La prórroga del contrato de concesión a las dos empresas que recolectan los residuos de la ciudad disparó una fuerte polémica entre la oposición y el socialismo, con ramificaciones hacia otras decisiones del Ejecutivo. El concejal Jorge Boasso anunció ayer que reclamará una investigación de oficio del Tribunal de Cuentas para determinar si hubo alguna irregularidad en la extensión del vínculo contractual por siete meses mediante un desembolso de 40 millones de pesos. El edil denunció la existencia de "relaciones carnales" entre los concesionarios de la basura -Pescarmona y Benito Roggio- y la intendencia ya que las firmas son a la vez accionistas de la empresa Mixta del transporte. "Esto marca una absoluta incompatibilidad de intereses", aseveró Boasso para después extender esa sospecha a otros empresarios. El secretario de Gobierno, Horacio Ghirardi rechazó las acusaciones afirmando que la participación de esas firmas en la Mixta "fue pública desde su lanzamiento". El funcionario defendió la prórroga para garantizar la recolección de los residuos mientras se llama a una nueva licitación.

El jueves pasado, el Concejo aprobó, con el voto del mayoritario bloque oficialista y del arista Carlos Comi una prórroga por 210 días de la concesión de residuos. El contrato original duraba seis años con opción a una extensión por 12 meses, que el municipio utilizó. El plazo definitivo venció el 31 de enero pasado.

Desde la oposición, las distintas bancadas cuestionaron la legalidad de la medida. "Es una contratación directa, a contramano de lo que establece la Ley Orgánica de Municipalidades" argumentó el concejal Fernando Rosúa (Encuentro por Rosario) para quien "si el oficialismo pretendía aprobar una nueva prórroga debía hacerlo con el voto de dos tercios del Concejo, algo que no ocurrió".

El subsecretario de Servicios Públicos, Miguel Siryi argumentó que la intendencia había solicitado una nueva postergación de los plazos "para poder enviar al Concejo los pliegos del nuevo llamado a licitación con las sugerencias que hicieron los vecinos en la reciente audiencia pública" realizada semanas atrás en el auditorio del Banco Municipal.

En ese sentido, Boasso recordó que en mayo del año pasado el cuerpo había aprobado un proyecto suyo tendiente a que el Ejecutivo

remitiera al Palacio Vasallo el nuevo pliego de la concesión 180 días antes del vencimiento del contrato, producido el 31 de enero.

El edil radical denunció que este beneficio de cerca de 40 millones para las dos empresas concesionarias, es consecuencia de las "relaciones carnales que la Intendencia mantiene con los concesionarios Benito Roggio y el grupo Pescarmona que por invitación directa del intendente" participan como socios y directores en la Empresa Mixta del transporte. Es decir una incompatibilidad absoluta de intereses permitida, promovida y aceptada por el intendente" Miguel Lifschitz.

"Es decir -continuó Boasso- concesionarios de residuos que deben ser fiscalizados, controlados y penalizados por incumplimientos contractuales, son "invitados" como socios del municipio" en la Mixta. Al respecto, en declaraciones a LT8, Horacio Ghirardi remarcó que la composición de la empresa de transporte "siempre fue pública, desde su lanzamiento no se ocultó absolutamente nada, difícilmente alguien pueda ahora denunciar que no fue todo transparente".

Boasso fue más allá y cuestionó otras "invitaciones a otros concesionarios para integrar la Mixta, algunos de ellos con concesiones sospechosas, con graves irregularidades denunciadas como la de una conocida parrilla, gimnasio, salón de fiesta, bar y estacionamiento".

De allí que el concejal adelantó a Rosario/12 que reclamará "una intervención de oficio del Tribunal de Cuentas para que se haga un control de legalidad y se investigue si no hay incompatibilidades". En algún momento Boasso analizó la posibilidad de crear una comisión investigadora pero declinó esa opción porque el socialismo -con 12 votos sobre 22- no iba a acceder a su eventual planteo.

El secretario de Gobierno destacó además que de no haberse aprobado la ahora cuestionada prórroga, la ciudad se habría quedado sin la imprescindible recolección de residuos.