Desde el año 2007, la Dirección Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Santa Fe, cuenta con el programa de Acompañantes Personalizados. Son trabajadores que pasan sus horas junto a niños, niñas y jóvenes que atraviesan distintos conflictos a raíz de la vulneración de sus derechos. En teoría, esta figura fue creada para posibilitar el desarrollo integral y el cumplimiento efectivo de los derechos de los menores de edad. Pero hoy por hoy la realidad dista mucho de la teoría. Un grupo de acompañantes conformados en asamblea denuncian la situación de precarización laboral que continúan atravesando a pesar de distintos reclamos elevados al Ministerio. En Rosario y la región, el programa cuenta con aproximadamente 200 acompañantes. Hoy en día están todos en negro, cobran 50 pesos la hora, pagan sus propios viáticos y los de los chicos que acompañan. Además se enfrentan día a día con la dura realidad de estos pibes y sus familias, en su mayoría de los sectores populares de la ciudad, sintiendo que son pocos los recursos disponibles para revertir una situación de emergencia que ya resulta ineludible.

"Precarizando a los trabajadores se continúa vulnerando los derechos de los pibes", dicen desde la Asamblea Independiente de Acompañantes Personalizados. Este grupo se conformó a partir de distintas experiencias compartidas, a través de las cuales quedó expuesta la realidad de los trabajadores: los precarizados son todos y las consecuencias negativas corren para todos por igual, pero sobre todo para los pibes y las pibas que acompañan. En la práctica se materializa esta situación cuando los conflictos que atraviesan los niños, las niñas, los jóvenes y sus familias superan ampliamente los recursos con los que disponen los acompañantes para poder sobrellevarlos.

La figura del Acompañante Personalizado fue creada para poner en marcha las distintas estrategias de trabajo que organizan los equipos interdisciplinarios de la Dirección Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia ante medidas excepcionales y de promoción integral de derechos. Así trabajan en el barrio, pero también en el domicilio, en hospitales y en instituciones, generalmente privadas, en convenio con el Estado provincial. Sobre este último aspecto, los trabajadores sostienen que muchas veces en estas instituciones se trabaja con menores de edad "desde una perspectiva represiva", es decir que se aplican sobre ellos prácticas que no se ajustan a la promoción de derechos que pregona la actual ley provincial 12.967 de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

La situación que atraviesa a los Acompañantes Personalizados hace base en una irregularidad particular: su trabajo no está contemplado en la ley 12.967. "Nuestra figura no está bien regulada. Sufrimos la falta de reconocimiento, estamos invisibilizados, sin contrato, sin cobertura médica, sin seguro", indicaron a Rosario/12 los trabajadores en asamblea. "Solventamos los gastos de los acompañamientos. Para cualquier necesidad que le surja al chico no contamos con dinero, tenemos que poner de nuestro bolsillo", agregaron. Incluso denuncian que estas irregularidades impactan también a la hora de cobrar por el trabajo realizado. En esta línea, indicaron que el Ministerio de Desarrollo Social les propuso un aumento del 15 por ciento, mientras que con los trabajadores formales del Estado se llegó a un acuerdo por sobre el 30 por ciento en paritaria.

Asimismo, los trabajadores manifiestan su preocupación a partir de cómo repercute esta situación en su trabajo cotidiano con los chicos. Los resultados de la precarización no solo se reflejan en las condiciones laborales, sino que además impactan de lleno en las estrategias de trabajo con los niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad de derechos. "La figura del acompañante es una forma camuflada de poder sostener las patas rotas de las instituciones provinciales, la falta de espacios, de dispositivos que puedan contener los distintos conflictos", explican los trabajadores. Esto se refleja en varias situaciones: el ejemplo que citan habla de pibes que tienen que dejar su casa e incluso su barrio, y como no hay instituciones donde contenerlos son llevados a pensiones privadas. Es ahí donde el acompañante tiene que estar, atravesando junto con el chico la incertidumbre de estar a la deriva. "Pasamos a ser cómplices del Estado en esto de vulnerar los derechos de los niños y jóvenes", indican.

La preocupación de los acompañantes pasa también por el trabajo que se realiza desde las instituciones privadas en convenio con el Estado provincial para abordar las distintas problemáticas. En octubre de 2015 Rosario/12 publicó el caso puntual de una chica de 15 años que a raíz de un estado de crisis fue derivada a una clínica psiquiátrica privada a la cual los acompañantes denunciaron por sobremedicar a la niña y no ofrecerle un tratamiento con perspectiva de recuperación.

El reclamo deja ver una situación que se empareja con el contexto en el que se vive en los territorios periféricos, zonas en las que mayormente realizan su trabajo. Trabajadores precarizados en barrios precarizados. "Laburamos en barrios sin agua potable, con pibes y familias vulneradas en todos sus derechos básicos, sin hogar digno, sin educación, sin salud, sin la posibilidad de realizar actividades", sostienen los trabajadores. Así, dicen, se termina debilitando la relación entre los chicos y el Estado. "No hay recursos para sostener un plan de trabajo en el tiempo, y entonces la intervención del Estado no surte efecto en los pibes", agregan.

"Se escucha poco a los acompañantes, y somos los que estamos en el día a día con los pibes", concluyen. Por estos días, la Asamblea Independiente de Acompañantes Personalizados elevará sus demandas al Estado provincial a través de un documento que cuenta con el apoyo de organizaciones sociales, referentes políticos, sindicatos y ciudadanos comunes. Entre sus principales reclamos, exigen que se los reconozca como trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social, que se regularice la fecha de pago entre el 1 y el 10 de cada mes, que se les pague lo correspondiente en fines de semana, feriados y turnos nocturnos, entre otros aspectos estrictamente laborales. También manifiestan: "Repudio ante cada acto de vulneración de derechos a los niños, niñas y adolescentes que acompañamos, como así también a las decisiones políticas actuales en relación a los lugares de alojamiento". Además, consideran la urgencia de crear "nuevos espacios con el fin de evitar el alojamiento en clínicas privadas, pensiones y hostels". Mañana, lunes 11, se movilizarán a las diez de la mañana hasta la puerta de la Dirección Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia, ubicada en cortada Ricardone 1345.