Las casi veinte familias que ocupan desde hace dos años un terreno ubicado en Ituzaingo 60 bis, según ellos "con conocimiento del municipio", manifestaron su desesperación ante el inminente desalojo, anunciado para el 26 de abril. Se trata de unas 80 personas, entre ellas mujeres embarazadas, niños y discapacitados, que desde que recibieron la primera orden de retiro por parte del "supuesto dueño del terreno", en noviembre pasado, no dejaron de trabajar para quedarse en el lugar, que estaba abandonado "desde hacía 35 años", y que ellos -según relataron- limpiaron para construir sus humildes, pero dignas, viviendas de material "con esfuerzo y sacrificio". "Los vecinos del barrio lindero no tienen ningún problema con nosotros; al contrario, nos apoyan porque esto era un basural, y ahora es un lugar digno", dijo Flor Sandoval, una de las afectadas.

En agosto de 2007, según explicó la mujer, algunos vecinos se enteraron de que en la zona había un terreno abandonado hacía 35 años. "En aquel momento, empezamos a armar viviendas precarias y a limpiar y acondicionar el lugar para el bienestar de nuestros hijos. Luego, con el consentimiento del municipio, nos instalamos allí. Sólo pusieron la condición de que las casas fueran edificadas con material. Y así lo hicimos", explicó.

Por su parte, la abogada que los representa, María del Carmen Martínez, quien forma parte del equipo de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), indicó: "A nosotros nos llegó el caso cuando ya estaba la sentencia dictada y la orden de desalojo. Entonces, solicitamos un recurso de apelación, fundamentado, porque los plazos estaban vencidos, pero no nos fue concedido. Fue rechazado por el juez en diciembre de 2008. No hubo acuerdo porque la parte actora, que son los hijos de Miguel Naidich S.A.C.I, tiene una actitud que no les permite escuchar y dialogar. Así, el 30 de diciembre, presentamos ante la Cámara de circuito, un recurso 'directo', que también fue rechazado a fines de febrero".

Actualmente, según indicó la letrada, "se volvió a pedir una audiencia, pero la parte actora continúa en la misma posición. De todos modos -continuó-, se llegó al acuerdo de que los ocupantes se retiren el 26 de abril, a partir de un encuentro con la directora de Gestión Territorial del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, Cecilia González, y con la asesora del distrito centro de la municipalidad, Cristina Salerno, quienes continúan ocupándose del asunto". Este diario intentó comunicarse con las funcionarias y con la secretaria de Vivienda de la provincia, Alicia Pino, pero no hubo posibilidades de contactarlas para que brindaran datos precisos de los avances del caso.

Según explicó Martínez, "el lunes pasado se realizó un relevamiento para tomar conocimiento de las necesidades de los ocupantes"; y agregó: "Ahora sé que gente de provincia y municipio están trabajando en conjunto para encontrar una solución. Pero, por el lado de la parte autora no hay ningún tipo de posibilidad de diálogo".

Ante la difícil situación en la que se encuentran las familias, Martínez dijo: "Es muy complejo encontrar un lugar en el que puedan estar. Pero, nos estamos ocupando de presentar notas pidiendo una solución".

Por otra parte, el martes 7, los ocupantes realizarán, junto a otras organizaciones sociales y sindicales, una manifestación para reclamar solución al problema. "Necesitamos que las autoridades nos escuchen y dejen de prometernos mentiras", afirmó Sandoval.

Informe: Lorena Panzerini