no es del todo autónoma para tomar las decisiones de fondo. También debe aguardar a ver qué es lo que dispone el gobernador electo Lifschitz que es además su mentor y jefe político. Lifschitz también puso sus ojos en Javkin pero éste no estaría dispuesto a asumir un cargo provincial.

Con todo, lo que es relevante es que se nota un agotamiento y una falta de iniciativa palpable en el equipo de gobierno municipal. Un grupo que necesita imperiosamente renovarse, para diseñar nuevos objetivos y ponerse adelante de los temas. Así como está, seguirá depositando la agenda política de la ciudad en lo que hagan o dejen de hacer los concejales. Los ediles son lo que siguen ganando las tapas de los diarios, los espacios en los medios. En síntesis, los que más notoriamente tienen la iniciativa.

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