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Por primera vez en la historia, desde ayer, la Argentina vive una experiencia nada recomendable. El presidente en funciones y su predecesora están imputados ante la justicia por diferentes razones. Si bien las causas que lo involucran tienen diferentes características, y para ambos -lo mismo que para cualquier ciudadano- rige la presunción de inocencia, el estado de sospecha -que va más allá del rumor o las opiniones- es un factor común paradójicamente para ambos, pero que no cederá aún avanzado el trámite judicial e independientemente de la resolución favorable para ambos o alguno de ellos dos.

En este contexto se desarrolla la vida en un país, y particularmente en una provincia, Santa Fe y su ciudad más importante, Rosario. Aquí empiezan a verse los estragos de un ajuste impiadoso y la creciente preocupación por conservar las fuentes de trabajo. Aún y a pesar del triste récord de homicidios y las desavenencias entre los poderes que deben combatir al delito ya hay sondeos que muestran en el mismo nivel de angustia la preocupación por la "pérdida del empleo" con la "inseguridad".

Desde hace una semana, cuando se conocieron los documentos de "Panamá papers", y desde mucho antes con el continuado de Lázaro Báez y Ricardo Jaime, que la sociedad observa un lamentable escenario en el que la "legalidad" y la imputabilidad o no de las causas aludidas, avanza sobre la conciencia colectiva a caballo de un potente despliegue mediático. Con diferentes enfoques, con mayor indulgencia para uno que para otra, la legalidad se lleva la parte del león. Y si bien es absolutamente relevante, no lo es menos el cariz ético y moral de lo denunciado.

En el caso de la ex-presidenta, a mitad de semana se sabrá o no si pesa sobre ella la "semi plena prueba de la comisión de un delito", es técnicamente un auto de procesamiento. Lo decidirá el Juez Claudio Bonadío por una causa diferente a la que sacudió a la opinión pública ayer cuando después de declarar el arrepentido Leonardo Fariña, apuntó a CFK, Julio De Vido y otra docena de personas por la venta de dólares a futuro. Este tema, más allá del despliegue de los grandes medios, no desvela a la ex-mandataria.

En el caso del presidente Mauricio Macri -que había pretendido cerrar el episodio con un "está todo perfecto" por televisión en Córdoba la semana pasada-, también deberá afrontar una causa abierta por el fiscal Federico Delgado, en el mismo juzgado del doctor Sebastián Casanello -el que lo desprocesó por las escuchas ilegales un rato antes de que asumiera-. Allí, a decir del fiscal deberá determinarse si "hubo omisión maliciosa o se le escapó la tortuga".

En el mejor de los casos, para MM, la simpática figura de la escapatoria del reptil más peresozo de la creación, no despeja las dudas acerca de la conducta de un empresario -que formó la primera off shore (Kagemusha SA.) a los 22 y el político que 30 años después, siendo diputado nacional y jefe de Gobierno de CABA conformó la segunda.

En la variopinta lista de docentes de derecho que nutrieron los medios de comunicación en esta semana no hubo ni uno solo que no dijera que "una sociedad off shore se conforma para eludir impuestos o lavar dinero". Es suficiente con eso. O debería serlo.

Como en la fábula del "escorpión y la rana" está en la naturaleza de MM y de su staff -léase gabinete-. Basta analizar la "trasabilidad" de algunos de ellos o profundizar en su pensamiento para despejar cualquier tipo de dudas.

En este contexto, es que el gobernador Miguel Lifschitz deberá tratar de no sumar más padecimientos a los santafesinos con el masazo de la tarifa de la energía eléctrica, conseguir mayor presencia de fuerzas federales para combatir al crimen organizado, exigir el pago del juicio megamillonario por retención de fondos con fallo favorable de la Corte, y obtener obras públicas para Santa Fe. Además de gestionar puertas adentro para garantizar la continuidad de las fuentes de trabajo que corren peligro entre otras cosas por los tarifazos y la apertura indiscriminada de la importación. Otro tanto le cabe a la intendenta Mónica Fein, con el aumento del transporte que no puede elevarse a los valores del estudio de costos, la resolución del conflicto en torno al tambo de Giros, que debe ir más allá del repudio a la irrupción al estilo de los "grupos de tareas" que golpearon y amenazaron a un joven militante que cuidaba el lugar, o la mejora en los servicios esenciales. Ninguno de ellos, como tampoco otro dirigente de la provincia, tienen que dedicarle tiempo a una estrategia judicial para demostrar su inocencia, ni siquiera los condiciona un dilema ético. Sólo es política, y haber leído alguna vez a Esopo.