El vicepresidente del Concejo Municipal, Osvaldo Miatello, sostuvo ayer que "para el intendente Miguel Lifschitz, evidentemente, la educación vial no tiene valor social ni político, porque de otro modo cumpliría con lo que manda la ordenanza 7357, la cual dispone que el Ejecutivo destine un 20 por ciento del total de lo recaudado en concepto de multas por exceso de velocidad a una campaña de educación vial". El concejal del Frente para la Victoria confirmó que analiza apelar a la vía judicial: "Yo no soy de los que piensan en judicializar la política pero no puede sostener el no cumplimiento abierto de una ordenanza. Por ello por estas horas estoy evaluando la posibilidad de denunciar al intendente, porque hay que encontrar la forma de que el intendente respete el Concejo y las ordenanzas vigentes".

El edil del Frente para la Victoria señaló: "Por toda respuesta, me llegó un informe, firmado por el subdirector General de la Dirección General del Tránsito. Esa nota me fue remitida por el intendente, quien la firma junto a su secretario de Gobierno, Horacio Ghirardi, en un claro aval de lo enunciado por el funcionario del área".

En términos administrativos, la respuesta se corporizó mediante un expediente. Allí, el subdirector General de la Dirección General del Tránsito alega que para realizar campañas de educación vial nunca se contó con "montos presupuestarios asignados, ni con recursos derivados de la aplicación de sanciones, siendo que la implementación y ejecución de las mismas debió realizarse con recursos ordinarios de la dependencia, y con la colaboración económica de empresas".

El concejal Miatello recordó que "por las multas por exceso de velocidad se recaudan por año unos dos millones y medio de pesos, de modo que si se cumpliera la ordenanza, podría contarse con unos 500 mil pesos para llevar adelante campañas de prevención en educación vial".